El desarrollo de mega urbanizaciones y el avance sin control de la agricultura y ganadería intensivas continúan siendo «grandes amenazas» para los humedales argentinos, ecosistemas claves para mitigar la crisis climática que aún no cuentan con una Ley que los proteja, dijo Marta Andelman, coordinadora de comunicación de Fundación Humedales.

«En Argentina el 22% del territorio estaba originalmente ocupado por humedales, muchos de los cuales se han perdido o están en proceso de degradación por el uso del suelo y la sobreexplotación de recursos naturales», dijo a Télam Andelman con motivo del Día Mundial de los Humedales que se celebra este domingo.

Son áreas que permanecen en condiciones de inundación o, por lo menos, con su suelo cubierto por agua (de origen fluvial, marino, pluvial o subterráneo) durante periodos de tiempo considerables que amortiguan las inundaciones y las sequías, actuando como esponjas y reservorios.

«Los servicios ecosistémicos que brindan son fundamentales para la adaptación al cambio climático -advirtió Andelman- ya que protegen las costas de los fenómenos meteorológicos extremos y constituyen barreras contra la subida del nivel del mar y los impactos de las tormentas».

Además, remarcó que «proveen agua potable y regulan los efectos del cambio climático global, almacenando grandes cantidades de carbono».

En ese sentido, destacó que según la Convención Internacional de Ramsar a la que Argentina adhiere y cuyo objetivo es la conservación y uso racional de humedales, desde 1970 se perdió el 35 por ciento de los humedales de todo el planeta, a una velocidad que supera tres veces la pérdida de bosques».

Las amenazas

En Argentina las grandes amenazas son su transformación para el uso de distintas actividades productivas y emprendimientos como desarrollo de infraestructura.

«Se drenan los humedales, se rellenan para elevar el terreno y construir mega urbanizaciones como countries y barrios náuticos como los de Escobar, Tigre y la cuenca del río Luján, que provocan inundaciones en áreas aledañas con los impactos sociales, ambientales y económicos que eso implica», dijo la bióloga.

También se refirió a los «cambios en el uso de la tierra para agricultura y ganadería intensiva ya que se desarrollan diques y terraplenes para que el agua no entre en estas zonas productivas inundando campos vecinos e impactando en el equilibrio ecológico del humedal».

En ese sentido, destacó que «el delta del Paraná, segundo en importancia en Sudamérica después del Amazonas, se encuentra endicado en un 14 por ciento».

Por último, consultado por la ley de Humedales, Andelman recordó que «se presentó dos veces. Tuvo media sanción en diputados pero nunca prosperó por los obstáculos que pusieron los agronegocios, temiendo que impidiera desarrollos agrícolas y ganaderos».

«Es importante poner un límite a la degradación que sufren los humedales y definir qué actividades se pueden hacer en esos ambientes y cuáles no. Por eso es fundamental una ley que establezca limitación de desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y vuelcos de desechos en humedales y áreas adyacentes», concluyó.

En Victoria, terraplenes ilegales

La explotación agrícola de Bema Agri fue la más emblemática de construcción de terraplenes, por su tamaño de 2.500 hectáreas.

El emprendimiento se montó sin autorización de la comuna. Hay ordenanzas, como la N° 2.185, que declara "área natural protegida" la zona de islas, y especifica que en esas tierras no se puede cultivar oleaginosas; solo están permitidos cultivos orgánicos. También, se establece que no se podrán realizar obras, salvo las viviendas de los isleños.

Por Ordenanza Nº 1.787/08 se prevé que todo "emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante".

Y la Ordenanza Nº 2.472 actúa como preservación de las condiciones ambientales al establecer que en el suelo litoral, no está admitida la "agricultura y actividades productivas industriales".

El emprendimiento fue a lo largo de los años varias veces cuestionado desde el Estado municipal, que notificó en diversas oportunidades a los dueños sobre la imposibilidad legal de llevar adelante actividades agropecuarias en las islas, así como movimientos de tierras que alteren el normal movimiento del río sin la autorización del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Aguas (Corufa).

En septiembre de 2015 se denunció que la empresa multinacional había cerrado alrededor de 20.000 hectáreas en las islas para la siembra de soja. A pesar de las prohibiciones que existían al respecto, no solo continuaba con esta actividad desde 2008, sino que además estaba construyendo una planta de silos y un galpón de aproximadamente 150 metros de largo; sin que medie autorización alguna de la comuna.

Afortunadamente, el pasado 9 de diciembre, se ratificó la sentencia dictada por la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 de Paraná, la que rechazó la acción judicial promovida por la empresa Bema Agri B.V. en los autos caratulados "Bema Agri B V C/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)", en territorios protegidos como Área Natural de Humedales por Ordenanza Municipal y Ley Provincial, entre otras normas ambientales y constitucionales desarrolladas y aplicadas en el caso concreto.