Ambiente
Cabandié denunció penalmente la realización de terraplenes en el Delta del Paraná
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una presentación en la fiscalía de Victoria, e incluyó videos como prueba
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia en la fiscalía de Victoria, Entre Ríos, por la realización de terraplenes en la zona del Delta del Paraná, en el marco de las investigaciones de las quemas intencionales, y subrayó que "estos comportamientos deben ser penalizados para evitar que se repitan".
"Presenté una nueva denuncia en la Fiscalía de Victoria, Entre Ríos, para que se investigue a los responsables de los movimientos de suelo ilícitos que se producen en las Islas Lechiguanas, en el Delta del Paraná", anunció esta tarde el ministro a través de su cuenta oficial de Twitter.
La presentación se realizó ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Victoria y fue acompañada por un video que registró el equipo técnico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), durante un sobrevuelo en la zona el 13 de octubre pasado, donde se observa a una retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial.
Según informó el Ministerio de Ambiente, el objetivo de la denuncia es que se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas, en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, como el Decreto Provincial 4977/09.
La cartera ambiental precisó que, además, esta actividad está prohibida por la Ley provincial N° 9.172, que tiene por objeto la regulación del uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales, con fines económico productivos en todo el territorio de Entre Ríos.
Desde el gobierno entrerriano informaron que a fines de septiembre se realizó una denuncia en la Policía provincial y se informó al Juzgado Federal de Victoria que maquinarias estaban efectuando terraplenes en islas Lechiguanas, actividad que está prohibida justamente por una medida cautelar del 1 de julio de 2020 y por normativas nacionales y provinciales.
Además, quienes se encontraban en el lugar no tenían ninguna presentación para la Evaluación de Impacto Ambiental ante el organismo provincial, por lo que «inmediatamente se dio aviso al Juzgado Federal de Victoria e intervino la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina», dijeron fuentes de la Secretaría de Ambiente provincial.
En ese momento, el gobierno de Gustavo Bordet analizó implementar mayores controles en el acceso a las islas, con ayuda de Fuerzas Armadas y de Seguridad: «Es una decisión drástica, pero es necesario evaluarla», argumentó entonces la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y apeló a la «actitud ciudadana» para evitar nuevos incendios.
Tras la presentación de la nueva denuncia penal por la construcción de terraplenes en la zona del Delta del Paraná, Cabandié advirtió que "esto genera graves daños al ambiente, cortando flujos de agua naturales y convirtiendo un humedal en tierra potencialmente productiva o inmobiliaria".
Y agregó: "Las quemas y los cambios de los cursos de agua en el Delta deben ser penados por la Justicia. Necesitamos e insistimos en que estos comportamientos deben ser penalizados para evitar que se repitan".
Fuente: Rosario3
Ambiente
Piden estudios de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de hidrógeno en Uruguay
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó una resolución solicitando una respuesta urgente a los organismos nacionales de la República Oriental del Uruguay, sobre los posibles impactos ambientales derivados de la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en cercanías del río Uruguay (kilómetro 219 aproximada), frente a la región «Tierra de Palmares».
El proyecto –impulsado por el colonense Mauro Godein con el apoyo de otros legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos- pone énfasis en la necesidad de evaluar los riesgos de contaminación transfronteriza. Entre las preocupaciones principales se encuentran los efectos en el agua, el aire y otros factores como ruido, polución, olores y contaminación visual, especialmente en las localidades de Colón, Liebig y San José.
La resolución también exige que la información recopilada sea compartida con las autoridades nacionales argentinas, incluyendo las secretarías de Ambiente de la Provincia y de la Nación, para ser evaluada conforme al Tratado del Río Uruguay y otras normativas vigentes.
«Si bien se respeta la soberanía del Uruguay, el uso compartido del río y la proximidad física con Entre Ríos hacen necesario un abordaje binacional para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud y los recursos naturales de la región», expresó Godein.
Finalmente, subrayó: «Aunque se valora la implementación de tecnologías para energías renovables, estas iniciativas deben ser sostenibles, lo cual exige información, evaluación y participación de ambas naciones».
La cámara enfatizó la importancia de preservar el principal capital turístico de Entre Ríos, que podría verse afectado por la instalación de esta planta, e instó a un diálogo bilateral para asegurar la sustentabilidad y el desarrollo armónico en la región.
Fuente: El Entre Ríos
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