Se trata del día después del último de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), la firma que desde los 90 está a cargo de los peajes y del mantenimiento de la vía troncal que es el principal corredor del Mercosur. En ese momento, los 500 trabajadores quedarán despedidos, ya que la sociedad que los emplea, la concesionaria, está en concurso de acreedores y todo indica que caminará mansa a la quiebra después de que se quede sin caja.

La pregunta que sigue es quién operará la ruta. Hasta ahora, la respuesta es simple: regresa a manos del Estado hasta que el proceso de concesión se termina. Y, como se sabe, "el Estado", en este caso, es Vialidad Nacional, uno de los íconos de la corrupción kirchnerista que hasta se ha dado el lujo de bautizar la causa que la tiene condenada a la expresidenta Cristina Fernández.

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Por estas horas, en las oficinas de Diagonal Sur, donde funciona Vialidad, esperan la hoja de ruta que marca el verdadero número uno informal del lugar, Eduardo "Lule" Menem, uno de los hombres de poder más cercanos a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei.

Si no llega ninguna novedad, en el organismo vial ya informaron que los 500 empleados se quedan sin trabajo y que deberán marcharse a su casa, que se entrega la traza y que será Gendarmería la que cuide las instalaciones y la entidad la que opere la ruta. Además, hicieron saber que se van a levantar las barreras del peaje.

Crusa opera las rutas 12, 14 y 174. Al inicio del contrato, el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la concesionaria 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.

Esta primera pseudo estatización del gobierno de Javier Milei será provisoria y durará hasta que, finalmente, se concrete la privatización del corredor. De hecho, en los últimos días de febrero se llevaron adelante las audiencias públicas para avanzar con la concesión. Sin embargo, faltan varios meses para que el proceso se complete, al punto que ni siquiera están subidos los pliegos como para presentar ofertas, además de que no se ha avanzado en ningún organigrama. Meses largos podrían terminar también en un duradero interregno de la operación estatal.

Los mismos funcionarios le dijeron a la empresa que no hay ningún plan contemplado para los empleados de la concesionaria más que marchar a sus casas y esperar que la concesión que viene vuelva a dar trabajo a quien quiera. De concretarse, este camino será toda una novedad. Hasta ahora, cuando se negociaban los cambios de concesión, los empleados de la saliente ingresaban a la que entra a prestar el servicio. Incluso, se les obligaba a respetar la antigüedad. Nada de eso está previsto por estas horas.

La situación empezó a gestar una olla de presión en la compañía que todavía opera la ruta, ya que es constante la amenaza de corte de ruta como medida de protesta. Desde el sindicato de empleados de estaciones de peaje (Sutba), que históricamente manejó Facundo Moyano, ya se manifestaron sobre el asunto. "El próximo 8 de abril vence el contrato de concesión y hasta el momento no se ha informado cómo se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores ni quién se hará cargo de las indemnizaciones que a cada uno le corresponden por los servicios prestados en la empresa", empieza el comunicado.

En la compañía dicen que es imposible hacer frente a las indemnizaciones, ya que sólo cuenta con el flujo que le representa la recaudación del peaje. Y la falta de actualización desde hace décadas ha llevado a que termine en concurso preventivo, además de iniciar un expediente por daños y perjuicios en el que reclama toda la falta de actualización que, según exponen en el proceso, sufrió la concesionaria.

Paradójicamente, el gobierno de Javier Milei autorizó triplicar las tarifas de los peajes que están bajo el mando de la empresa estatal Corredores Viales, pero entregó un aumento menor (las duplicó) al peaje que se cobra en las rutas de la Mesopotamia que opera Crusa.

El asunto del peaje y la inviabilidad de las concesionarias de las rutas es un tema que el Gobierno conoce de memoria. De hecho, ha planteado en la audiencia que se deberían pagar alrededor de US$2,50 de peaje cada 100 kilómetros, menos aún de lo que es la tarifa media en el mundo (US$3,50), al menos si lo que se pretende es mejorar la ruta y construir, además de mantener y operar.

Respecto de los costos laborales, también conoce perfectamente que el flujo actual impide pagar indemnizaciones. De hecho, entregó fondos frescos y extras a Corredores Viales como para que avance en un plan de retiros voluntarios. El gremio sumó otra voz al asunto de la actualización tarifaria. "Hoy, no solo como organización que defiende a los trabajadores, sino también como actores que hemos señalado las falencias del sistema vial argentino, ante el atraso tarifario del 300% que vienen sufriendo las empresas desde 2018 hasta hoy, y teniendo en cuenta que este último año bajo el Gobierno de La Libertad Avanza los aumentos prometidos no se vienen cumpliendo desde enero, nos preguntamos: ¿Qué solución le piensan dar a los usuarios que vienen sufriendo el deterioro de las rutas? ¿Qué oferentes van a querer invertir en obras de infraestructura si no tienen asegurada la tarifa?", comunicaron en el gremio.

El asunto interesó al juzgado que interviene en el concurso preventivo. Sin la posibilidad de contar con flujo de caja, el convenio caerá y la quiebra será el destino. De hecho, el lunes citó a una audiencia a la empresa y a Vialidad para informarse qué sucederá con el plantel.

Más allá de la cuestión laboral, hay un asunto operativo. Por ahora, excepto que el Gobierno entregue una prórroga hasta tanto se concesione nuevamente, será un asunto de Vialidad. Pero el organismo, a diferencia de su prima, la compañía Corredores Viales, no tiene estructura ni plantel para atender las cabinas. La decisión ha sido levantar las barreras y entregar la guarda y el cuidado de las instalaciones a la Gendarmería.

En la ruta, además, los concesionarios tienen tareas concretas como remover obstáculos, prestar los servicios de grúa, mantener las luminarias y todo lo que tenga que ver con las cintas asfálticas. Todo pasará a manos de Vialidad. Un adicional: la concesión tiene tres puentes (dos del complejo Zárate Brazo Largo y uno de Rosario a Victoria) que requieren algunos servicios especiales. Por caso, cuando pasa alguna carga especial es necesario cortar alguna mano del trayecto por el ancho del puente. Esa operación del día a día que era del concesionario deberá asumir Vialidad, un organismo que jamás contrató una grúa, ya que nunca fue su función.

Así las cosas, avanza la primera estatización de Milei. Será temporaria, hasta que la que arribe empiece con el plan que establezca un pliego que no está publicado aún. Mientras tanto, una de las dos concesionarias de rutas nacionales de la Argentina (la otra es Autopistas del Sol y del Oeste, ambas del mismo grupo) desaparecerá para que el Estado se convierta, una vez más, en operador. Casi un oxímoron de la gestión.

Fuente: Diego Cabot para La Nación