Provincia
Bullrich habló de «ramificaciones» narco en Entre Ríos
La ministra de Seguridad habló de la provincia de Entre Ríos y de cómo las organizaciones extendieron sus ramificaciones. Expresó que «cualquier miembro del Estado que permita o facilite su desempeño «tiene que tener la misma pena que los narcotraficantes». Y que para eso no es excusa el temor: «El miedo es el peor peligro. El que tiene miedo tiene que apartarse, no puede ser parte de esta lucha», mencionó.
El gobierno nacional puso en marcha el comité de crisis en Rosario luego de un fin de semana de extrema violencia. "Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo", aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al presentar el plan que se pondrá en marcha. El ministro de Defensa Luis Petri puntualizó además que en las próximas horas llegarán las Fuerzas Armadas para ser sostén logístico y táctico de las fuerzas federales.
En los últimos días hubo una ola de terror en Rosario con asesinatos perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.
Bullrich afirmó que las líneas de acción se concentrarán en desarticular el modelo de organización del delito, el control de la calle por las bandas y las operaciones de lavado de dinero. En tal sentido, remarcó que el esquema de investigación dedicará «un capítulo especial al delito económico, el lavado de activos, vamos a tener un equipo para eso».
En ese contexto, Bullrich enumeró los puntos centrales del plan que piensan implementar para ponerle freno a la violencia narco que tiene en vilo a la ciudad santafesina:
1) Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena.
2) Estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras. Cada integrante llevará la pena de la organización.
3) Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche.
4) Trabajaremos fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones.
5) Solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar. Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país.
Luego de ese repaso punto por punto, Bullrich remarcó que necesitan la ayuda de los legisladores. » Estas leyes nos van a permitir tomar al conjuntos de las bandas, necesitamos terminar con el hormiguero, no ir hormiga por hormiga", consideró. Y en la misma línea, justificó: "Sino no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona".
Durante otro tramo de su discurso, Bullrich comunicó que el presidente Javier Milei le encomendó a ella y al ministro Petri que lleven adelante "una lucha sin cuartel" con el objetivo de que Rosario "quede liberada de narcocriminales.".
"No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Estamos en un momento dificil, pero la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todos los medios", concluyó la funcionaria.
A continuación tomó la palabra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se lamentó en público por las horas de "profundo dolor" que atraviesa el pueblo rosarino tras los sangrientos episodios que ocurrieron en los últimos días.
"No vamos a escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales. Hemos avanzado pero no quiero dar datos. Queremos dar con los responsables intelectuales. El Gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para el que nos de datos certeros y nos permita saber quiénes fueron todos los que planificaron estos hechos y quienes los ejecutaron", subrayó el mandatario provincial ante la prensa, en línea con las declaraciones brindadas previamente por los funcionarios nacionales.
Por último, Pullaro advirtió: "Vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque van a tener la pena de prisión perpetua. Hay una determinación inquebrantable para terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe".
Fuente: Análisis Digital
Provincia
El Gobierno provincial habría resuelto intervenir el Iosper
El gobierno de Rogelio Frigerio avanzará con la decisión de intervenir la obra social de los trabajadores del Estado, Iosper. Este martes al mediodía se extendía una reunión del directorio evaluando las novedades, según publicó Página Política.
El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.
Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.
La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.
Cuello de botella
Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.
Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.
Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.
A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.
Fuente: Página Política
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