«Buen día, buen día. ¡Arriba! ¡Tengo una noticia que es una bomba!». Así comienza el audio que circuló en forma masiva en las redes y que revolucionó la opinión y los ánimos de los diamantinos, en un contexto de alerta ante los casos positivos de Covid-19 registrados en esa ciudad. El audio de Whatsapp daba cuenta del supuesto origen del contagio de uno de los pacientes positivos, aludiendo una fiesta en la que involucraban a médicos y políticos.

Por primera vez, las autoridades individualizaron a quienes presentan vinculación directa y tomaron una decisión en relación a esta práctica irresponsable, que en general ha aumentado durante la cuarentena.

El abogado Nelson Schlotahuer, secretario de gobierno de la Municipalidad de Diamante y letrado de la parte que instó la causa, dio detalles de la situación judicializada y los efectos establecidos por la legislación argentina

El audio
El relato de una duración de 1:45 minutos, no escatima en precisiones y se extendió en múltiples ciudades; aunque la más afectada fue la propia ciudadanía de Diamante, ya que refiere a una circunstancia inmediata. El abogado explicó: «Un empelado de comercio de Diamante generó un audio con muchos detalles, hablando de una supuesta fiesta con más de 150 asistentes. Mencionó muchos políticos locales, familias conocidas y profesionales de salud, todo lo cual es un absurdo y no existió. El dramatismo del audio fue suficiente para generar zozobra, miedo, temor en la comunidad y se divulgó por localidades vecinas incluso. Este audio fue tomado por una persona, que se dedica a tomar o replicar información en Diamante. No es periodista, sino que tiene un muro de Facebook que lo utiliza para la divulgación de noticias. Se prende de esto y le agrega un plus, al afirmar que tenía otros elementos, que le constaba que se había realizado».

«Intimidación Pública»

Schlotahuer comentó que «el sábado al mediodía decidimos que debíamos hacer algo, lo estuve estudiando y por la tarde presentamos la denuncia en la Fiscalía es esta ciudad. Entendimos que era aplicable el Art. 211 del Código Penal, que es el de Intimidación Pública. Refiere a cuando una persona utiliza algún medio -que pueden ser las redes sociales- para difundir noticias falsas y con ellas generar temor, confusión o caos, valorable de este modo sobre todo en momentos como este, en el que estamos trabajando en una emergencia sanitaria».

Las autoridad diamantinas incursionó en un Legajo que sería el primero en su tipo y que por ende, genera expectativas, ya que serviría de antecedente para otras circunstancias similares a lo largo y ancho de la provincia. Al respecto, el letrado manifestó: «Si bien es algo novedoso a nivel local, lo propio es incluso en Entre Ríos, porque no hay antecedentes de denuncias de este tipo. Sí existen antecedentes nacionales, por casos en Morón, en Azul, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos por cuestiones similares de difusión falsa de información. Un caso concreto fue en abril, donde un YouTuber divulgó que en el Hospital Posadas había tres pisos con gente encerrada, con contagiados de coronavirus, lo cual generó un caos importante. Esta persona fue detenida, en el marco de este artículo del Código Penal».

El secretario municipal indicó que la denuncia fue formulada en nombre del intendente, a título personal, con lo cual el resultado de la acción no compromete a los vecinos de Diamante.

El avance procesal y las expectativas

Schlotahuer afirmó que «el sábado a las 18:00 se formalizó la presentación ante la Fiscalía y este domingo ambos denunciados fueron notificados de la acción entablada en su contra. En la mañana del lunes, se presentaron ante Jefatura Departamental, para que se les tome la planilla prontuarial y en lo próximo tendrán que designar abogado defensor».

Acerca del alcance previsto por la legislación vigente, el profesional explicó: «El Art. 211 establece una pena de 3 a 6 años de prisión para este tipo de conductas. En los casos donde la pena mínima no supera los 3 años, cabe la posibilidad de incurrir en una medida alternativa, que pueden ser una conciliación, una Probation, o una condena condicional. Todas esas posibilidades serán analizadas oportunamente. Hay que ver si el fiscal comparte la acusación que estamos haciendo, si habilita la investigación, si comparte que se debe acusar».

Confiado en haber obrado como la situación ameritaba, Schlotahuer comentó a FM Estación Plus de Crespo: «Las autoridades municipales hicieron lo que tenían que hacer. Ahora está en manos de la justicia».

El abogado dejó en claro hacia dónde se focaliza la acción penal instaurada: «No se trata de la salvaguarda del honor o la dignidad de cada persona mencionada, porque eso va a correr por otra vía. Quienes fueron nombrados falsamente, tienen a su vez la acción penal de Calumnias e Injurias y la acción civil de Daños y Perjuicios. Es decir, esto apunta a que no puede ser gratuito para alguien ensuciar a otra persona, generando con ello la zozobra en una comunidad. Tenemos que usar esas herramientas que tienen nuestro sistema penal. Muchas veces quienes estamos en la función pública toleramos y está bien hasta cierto punto, porque por ese rol social existe una menor protección a la hora de una discusión pública sobre los temas. Tenemos que tolerar la crítica, pero la crítica. No significa nunca el agravio, la difamación, la mentira, que lleva a generar problemas a la sociedad en su conjunto, no sólo en lo individual».

«Una finalidad de causar el caos»
Como suele suceder, las acciones deliberadas se suceden hasta que aparece el control y/o el peligro de sanción. Lo propio sucedió con la denuncia penal formulada. El impacto fue analizado por el secretario de Gobierno, quien expresó: «Fue contundente la disminución. Notamos también el apoyo que tuvimos en las redes sociales de parte de la sociedad. Siempre algunos no están de acuerdo, de hecho hubo argumentos de que la denuncia coartaba la libertad de expresión, lo cual es una barbaridad, porque en ningún momento se prohíbe que se informe o que se opine distinto. Esto es diferente, existe una finalidad de causar el caos. Por eso acudimos a la justicia y ya vemos la incidencia. Desde el municipio entablamos una política de comunicación a través de la cual estamos permanentemente informando a los vecinos de lo que está sucediendo. No se puede evitar que circulen versiones, falsas o verdaderas, pero hemos notado una disminución importante de fake news», concluyó Schlotahuer.