Durante años, los Kirchner ganaron millones por el alquiler de sus inmuebles a tres inquilinos: Lázaro Báez, Cristóbal López y una ignota sociedad anónima que no registró actividad y fue declarada inactiva. Así surge de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) envió a la Justicia sobre la sociedad Los Sauces y en el que alertó algo más: la ex familia presidencial es dueña de por lo menos otro inmueble en Río Gallegos sobre el que jamás informó al organismo y, por lo tanto, evadió impuestos.

«Efectuadas las consultas informáticas obrantes en el organismo no se observa la exteriorización del citado bien en las declaraciones juradas [del] impuesto a las ganancias», alertaron los investigadores de la AFIP, que accedieron a la escritura de compraventa de 2010 y a los datos de la parcela, y corroboraron que desde entonces «no se ha incorporado al activo (declarado al fisco) de la sociedad» Los Sauces y que por ende no tributó lo correspondiente.

Los sabuesos fueron más lejos. Cruzaron los registros que la Justicia obtuvo durante los allanamientos con los datos de la AFIP y detectaron que los Kirchner informaron nueve inmuebles para alquilar, pero que (además del que hasta ahora no había sido informado), otros dos abarcan en realidad cuatro departamentos cada uno. Así, los nueve inmuebles originales serían, en realidad, 16 propiedades en total.

Investigado como presunto testaferro de los Kirchner, Báez aparece una y otra vez en el informe de la AFIP sobre Los Sauces, la sociedad que el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo investigan, ante la sospecha de que sirvió para canalizar coimas, lavar dinero sucio y diversos negocios incompatibles con la función pública.

Por lo pronto, el informe expuso que Los Sauces facturó más de $ 22,2 millones entre 2009 y 2014 si se cuenta sólo a sus tres inquilinos más sustanciosos: Báez (que desembolsó $ 5,8 millones más IVA a través de sus constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla), Cristóbal López (que pagó $ 14,3 millones, más IVA, por medio de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia), y la firma Solvencia Crediticia SA (más de $ 1,8 millón, más IVA; es decir, unos $ 2,2 millones), a pesar de que no registraba movimientos, según el Banco Central (BCRA), ni presentaba balances, por lo que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declaró inactiva.

A esas primeras cifras, sin embargo, debe sumarse la facturación de 2015 y 2016. Registró otros $ 8,8 millones de López (también vía Alcalis e Inversora M&S, la firma que canalizó los $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP), pero sólo $ 631.766,97 de Báez (con Kank y Costilla, y Austral Construcciones), justo cuando el ex empleado del Banco de Santa Cruz ya afrontaba múltiples problemas.

Así, entre 2009 y 2016, los ingresos de Los Sauces superaron un total de $ 31,6 millones, de los que López abonó el 73% ($ 23,1 millones) y Báez otro 20,2% ($ 6,4 millones), en línea con lo que expuso el peritaje contable que también requirió Bonadio y trascendió a mediados de enero. Pero con una diferencia: mientras los peritos basaron su análisis en los registros contables que se llevó la Justicia de varios allanamientos, los sabuesos cruzaron y cotejaron esos registros con los datos disponibles en las bases de la AFIP, sujetas al secreto fiscal.

Problemas de fechas

En esa línea, a la hora de repasar los inmuebles que integran el acervo de Los Sauces, los sabuesos detallaron que la sociedad sólo declaró ante la AFIP nueve inmuebles: tres en la ciudad de Buenos Aires, otros tres en Río Gallegos,dos en El Calafate y el restante el El Chaltén, provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, los técnicos detectaron inconsistencias. Así, dos de los «inmuebles» en Río Gallegos corresponden a lotes donde los Kirchner son dueños de cuatro departamentos en cada uno. Es decir, ocho en total. Los Kirchner pusieron el lote, Báez construyó los edificios y se repartieron luego por mitades los departamentos, aunque después Báez se los alquiló a Kirchner.

El tercer inmueble en la capital santacruceña, en tanto, es la casa de la calle Mascarello 441 que la Justicia investiga por sospechas de lavado. ¿Por qué? Porque en octubre de 2011 esa propiedad la compró un socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, a través de la firma Negocios Patagónicos por $ 200.000, pero se la vendió a Los Sauces once meses después y seis veces más cara.

Al revisar toda la documentación, no obstante, la AFIP detectó una incongruencia temporal: «Los Sauces SA exteriorizó la incorporación a su patrimonio de dicha propiedad en el mes de agosto/2010 para el impuesto a las Ganancias». Es decir, abundó, «fecha anterior a las consignadas en las escrituras traslativas de dominio de las operaciones de compra y venta realizadas por Negocios Patagónicos».

Facturación bajo la lupa

Allí no se acabarían las inconsistencias en los registros de Los Sauces. ¿El primer dato llamativo? Desde 2006 jamás repartieron dividendos. Sólo «honorarios», «asignados íntegramente a Máximo Kirchner», por $ 1,1 millones.

Por el contrario, todos los miembros de la familia Kirchner -Néstor, Cristina, Máximo y Florencia- declararon haber hecho aportes para capitalizar la sociedad, aunque con el paso de los años esos fondos quedaron muy por debajo de lo que retiraron mediante «cuentas particulares de socios», lo que permite consignar esos retiros como préstamos, en vez de como ganancias.

Para Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer quien radicó la denuncia con la que comenzó la investigación sobre Los Sauces, sería una forma de entorpecer el seguimiento de la riqueza familiar. «Mediante artilugios de contabilidad ilegal», explicó, «los Kirchner lograron adquirir inmuebles utilizando una sociedad pantalla y a su vez retirar sumas millonarias de esa firma sin que se notara un incremento de su patrimonio».

¿Cómo fue en la práctica, según el informe de la AFIP? Los Kirchner dijeron que aportaron $ 11,6 millones a Los Sauces, pero se llevaron más de $ 17,3 millones -sin contar 2016-, muy por encima de las ganancias de la sociedad y sin recurrir al reparto de dividendos, como impone la ley.