Judiciales
Avances en el Juicio por Jurados y la reforma a la Ley de Ejecución de Penas
Durante un encuentro realizado este lunes, el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, presidieron una reunión en la que se ultimaron los detalles para la puesta en funcionamiento del instituto de Juicio por Jurados aprobado por ley en 2019.
Además, en el encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se analizó el proyecto de ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
De la audiencia participaron la vicegobernadora Laura Stratta; el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García; el defensor general Maximiliano Benítez; el presidente de la Sala Penal del STJ, Miguel Giorgio; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Al término de la reunión, Carbonell expresó que "una vez más participamos en el debate acerca de temas vinculados a los tres poderes del Estado, cuestión que debemos priorizar en pos de lograr un mejor funcionamiento en la prestación del servicio de Justicia a la sociedad".
El magistrado destacó que "el gobernador se interiorizó sobre el avance en la implementación del Juicio por Jurados y se le brindaron detalles al respecto. Asimismo la provincia garantizó que en los próximos días se estarán girando al Poder Judicial los fondos para poder llevar adelante, antes de fin de año, los primeros juicios con esta modalidad". Los primeros juicios comenzarían en noviembre.
Carbonell también resaltó que se analizaron aspectos vinculados al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, relacionado a la modificación a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
En ese sentido, Romero dijo que el tema viene discutiéndose en la Legislatura entrerriana desde 2018 y se cerraría haciéndoles algunas modificaciones. El mismo apunta «a consolidar un proceso de avance normativo nacional y se crea un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas en Concordia", detalló la ministra Romero.
Al respecto, mencionó que "dado el contexto de emergencia existente, no hay posibilidad de establecer la cantidad de cargos que el proyecto original contenía y se va a reducir sensiblemente a la mínima expresión, pero se entiende que la población penal de la costa del Uruguay atendida únicamente por un juez de Ejecución de Gualeguaychú resulta insuficiente. Entonces para evitar que los problemas se acumulen en nuestras cárceles y en la resolución de los temas, se ve con agrado la consolidación de esta nueva norma y un nuevo juzgado de Ejecución".
Romero dijo finalmente que "hay conflictos a resolver y de vínculo del interno con la Justicia que tenemos la posibilidad con esta nueva ley de mejorar".
Judiciales
No prosperó el segundo pedido de juicio político contra la vocal Gisela Schumacher
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó in limine el segundo de los pedidos de juicio político presentados contra la vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Nerea Schumacher. Se trata de la presentación hecha por la ONG Entre Ríos sin Corrupción que le endilgó a la magistrada supuesto mal desempeño. A mediados de noviembre, la comisión desestimó la denuncia del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
La asociación civil había pedido el juicio político a raíz del "cambio de criterio" en la causa conocida como "Megajuicio", en la que fue condenado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el empleado del Senado y cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, entre otros. Para los denunciantes, Schumacher incurrió en mal desempeño por su cambio de criterio: el 17 de abril la vocal del STJ rechazó el recurso extraordinario provincial en la causa y, más tarde, el 22 de octubre octubre, concedió el recurso extraordinario federal para que los imputados acudan la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones de la Cámara de Baja está presidida por la diputada Gabriela Lena (Juntos), y la integran además Sergio Castrillón (PJ), Enrique Cresto (PJ), Roque Orlando Fleitas (La Libertad Avanza), Silvio Gallay (Juntos), Marcelo López (Juntos), Susana Pérez (Juntos), María Elena Romero (Juntos), Liliana Salinas (Partido Conservador), Bruno Sarubi (Juntos), Yari Seyler (PJ), Laura Stratta (PJ), Carolina Streitenberger (Juntos), Vilma Vazquez (Juntos) y Andrea Zoff (Juntos).
Cabe recordar que, en las últimas semanas, la vocal denunciada recibió el respaldo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argumentos que sostienen el rechazo
En la resolución de la Comisión de Juicio Político de Diputados, en la que los legisladores que la integran dieron los argumentos del rechazo in limine del juicio político, se indicó: "Destacamos nuevamente que el escrito contiene un análisis jurídico detallado y pormenorizado del recurso y lo resuelto por la Señora Vocal, donde se enuncia la normativa nacional, la provincial, se cita jurisprudencia, se citan dictámenes y hasta se transcriben párrafos textuales del voto de la Señora Vocal incluido los números de las páginas. También en el punto III, se hace una 'Valoración Jurídica' y luego se ofrece prueba documental del recurso y de la sentencia".
Consideraron en este sentido que "analizada la denuncia por ésta comisión, manifestamos que en cuanto al hecho imputado corresponde rechazar in limine la presentación de Entre Ríos Sin Corrupción Asociación Civil, sin correrle traslado a la denunciada, tomando como fundamento el Dictamen de fecha 19/11/2024 del expediente administrativo Nº 3080 H.C.D caratulado 'Dra. Gisela Nerea Schumacher s/ Juicio político por mal desempeño en sus funciones'; que en aras de la brevedad, damos por reproducidos en su totalidad".
Remarcan además que "los argumentos de denuncias que sólo suscitan el examen subjetivo del denunciante en cuanto a la aplicación, análisis e interpretación del derecho y sus normas, en un fallo colegiado, no caben como una demostración de un evidente mal desempeño de funciones y/o mala conducta, pues es propio de su función en el ejercicio de la judicatura, que es el rol que desempeña dentro de la organización institucional del estado entrerriano".
En esa línea, subrayan que a la Cámara Baja le corresponde ser el contralor de "actos manifiestamente contrarios al decoro, a las buenas conductas y/o a la fragante violación de ley sustantiva pero no 'analizar, interpretar y juzgar las decisiones jurisdiccionales' tomadas por el denunciando en ejercicio de su facultades constitucionales, legales y discrecionales, pues todo lo que se refiere a eso, quedan fuera de su ámbito éste ámbito".
"En conclusión; resulta insuficiente la denuncia, que se estructura sobre la base de argumentos que sólo evidencian la pretensión de disputarle al juzgador la facultad privativa que tiene de seleccionar, jerarquizar, decidir y meritar los elementos adquiridos durante la sustanciación del trámite que dan cuenta de la posibilidad de acceder a otra instancia judicial", completan, según registró ANÁLISIS.
En consecuencia, la Comisión concluye que "se alcanza el grado de convicción necesario para rechazar in limine, la denuncia incoada contra la Dra Schumacher por no existir mérito para la acusación, de conformidad con el artículo 143 de la Constitución Provincial".
Fuente: Análisis
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