El relanzamiento del plan de Precios Cuidados, la puesta en marcha del acuerdo económico y social, y la constitución del llamado «gabinete federal» son algunas de las medidas que impulsará Alberto Fernández para esta nueva etapa.

Fernández y sus funcionarios de máxima confianza saben que estos días serán determinantes para el destino de la nueva administración, y que este segundo capítulo tendrá su resolución en marzo, el mes que el Gobierno estableció como fecha límite para alcanzar un acuerdo de renegociación de la deuda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, partirá en los próximos días hacia los Estados Unidos. Su itinerario y su agenda se mantienen en reserva.

El Presidente dio instrucciones a sus funcionarios para que aceleren las reuniones con empresarios y sindicalistas. La visita del miércoles pasado al almuerzo de la Asociación de Empresaria Argentina (AEA) y la reunión del jueves en la Casa Rosada con 19 jefes de todas las ramas sindicales sentaron las bases de una dinámica que se profundizará a partir de este lunes. «Vamos a seguir recibiendo a todos los sectores», dicen en el entorno de Fernández, sin dar demasiados detalles.

Es que Fernández pretende cumplir con dos objetivos en simultáneo: inyectar recursos en los sectores más pobres, para reactivar el consumo, y lograr una convergencia a la baja de precios y salarios.

El acuerdo, en el que trabaja el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene dos etapas. En la primera, de 90 días, la idea es firmar un empate, es decir, que precios y salarios no se saquen ventaja. En la segunda etapa, de otros 90 días, los salarios le podrían ganar por poco a los precios, pero solo si las dos variables muestran signos de enfriamiento. Como dijo Guzmán, la primera misión a cumplir es la «pacificación» de la economía.

El ministro de Economía analiza junto con Kulfas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el monto de aumento que deberán conceder las empresas a sus trabajadores. Sería un monto fijo para todos los trabajadores bajo convenio.

En paralelo, el Gobierno se apresta a relanzar, el 7 de enero, el programa Precios Cuidados, y a anunciar una serie de medidas para promover el consumo. El reparto de las tarjetas del plan Alimentar, a cargo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, va en esa dirección. Los funcionarios mantienen el resto de los detalles en secreto, obedientes a un esquema de comunicación centralizada que maneja el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

En los próximos días, Fernández visitará una provincia (no se sabe aún cuál), para poner en funcionamiento el «gabinete federal», un programa que lanzó en campaña y por el que se comprometió a trasladar una vez por mes a parte de su gabinete a una capital alternativa de alguna de las 23 provincias. Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, le propuso sumar una visita semanal al conurbano bonaerense.

En la agenda del Presidente también cobró centralidad la derogación de las jubilaciones especiales que benefician a jueces y diplomáticos.

Surgida como reacción frente a las críticas que generó la excepción que se otorgó a esos regímenes ante la suspensión de la fórmula de movilidad, la iniciativa se cocina a toda velocidad y se convirtió en la segunda batalla legislativa de Fernández. 

Fuente: La Nación