El Frente de Todos (FdT) logró imponer un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto sancionado por el Senado que propone crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, el cual se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional.

La decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara baja -que conducen los oficialistas Cecilia Moreau y Carlos Heller, respectivamente- en la cual el despacho de mayoría promovido por el oficialismo reunió entre las dos comisiones 41, firmas de las cuales 40 fueron aportadas por el FdT y una por el Frente de la Concordia.

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) presentó un dictamen de minoría con 36 firmas en rechazo del proyecto y la legisladora de Identidad Bonaerense Graciela Camaño (Interbloque Federal) pidió plazo hasta el jueves para elevar su propio despacho, también opuesto a la iniciativa aprobada por el Senado.

Si bien el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría aun tiene que encarar tratativas para conseguir el respaldo de 129 legisladores para conformar el quórum y poder votar el proyecto en el recinto de sesiones de la Cámara baja, ya que tiene 117 votos y hasta ahora solo posee el respaldo de otros cinco legisladores de Provincias Unidas.

Al abrir el debate, Heller dijo que «sería un gran paso para recuperar los fondos fugados de evasión impositiva con cambios de residencia o destinarlos a políticas de crecimiento».

«La creación del Fondo Nacional pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el FMI», agregó.

Al defender el proyecto, dijo que lo más importante de esta propuesta es que «se grava a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas del país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior»

En ese contexto, dijo que por eso «estamos propiciando la media sanción del proyecto votado en el Senado porque entendemos de que concretarse abriremos la posibilidad para recuperar buena parte de la plata ganada en la Argentina que no ha tributado sus impuestos y que se ha fugado y hoy está castigando a mucha de los argentinos que pasan privaciones como parte de esas políticas».

«Gran estafa en la Argentina»

El gremialista bancario Sergio Palazzo aseguró a su turno que el préstamo otorgado al Gobierno de Mauricio Macri «fue una gran estafa en la Argentina» y por eso «quiero apoyar firmemente este proyecto porque pone en clave de justicia el interrogante mas grande que tiene que es quienes tienen que pagar la deuda y para nosotros la tienen que pagar los evasores».

«No se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores y a los sectores productivos sino a los evasores», agregó y destacó que «no me quedo con el discurso que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde porque nos prestó la plata; en todo caso los argentinos nos enamoramos de Yrigoyen, Belgrano, Moreno, Alfonsín, Illia, Perón, Evita, Kirchner y Cristina».

Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz pidió que se gire en la comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias porque se está tratando que «no hay cumplimiento de normas tributarias» y señaló que «el endeudamiento con el FMI no aumentó el stock de deuda con la República Argentina, sino que solo cambió los acreedores. Se utilizó la deuda con el Fondo para pagar la deuda con acreedores privados».

En la misma línea, el legislador de JxC Alejandro Cacace sostuvo que con la actual ley los evasores pagan multas más altas. Ejemplificó que si una persona «evade $1.000.000, la AFIP tiene actualmente la facultad para penalizarlo y recaudar $1.700.00; en cambio esta ley dice que lo puede arreglar con $200.000. Es una súper promo para los evasores y con el Ahora 12. En consecuencia no coincidimos».

Por su parte, Camaño señaló que «en mi análisis estamos frente a un tributo y al ser una norma impositiva como marca el artículo 52 de la Constitución Nacional debió haber ingresado por la Cámara de Diputados con lo cual estamos dejando abierta la puerta para que se declare inconstitucional».

Además sostuvo que este proyecto «no especifica sobre la cancelación de qué deuda estamos hablando: si de la actual, la renegociada o la que se contraiga en un futuro».

El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.

De acuerdo a esta iniciativa las personas que declaren sus bienes en el exterior en los primeros meses deberán pagar el 20% sobre la totalidad de los bienes enumerados en esta ley.

Añade que se contempla una serie de beneficios para los sujetos obligados al pago que declaren y paguen en forma espontánea, voluntaria y sin la intervención de AFIP, y dentro de los seis meses desde la entrada en vigencia de la ley, siempre que se allanen en forma incondicional y/o desistan de cualquier reclamo administrativo y/o judicial.

Se aclara además que los beneficios mencionados no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes por lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de personas u otros que puedan corresponder.

Para el caso en que la persona efectúe la declaración y el pago con posterioridad a los 6 meses desde la entrada en vigencia de esta ley, el pago se elevará al 35%.

Si la persona, una vez iniciada la fiscalización por parte de la AFIP, se allana a la propuesta o pretensión fiscal antes de los 15 días de notificada la vista previa, el pago se elevará al 50%.

También dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.

El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

A través del proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas.