El presidente electo, Alberto Fernández, buscará impulsar en sus primeros días de gobierno la declaración de la emergencia ocupacional en Argentina, lo que le permitiría promover contrataciones más flexibles para los que hoy están afuera del mercado laboral y fijar ventajas previsionales e impositivas para los empresarios que creen nuevas fuentes de trabajo.
La prioridad del empleo
La emergencia ocupacional sería incorporada en un proyecto de ley que Fernández quiere que se sancione en la primera semana de su gestión, para dejar en claro que una de sus prioridades será la generación de empleo.
Esta iniciativa estará a cargo del futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien fue superintendente de Seguros, síndico general de la Nación, titular de la AFIP y director de la ANSES. Moroni también tendrá a su cargo la relación con los sindicatos y los empresarios, además de la logística para encarar el acuerdo de precios y salarios que pretende impulsar Fernández.
Una de las primeras definiciones importantes en materia laboral es que se habría descartado el regreso de la doble indemnización como una herramienta para evitar los despidos masivos, tal como se había instrumentado en 2002 mediante la ley de emergencia económica.
Entre las medidas que analiza el presidente electo, también estaría la creación de un fondo de compensación indemnizatoria para aliviar a las pymes, algo similar a lo que sucede hoy en la construcción con el denominado Fondo de Cese Laboral.
Además, se analiza la posibilidad de otorgar exenciones impositivas a las microempresas y pymes que se comprometan a no efectuar despidos durante la vigencia de la emergencia ocupacional.
UIA
El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había solicitado "un contrato de emergencia laboral para que las pequeñas empresas puedan contratar sin pagar cargas sociales por dos a tres años, sin indemnizaciones y reforzando el seguro de desempleo".
El compromiso general de no efectuar despidos masivos se trataría de contemplar en el acuerdo de precios y salarios que el presidente electo pondría en marcha apenas asuma, junto con los empresarios y los sindicatos.
Descartada una reforma laboral general y por ley, se alentaría la renovación de los convenios colectivos de trabajo. El modelo que se seguirá es el que se aplicó en el yacimiento petrolero Vaca Muerta, que flexibilizó las condiciones de trabajo para permitir una mayor productividad.
Según consigna Infobae, en el entorno del presidente electo consideran que hay que apostar a las nuevas tecnologías para la capacitación laboral y para generar empleos. Por eso apostarían a introducir de lleno los cambios tecnológicos en la mayoría de los convenios colectivos que están desactualizados.
Economía popular
El entorno del presidente electo también barajaría propuestas para lograr que los trabajadores de la llamada "economía popular" puedan pasar de la informalidad al sistema productivo.
El acento que se pondrá en generar empleo y en formalizar los trabajos precarizados se coordinará con el Ministerio de Desarrollo Social, que estará encabezado por Daniel Arroyo. El objetivo será estimular el primer empleo para quienes están desocupados, para los que reciben algún plan social o quienes se encuentran en la informalidad laboral.
Incluso se piensa en reemplazar los planes sociales por fuentes de trabajo o establecer que los subsidios que otorga el Estado tengan un tiempo de vigencia. "La idea es que los sectores más desprotegidos empiecen a tener una cultura del trabajo", dicen los asesores del albertismo.