El gobernador Rogelio Frigerio dispuso la intervención durante seis meses del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) debido a una serie de irregularidades y un déficit mensual de casi 2.000 millones de pesos. La medida, que incluye una auditoría integral del organismo, garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados.

La decisión de Frigerio fue oficializada a través del decreto N° 3675 publicado el martes pasado, en el que se detallan las irregularidades que desde hace tiempo impiden el normal funcionamiento del Iosper, la grave situación financiera que atraviesa, los retrasos en las prestaciones a afiliados y el considerable aumento en gastos judiciales vinculados a incumplimientos.

El interventor del Iosper será el Dr. Mariano Gallegos, un abogado de amplia trayectoria y con experiencia en este tipo de tareas; quien estará acompañado por la subinterventora Dra. Marina Alegre.

Entre los factores más importantes que derivaron en la intervención, el decreto destaca el entorpecimiento de parte de las autoridades del Iosper en el control que ejerce la Comisión Fiscalizadora, como consecuencia del «envío fuera de término de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de la Obra Social, los que deben ser remitidos cada tres meses».

Asimismo, no se informaron contrataciones que se han realizado, como compras directas o contratación de personal, y se ha impedido el acceso a la información al enviar tardíamente la información requerida.

Por otra parte, también se han registrado retrasos en la devolución de reintegros y en el pago de prestaciones médicas de discapacidad, entre otros.

Esta situación ha generado un incremento importante del monto de gastos pagados por procesos judiciales, que acumula un monto de 867.706.190 pesos para el mes de septiembre, sin tener en cuenta las causas que aún se mantienen pendientes de resolución.

El decreto también hace referencia a los datos brindados por el último informe financiero, que indica que la obra social posee «un déficit total que asciende a 19.108.168.959 pesos, pudiendo ubicarse en el futuro en aproximadamente los 2.000 millones de pesos mensuales».

Además, se destaca el incumplimiento de  obligaciones renditivas de las autoridades del Iosper ante el Tribunal de Cuentas y pagos irregulares a empresas prestadoras.

En ese sentido, resalta la apertura de un juicio de cuentas y otros tres pedidos más de juicio contra el presidente del organismo, Fernando Cañete, y otros miembros del directorio.

Al dar a conocer la noticia, Frigerio afirmó que «la intervención es una medida necesaria para abordar el déficit que enfrenta la obra social» y que «los entrerrianos pueden estar tranquilos, ya que las prestaciones de salud seguirán funcionando sin interrupciones.

Al respecto, señaló que el déficit estimado en 2.000 millones de pesos mensuales se cubre con plata de tesorería, es decir, con «los impuestos que pagan todos los entrerrianos y que perdemos todos los meses producto de una mala gobernanza del organismo».

«Esta decisión responde a la necesidad de reorganizar y optimizar los recursos del Iosper. Para asegurar su transparencia, la intervención va a incluir la implementación de medidas para mejorar la gestión. Por ejemplo, se realizará una doble auditoría: una inicial, para establecer el punto de partida, y otra que va a acompañar el resto de la intervención», explicó.

Frigerio destacó que la intervención busca «proteger los derechos de los afiliados» y concluyó que «la salud de los entrerrianos es una prioridad».