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Desarrollo Social

Casi 30 mil entrerrianos accedieron a los beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad

Cada vez son más los ciudadanos entrerrianos que tramitan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que constituye la principal herramienta para acceder a beneficios y prestaciones, y que en la provincia se evalúa en las Juntas dependientes del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

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De acuerdo a los datos oficiales recabados hasta fines de 2017, son 29.912 los ciudadanos de la provincia que poseen el CUD, siendo la ciudad con más beneficiarios Paraná (8.540), seguida por Concordia (5.669), Gualeguaychú (3.127) y Concepción del Uruguay (2.473).

Desde la provincia se trabaja para darle cada vez más cobertura y hacer más eficiente la implementación del CUD y velar por la calidad de los datos que se encuentran en el registro nacional de situación de las personas con discapacidad. Esta es la principal herramienta para que las personas con discapacidad puedan acceder a beneficios y prestaciones. Constituye un derecho, materializado en un documento público, que posibilita el acceso al Sistema de Salud y a los beneficios establecidos en la normativa vigente para las personas con discapacidad, y tiene validez nacional.

Del total de beneficiarios en la provincia, un 54 por ciento son varones (16.192) y un 46 por ciento mujeres (13.720).

La franja etaria que más beneficiarios presenta es aquella que va de los 10 a los 14 años, con 2.499 personas, seguido por la anterior, que va de los cinco a los nueve años, con 2.356, y luego por aquella que va desde los 55 a los 59 años, con 2.286 personas.

Juntas Evaluadoras en toda la provincia

Una de las políticas implementadas para ampliar cada vez más la cobertura fue la apertura de Juntas Evaluadoras de Discapacidad en distintos puntos de la provincia, descentralizando la atención y federalizando cada vez más el acceso a este beneficio.

Desde que comenzó a aplicarse este sistema en el trámite del CUD se pasó de una a 12 Juntas Evaluadoras en toda la provincia: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación, Chajarí, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Villaguay, Colón, Santa Elena y Victoria, la cual empezó a funcionar a fines del año pasado. Para 2018 se proyecta la apertura de las Juntas Evaluadoras de Urdinarrain y Rosario del Tala, en vistas a continuar con el proceso de descentralización que beneficie a los entrerrianos.

Cabe destacar que 2017 fueron alrededor de 6 mil los trámites para realizar el CUD que se hicieron en las distintas Juntas de Entre Ríos, un número que viene creciendo año a año.

Intensa actividad de las Juntas durante el receso

Una importante cantidad de trámites de solicitud y evaluación para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se realizaron durante las dos primeras semanas de enero, en las cuales las Juntas Evaluadoras intensificaron su labor para mejorar la atención a los ciudadanos entrerrianos con discapacidad.

Cabe destacar, en esta línea, que del 2 al 15 de enero los profesionales de las dos Juntas de Paraná evaluaron a 142 personas, posibilitando adelantar trámites y resolver urgencias para optimizar los tiempos de atención.

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Desarrollo Social

Aumentaron las asignaciones familiares: a quiénes alcanza

La Anses definió un nuevo ajuste en los montos de las Asignaciones Familiares, con un incremento del 3,47% a partir de noviembre de 2024. La medida, que afecta tanto a trabajadores de la actividad pública como privada, fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

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El ajuste también contempla la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, determinantes para acceder a estos beneficios, siguiendo el índice de movilidad dispuesto por la Ley N° 27.160. Esta normativa establece que las asignaciones familiares deben actualizarse de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El artículo 1° de la Resolución detalla que el aumento se aplicará sobre los límites, rangos y montos ya establecidos en anexos previos, con la excepción de lo estipulado en el inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714, que regula las Asignaciones Familiares. Este ajuste impactará sobre las prestaciones para hijos, prenatal, hijos con discapacidad y otras asignaciones previstas en el régimen.

Además, la Resolución especifica que los grupos familiares que perciban ingresos superiores a $1.862.184 en alguna de sus partes no podrán acceder a las Asignaciones Familiares, incluso si el total de ingresos de la unidad familiar no supera el máximo establecido en los anexos de la Resolución. Este límite de ingresos se ajusta de acuerdo con las nuevas actualizaciones, con el objetivo de focalizar las prestaciones en los sectores más necesitados.

El ajuste también incluye a los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, quienes percibirán las asignaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 514/2021. En estos casos, las asignaciones familiares no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, una medida destinada a asegurar un piso mínimo de protección social para estos trabajadores.

Por otro lado, la movilidad del 3,47% también afecta a los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Las categorías de contribuyentes se ajustarán en función de los ingresos brutos anuales, conforme lo estipulado en la Ley N° 27.743 y sus normativas complementarias, que establece las escalas para el cobro de las asignaciones familiares.

Este incremento forma parte de las políticas de ajuste mensual de las prestaciones que aplica Anses desde la aprobación del Decreto N° 274/2024, que establece la actualización de los haberes de acuerdo con la variación del IPC. Con este nuevo incremento, el organismo busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

La medida afecta a una amplia gama de beneficiarios, incluidos los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector público como privado, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Fuente: Mdzol

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