Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa recibieron la excarcelación, pero no se hará efectiva porque tienen otras dos preventivas por causas abiertas por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio por el no pago de impuestos por 8.000 millones de pesos de Oil Combustibles, una de las más de 170 empresas que engloba el Grupo Indalo, el cual también abarca varios medios de comunicación.

López y su socio fueron favorecidos por un fallo en una causa paralela en la que se investigaba una supuesta venta fraudulenta del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017, pese a la prohibición para hacerlo por un embargo judicial.

«Conceder la excarcelación a Cristóbal Manuel López bajo caución juratoria, la que no se hará efectiva por permanecer detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, Secretaría número 21, afectado a las causas números 520/19 y la 13816/18 (artículos 310, 318 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación ley 23.984)», señaló el fallo del magistrado.

Ambos empresarios seguirán presos porque tienen otras dos prisiones preventivas decretadas por el juez federal Claudio Bonadio en el caso de los «Cuadernos de las coimas». Según revelaron a PERFIL personas cercanas al caso, este viernes los abogados Carlos Beraldi y Fabián Lertora solicitarían al juez Bonadio la excarcelación por las otras dos causas.

El caso

Los fundadores del Grupo Indalo, están alojados en los penales de Ezeiza y Marcos Paz con prisión efectiva y si bien por esta causa están en condiciones de quedar en libertad, aún enfrentan otras dos causas penales que les abrió el juez Claudio Bonadio por supuesto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años.

La causa tuvo su inicio el 19 de diciembre del 2017 cuando se denunció a Lopez y De Sousa por la posible comisión de un delito de acción pública por el traspaso sin autorización judicial de las acciones de Indalo al fondo que crearon Rosner y Dellatorre para quedarse con el holding que en ese momento se encontraba en convocatoria de acreedores e intervenido por orden del juez Ercolini.

Ercolini investigaba a ambos por no declarar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) más de $8 millones, recaudados a través del impuesto al combustible que cobraba la firma Oil Combustibles. Se presumió que la cesión del Grupo, tenía como objeto recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar continuidad de sus negocios y el pago de deudas.

Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner, llegó al juicio procesado como autor del delito de defraudación al Estado por acordar un plan de pagos irregular con Oil Combustibles entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

Sobreseimiento

La semana pasada, la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó Cristóbal López ante la supuesta venta fraudulenta de su empresa al grupo conformado por Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre Balestra.

Esa causa se inició como un desprendimiento del expediente principal por defraudación en el no pago de 8 mil millones de pesos en combustibles, y fue el motivo por el cual el año pasado el juez federal Julián Ercolini impuso la prisión preventiva de Cristóbal López porque consideró que esa maniobra fue un intento de desprenderse de sus activos y así violar el embargo judicial que pesaba en su contra.

«Estamos pues, ante una prisión preventiva en la cual se ha demostrado que la situación objetiva en que se había fundado el supuesto riesgo procesal nunca existió», sostuvo la defensa en el pedido de excarcelación. En ese sentido, negó que exista «riesgo procesal» y recordó que es una persona «con alta notoriedad pública lo que impide que pueda evadirse de la Justicia».