La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.

El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.

Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.

Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.

El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.

Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como esta semana se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.