La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, compartirá este viernes un acto junto con familiares de víctimas del incendio del depósito Iron Mountain, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil, al cumplirse siete años del hecho.

En ese marco, esa cartera ratificará su voluntad de poner áreas específicas a disposición para el avance de la causa.

El acto se realizará a las 18.30 en el Departamento Central de Policía, según informó el viernes en declaraciones a Télam Radio el secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks,

A siete años del hecho, los familiares de las víctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que especifique quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional.

«Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos al Ministerio fue ponernos a disposición de los familiares, y darles todas las herramientas. En ese momento, ellos no eran querellantes en la causa y eso ya ha cambiado», explicó Fuks.

El homenaje se realizará a la espera de un nuevo fallo, ya que «hay pericias que demuestran que no fue un accidente», indicaron familiares de las víctimas.

En tanto, por la mañana los familiares y amigos del personal de Bomberos y Defensa Civil muertos en el incendio realizarán un homenaje en el lugar del incendio, en Azara y Jovellanos del barrio de Barracas.

A siete años del hecho, los familiares de las víctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que especifique quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional.

Este escenario de duda quedó configurado así desde el pasado 29 de diciembre, cuando la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.

En aquel fallo, la Cámara del Crimen aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los «defectos» de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una «grotesca» y «deficiente investigación», por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.