El titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Atilio Benedetti (UCR), explicó que "vamos a continuar escuchando distintos testimonios en pos de avanzar en la modificación de la ley de semillas N° 20247". Hasta el momento, existen en la comisión, cinco proyectos presentados para su estudio.
En la apertura de la tercera exposición, Francisco Iguerabide, director en Desarrollo Agropecuario Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, afirmó que "la agricultura tiene una gran relevancia política" porque, según evaluó, "esta ley tiene un impacto para la Argentina muy significativo. Los estímulos que recibe el desarrollo genético podrían mejorar la producción".
Por su parte, desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), Raimundo Lavignolle, expresó que desde el organismo "su función es ejercer el control del sector semillero". Además, realizó un repaso histórico sobre la ley y expuso un estudio del sector.
Puntualmente, Lavignolle se refirió al mercado de semillas que "mueve 1500 millones de dólares anuales, el 100% de las semillas son de fiscalización comercial". A su vez, dijo que 250 millones implican exportación, 10500 empresas son semilleras, de las cuales 141 empresas son obtentores y 681 multiplicadores.
Y concluyó: "Los títulos de propiedad vigente son un 60% nacional y un 40% internacional. Necesitamos una mejora genética en frutales, no hay variedades. Hay un 80% de agricultores que hace uso propio gratuito y el resto es semilla comercial".
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Pablo Anseloni, destacó la cadena de valor y la tarea del trabajador rural. "Reclamamos la participación del gremio dentro del INASE, porque somos los primeros en la manipulación y en la cadena de valor", exigió el referente gremial.
A su turno, desde la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), el expresidente Pedro Vigneau, se mostró de acuerdo en aggiornar la ley, porque "la semilla es un vehículo de tecnología que democratiza el mejoramiento genético y no requiere tanta inversión". Y, exhortó a "no dilatar más y salir de esta parálisis".
En nombre de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Juan Burba, dijo que "las semillas son un bien social. Es el primer eslabón de soberanía alimentaria". También hizo hincapié en el daño que sufren los trabajadores por la manipulación de agrotóxicos, pidió que se incorpore ese punto en los proyectos y que se considere el proyecto N° 5.913 que realizaron los pequeños productores.
En representación de Agricultores Federados Argentinos (AFA SCL) Lucas Larraquy, propuso homogeneizar la ley de semillas con la ley de patentes, reglamentar certificados para todo el proceso, el control de granos y, por último, reglamentar la relación contractual entre obtentores y usuarios. "Hay que defender al productor agropecuario. El 20 y 30% genera el 80% de la producción", dijo.
Por su parte, desde el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), Fernando Vilella, expresó que "las leyes deben contener todos los cultivos y sistemas". Además coincidió en que "hay sectores de agricultura familiar que deben ser protegidos", y promovió que "la nueva bioeconomía exige también reglamentar enzimas, levaduras y otros organismos y moléculas".
Asimismo, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Miguel Ángel Pacheco, expresó "beneplácito con que esta ley se discuta porque con investigación y desarrollo de nuevas variedades se genera mucho trabajo". Puso reparos en que se cobre regalía por las variedades.
Roberto Delgado expuso la posición del Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTA), y consideró que la ley debe "ser un puente para producir variedades en el país con una mirada federal y un fuerte impacto en los incentivos de los investigadores y en las inversiones". A su vez la definió como "una enorme oportunidad de equilibrar regiones".
En el cierre de la reunión informativa, el presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, comentó que el "próximo martes vamos a continuar con nuevas exposiciones y con todo el material recabado de estas reuniones, se habilite su pase a asesores para poder lograr un dictamen".
También participaron del encuentro Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Argentrigo y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV).