Judiciales
Condenaron por defraudación al Estado al excajero de Cambiemos
Además, el extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), delegación Paraná, deberá realizar tareas comunitarias durante ese plazo.

El excajero de Cambiemos, Enrique Isaac Susevich, fue condenado este jueves en el marco de un juicio abreviado a 2 años de prisión condicional por el delito de defraudación al Estado por haber desviado parte de los fondos otorgados por el Estado para la impresión de boletas de las elecciones primarias de 2015.
Además, el extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), delegación Paraná, deberá realizar tareas comunitarias durante ese plazo.
La sentencia condenatoria fue dictada por la jueza de Garantías Elisa Zilli, quien homologó el acuerdo alcanzado entre los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo y el exresponsable económico y financiero de la campaña de Cambiemos, que fue defendido por el abogado Hugo Gemelli.
"Entiendo que las pruebas que forman parte del expediente permiten acreditar el hecho, tal como ha sido reconocido por el imputado, ocurrió", dijo la jueza Zilli al dar la resolución.
Al inicio de la audiencia, el fiscal Malvasio leyó los términos del acuerdo alcanzado con Susevich. Explicó a la magistrada que al imputado se le atribuyó el delito de defraudación a la Administración Pública por "haber utilizado parte del dinero que le fuera entregado para gastos exclusivos de impresión de boletas partidarias de sufragio en función de haber sido designado responsable económico y financiero del partido Cambiemos para competir en las elecciones Paso que se celebraron el 9 de agosto de 2015"
Y agregó que se encuentran reunidos los requisitos formales y de fondo para tener acreditado el hecho que se le imputó a Susevich en las declaraciones indagatorias del 22 de mayo y 25 de julio de 2019.
El fiscal precisó que la causa se inicia por una nota periodística del sitio Noticias Uno; y que al expediente se incorporaron los decretos del otorgamiento de los subsidios, remitidos por exSecretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; un oficio suscripto por el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás, respecto a la rendición de cuentas de los partidos políticos en las elecciones de 2015; un informe de la Secretaría Contable del Tribunal de Cuentas, donde se informan los distintos gastos realizados por el frente partidario; y el expediente del organismo de control donde surge el perjuicio patrimonial.
Luego precisó que el perjuicio al Estado, por el dinero desviado para otros gastos no autorizados, fue de un monto de $ 752.999,84.
Así, en base a esos hechos, comunicó que el imputado acordó la pena de 2 años de prisión condicional –no va a la cárcel-; la devolución del dinero, con intereses; y la realización de 96 horas anuales de tareas comunitarias, pro el término que determine la condena, en una organización que determina la Oficina de Medidas Alternativos del Poder Judicial.
El fiscal recordó que Susevich fue condenado en marzo de 2019 por el Tribunal de Cuentas a devolver la suma de dinero desviada y que tras una apelación a la condena, finalmente el excajero presentó un plan de pago que fue aprobado por el organismo de control.
Tras ello, Susevich dio su consentimiento al hecho endilgado y a la pena impuesta.
En 2015 el dirigente radical recibió dos subsidios, por un monto total de $1.642.999,94, que el Estado le asignó al partido para la confección de boletas para las elecciones primarias y generales en la provincia. Los subsidios, cabe aclarar, también se otorgaron a otras fuerzas políticas.
El 25 de agosto, mediante el decreto N° 2.892, Susevich recibió $1.027.687,04, como "responsable económico financiero" de Cambiemos con la obligación de que ese dinero fuera utilizado para "solventar los gastos que demandó la confección de las boletas partidarias para competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebraron el 9 de agosto con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia".
Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Cambiemos recibió un segundo "aporte no reintegrable" por una suma total de $615.312,90. Así se estableció en el decreto N° 3.743, fechado el 14 de octubre. En la norma se dejó en claro que el dinero era "con destino a la confección de boletas partidarias de sufragio para el acto comicial" del 25 de octubre, "con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia".
Sin embargo, el entonces responsable del uso de los fondos gastó una parte del dinero en otras compras y contrataciones como pago por publicidad en, por ejemplo, Canal 9; publicidad callejera, pintura y salones para eventos políticos.
Esa irregularidad fue detectada por el Tribunal de Cuentas, que le inició un juicio administrativo. En ese trámite, el dirigente informó en qué gasto parte del dinero de los subsidios que eran para impresión de boletas.
A continuación, la lista de los gastos no autorizados:
– El 19 de octubre de 2015, Cambiemos le pagó $750 mil a la firma IPESA, en concepto de "impresión de boletas cuerpo candidaturas provinciales Entre Ríos elecciones PASO 2015";
– El 1 de septiembre se le abonó $140 mil a Gea Impresiones, en concepto de "boletas electorales intendente lista 502 B";
– El 29 de agosto la firma Bitter percibió $20 mil por "evento político para candidaturas provinciales. Servicio gastronómico y organización";
– El 8 de septiembre Grafito liberaría recibió un pago por "artículos de librería (varios)" por un monto de $3.976,95;
– El 17 de septiembre se le pagó a María A Vera de Sabate $581 por "bolsas de consorcio y cintas de embalar";
– El 24 de septiembre Costa Alta Eventos recibió $20 mil por el alquiler de su salón para eventos; también ese día la entidad deportiva Viale Foot Ball Club cobró $60 mil por el uso de sus instalaciones para un evento político;
– El 29 de ese mes la empresa El Profesional recibió un pago de $5.450 por "ploteo papel común";
– El 2 de octubre la firma El Once (Medici y Ortega SRL) percibieron $56 mil por "juego sombrilla, mesa y sillones con impresión";
– Días después, el 14 María Vera de Sabate cobró $1.204,75 por la compra de bolsas;
– El 19 de octubre Datos Consultora recibió un pago de $40 mil en concepto de honorarios por estudio de opinión pública;
– El 23 de ese mes Uranga Complejo Gráfico cobró $56.756,00 por "columneros y afiches candidaturas";
– El 31 de octubre Productores Independientes Asociados SA, productora que explota la señal de TV Canal 9, cobró por publicidad los días 9 de julio y 3 de agosto un total de $23.010,00; y el 31 de octubre un monto de $60.00,64 por publicidad emitida los días 20 y 21 de octubre.
– El 3 de noviembre la firma Mailex Publicidad cobró $11.800,00 por "ploteo de camioneta";
– El 4 de ese mes Cap Publicidad Sral cobró por "columneros y pasacalles" de candidaturas $16.840,00; el 17 cobró $130.125,25 por publicidad gráfica;
– El 4 de noviembre Uranga Impresiones SRL recibió un pago por volantes de campaña por $30.250,00
– El 1 de diciembre Casagrande Julio Mario recibió un pago de $8.800,00 por pinturas;
– Y el 22 de diciembre Uranga Complejo Gráfico percibió $13.379,35 en concepto de "columneros, pasacalles y folletos".
Fuente: Entre Ríos Ahora

Judiciales
El exministro Pedro Báez pidió ser excarcelado como Urribarri y Aguilera
Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia que habilitó la feria para tratar la impugnación extraordinaria de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera contra la prisión preventiva y luego los liberó, el otro condenado por corrupción, Pedro Báez, solicitó recibir el mismo beneficio.

Este mismo miércoles, el abogado defensor del exministro de Comunicación y Cultura, Ignacio Díaz, presentó el pedido de habilitación de feria al STJ para que se haga extensivo el criterio aplicado en el caso Urribarri a su situación, que es muy similar.
Báez fue encarcelado el 22 de noviembre, tres días después que el exmandatario y su cuñado, ya que la discusión sobre la prisión preventiva corre por separado, pero en el marco de la misma causa ya que fueron condenados juntos en el megajuicio por delitos contra la administración pública.
Los vocales del STJ Leonardo Portela y Germán Carlomagno habilitaron la feria judicial solicitada por los defensores de Urribarri y Aguilera, en una polémica medida que fue catalogada como inconstitucional por parte del otro vocal que intervino, Miguel Giorgio, ya que generó una situación de desigualdad ante la Ley respecto de otros presos. En pocas horas, resolvieron la anulación de la prisión preventiva.
El fiscal debe responder
De esta manera, en horas de la tarde de este miércoles Díaz, junto al codefensor José Velázquez, presentaron la solicitud para que se extienda la liberación de Báez bajo los mismos parámetros a los otros dos condenados.
Hasta la tarde de este jueves el fiscal coordinador en feria, Leandro Dato, tiene tiempo para responder al pedido de los defensores. Luego los vocales deberán responder al respecto.
Cabe recordar que hasta este viernes los mencionados vocales del STJ son los que continúan de turno en feria. El sábado ingresa Claudia Mizawak por Carlomagno, pero la magistrada ya se había excusado de intervenir en esta causa, por lo que debería ser subrogada por el juez en feria que continúe en la escala jerárquica del Poder Judicial.
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