Así se desprende del informe oficial que analizaron este sábado el presidente Alberto Fernández y los gobernadores en una reunión virtual que el mandatario encabezó desde la residencia de Olivos.

Los puntos principales del plan son los siguientes:

Las vacunas y el material descartable necesario serán provistos por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo, independientemente de la cobertura sanitaria y su nacionalidad.

La vacunación será en etapas, voluntaria e independiente del antecedente de haber sufrido la enfermedad.

El inicio de la vacunación será en los grandes aglomerados urbanos, donde la evidencia indica que se presenta una mayor proporción de casos confirmados, con transmisión comunitaria sostenida y las mayores tasas brutas de mortalidad.

Se toma en cuenta el riesgo por exposición y función estratégica: personal de salud -escalonamiento en función de las fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios- personal docente y no docente -inicial, primaria y secundaria-, y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

También se contempla el riesgo de enfermedad grave para los adultos de 70 años y más; personas mayores residentes en hogares de larga estancia, adultos de 60 a 69 años, adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo. Y, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad, los barrios populares, las personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes, docentes universitarios, entre otros grupos.

Se define por criterios epidemiológicos y su implementación se organiza de acuerdo a diferentes aspectos: logísticos, disponibilidad de los insumos y recursos, junto a otros componentes. Asimismo, se consideran criterios epidemiológicos como de enfermedad, tasa de mortalidad por grupos de edad, tasa de incidencia de la enfermedad por sitio geográfico y, como ya se estableció, una variable fundamental dada por la disponibilidad de dosis.

La estrategia de vacunación en Argentina busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional, a fin de cubrir a toda la población objetivo de manera gratuita, equitativa e igualitaria.

Se implementará una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en la que se irán incorporando distintos grupos de la población definidos como «población objetivo a vacunar» en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo.

La vacunación será coordinada desde el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, seguridad social, alcanzando a toda la población que habita en el país.

El criterio de distribución de las vacunas se establece en consenso con las provincias de acuerdo a la población objetivo definida en los planes operativos provinciales y la disponibilidad de vacunas que puede afectar las estimaciones iniciales.

El propósito del plan es disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socioeconómico ocasionados por la COVID-19. El objetivo general es vacunar al 100% de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad gradual y creciente del recurso.

Establecer un orden de prioridad en la población objetivo a vacunar, teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, preparar los aspectos fundamentales relacionados con la logística, distribución y administración de las vacunas a medida que estén disponibles, establecer ejes prioritarios esenciales para evaluar las metas de vacunación y definir los aspectos relacionados a la estrategia de comunicación.

Estará dirigida al personal sanitario y a la comunidad, para brindar información oportuna, adecuada, validada y transparente a fin de fortalecer la confianza en la vacunación.

Personal de salud: toda persona que realice tareas o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas. Se estima, según datos del registro federal de personal sanitario, que inicialmente serán inoculados 763.000 trabajadores de la salud.

También se prioriza al personal que desarrolle funciones de gestión del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión, como las Fuerzas de Seguridad y Armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, funcionarios del Estado y personal del Servicio Penitenciario.

Además, son prioritarias las personas mayores de 60 años, que abarcan un universo de 7.279.394, según datos oficiales. La campaña comprende también un abordaje especial para residentes en Instituciones de adultos mayores; personas de 18 a 59 años con factores de riesgo como diabetes (insulinodependiente y no insulinodependiente), obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40), enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica, que son unas 5.653.000 personas.

El total de dosis estimada es de 54.431.000. Considerando que un esquema consta de la aplicación de dos dosis, calculando una tasa de pérdida estimativa del 15% (promedio entre presentaciones monodosis y viales multidosis) se alcanzaría a vacunar 23.000.000 o 24.000.000 de personas.

Poblaciones estratégicas por su rol en la comunidad y las economías locales a ser definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis, personas que viven en barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes y otros a definir.