La reforma a la Ley de la Madera encontró apoyos impensados y rechazos lógicos. El acompañamiento que más sorprendió fue el del flamante presidente del Comité Provincial de la UCR, Pedro Galimberti. El intendente de Chajarí valoró la decisión del gobernador Gustavo Bordet de impulsar un proyecto de ley en la Legislatura para derogar la prohibición de exportar madera al Uruguay: "Parece como algo lógico que se modifique un artículo de una ley que exclusivamente veta la posibilidad de exportar madera a Uruguay. En Corrientes pueden hacer lo que quieren y nosotros no. No parece una norma razonable como ha quedado", dijo y agregó: "Después hablemos del contexto y de las cuestiones, si se quiere, declarativas. Pero desde el punto de vista de la necesidad de trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con las industrias que tenemos en determinados lugares de la producción me atrevo a decir que es inconveniente desde el punto de vista de los intereses económicos de nuestra zona".
En tanto, el senador Raymundo Kisser, también de la UCR, adelantó su posición sobre el proyecto del Ejecutivo luego de aclarar que el texto aún no fue analizado por los legisladores de su bloque. Se manifestó a favor de la apertura de las exportaciones y cuestionó la alta presión fiscal que deben afrontar los empresarios del sector.
A los apoyos radicales se sumó también el del intendente justicialista de Colón, Mariano Rebord.
Rechazo. En tanto, a Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú manifestó la "más férrea oposición" al proyecto que deroga la prohibición de vender derivados de madera a la República Oriental del Uruguay. La entidad, emblema de la lucha contra la instalación de papeleras, explicó a través de una carta abierta que "aceptar el camino propuesto significaría un retroceso al reclamo efectuado respecto de un emprendimiento como Botnia-UPM, que ya fue declarado ilegal por la propia Corte Internacional de La Haya y que afecta la calidad de vida de la población como también el agua, el aire y la tierra de una vasta zona del río Uruguay".
Luego indicó: "No es admisible comparar, como lo hace el gobernador, la exportación de chips o rollizos para activar una empresa ilegal y contaminante con la exportación de cítricos.
Tampoco es feliz cuestionar la prohibición, bajo el argumento que la Ley 9759 fue sancionada 'con un puente cortado' o porque hubo un 'laudo' de La Haya. Las razones que llevaron al reclamo social desde hace trece años, con o sin puente cortado, aún subsisten", afirmaron.
Respaldo. La contracara de las opiniones a favor y en contra antes descriptas se encuentran en Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos (Imfer). Sergio Corso, su referente, habló con EL DIARIO y se mostró de acuerdo con una reforma a la norma vigente. "La posición mía, que es la de la entidad, es que sin dudas hay que derogar el artículo que prohíbe a la provincia exportar madera a Uruguay. En primer lugar nunca tuvo claro la legalidad sobre este tema. El pase por la aduana no sé si es una cuestión de la provincia o de la Nación", opinó. Y agregó: "En materia de mercado, nosotros queremos que se foreste. Por año estamos perdiendo cinco mil hectáreas de forestación".
Para Corso "es un disparate que se esté trayendo madera de Corrientes para abastecer el mercado interno, cuando se podría producir para exportar. Hoy no se está exportando nada", afirmó. El maderero se refirió a los subproductos que derivan de la madera como el aserrín o la viruta. Como dato alarmante respecto al sector que representa, dijo que en Entre Ríos "el mercado maderero cayó un 40 por ciento en los últimos cuatro meses".
"Es urgente abrir un nuevo panorama y crear las condiciones para forestar", insistió.
Herencia K
Mauricio Macri cuestionó la Ley de la Madera en el conocido informe El Estado del Estado que publicó el gobierno nacional como balance del cuadro de situación en que heredaron la administración. Allí, el Presidente sostuvo que el sector forestal "se vio comprometido por el caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes" y se calificó a la norma como un legado del kirchnerismo que habría afectado notablemente al sector.
"El sector forestal se vio comprometido por el manejo del caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes. En Entre Ríos, provincia con fuerte vocación forestal, dejó de plantarse.
Desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos", dice uno de los párrafos.
La ley
El 7 de febrero de 2007 se aprobó la ley 9759 del diputado Osvaldo Fernández, que tenía como premisa fundamental la prohibición de la venta de rollizos destinada a Botnia o a cualquier otra de las papeleras construidas en Uruguay.
La norma, que nació principalmente del reclamo de los ciudadanos de Gualeguaychú, determina que "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial"
Gualeguaychú
Concejales piden a Bordet que revea la decisión
Los 13 concejales de Gualeguaychú, pertenecientes a Cambiemos, UNA y el Frente Para la Victoria, unificaron criterio para rechazar la iniciativa del Ejecutivo provincial de reforma a la Ley de la Madera. También solicitan a legisladores y funcionarios nacionales y provinciales para que intercedan ante la problemática.
"En el año 2004, frente a la inminente amenaza de la instalación de la planta de celulosa Botnia (hoy UPM) en Uruguay, el pueblo de la ciudad de Gualeguaychú en respuesta al avasallamiento de su derecho a la vida y a gozar de un ambiente sano, se organizó y movilizó por primera vez al puente General San Martín en reclamo de esos derechos amenazados. En el marco de este reclamo ambiental se sancionó, en el año 2.007 la ley Provincial Nº 9759", recuerdan los concejales y expresaron que, ante la voluntad del gobernador de derogar la normativa, el concejo toma "una postura coherente" y pide rever la decisión.
"Este cuerpo visualiza que la prosecución de este proyecto de derogación simbolizaría el desconocimiento de un conflicto que lleva más de 13 años y que, lejos de estar solucionado, afecta la salud de nuestros ciudadanos. Nuestro gobierno local sostiene en su accionar de modo coherente una política pública de ambiente en resguardo de la vida, la salud y el derecho de un buen vivir", expresan los ediles que solicitan al Bordet que "revea la decisión de enviar un proyecto de derogación de la Ley Nº 9.759 y conceda una reunión a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú".
Solicitan además a los diputados provinciales por el departamento Gualeguaychú, Sergio Kneeteman, Leticia Angerosa y Juan José Bahillo, al senador provincial Nicolás Mattiauda y a los senadores nacionales Alfredo De Ángeli y Pedro Guastavino, a la secretara de Ambiente de la provincia, Belén Esteves, a la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte, y al director de Recursos Hídricos de la Nación, Osvaldo Fernández, que intercedan desde sus ámbitos de competencia frente a la problemática".
*La exportación de madera por los puertos entrerrianos a Uruguay quedó prohibida por Ley en 2007, y ahora el gobierno provincial propone su derogación.
