El Gobierno hizo oficial este viernes el nuevo documento a seguir en los casos de aborto legal a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución 1/2019 establece que el protocolo «tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad» en el caso de abortos no punibles.

«Está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan», detalla el escrito.

Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos», señala la publicación.

El documento, de 79 páginas, remarca la diversidad de género: «El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)».

Establece que debe prevalecer la decisión de la persona ante la posición de los médicos e incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.

En cuanto a la aplicación, determina que «para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación».

Ginés González García y su par de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunieron en privado con el presidente Alberto Fernández para interiorizarlo sobre los alcances del nuevo protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Según explicó González García en conferencia de prensa, el protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud.

Anticipó que se busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente.

En ese sentido, destacó que está basado en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales, con el objetivo de contar con «un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo».

«Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley», aclaró el titular de la cartera de Salud, y precisó que las instituciones deberán «dar respuestas» a quienes lo soliciten: «Esto no es un combate ni es una búsqueda de votos ni es una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley».

González García advirtió además que seguramente haya «algunas organizaciones antiderechos» que vayan a cuestionar el nuevo protocolo, pero insistió que se trata de «un instrumento sanitario» que se ajusta a la ley actual y otorga derechos a quienes «lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo».