Esta semana ingresó al Juzgado Federal de Gualeguaychú una acción de inconstitucionalidad que implica a dos leyes que establecen el cobro de peajes en las rutas nacionales.

El texto señala que "el Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, que circula por las rutas de nuestra Mesopotamia, provincia de Buenos Aires y del país diariamente, en ejercicio de derechos constitucionales y legales, vengo a promover formal acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra las leyes Nº17520, y la Ley Nº23.696".

El denunciante sostiene que se violan derechos fundamentales "motivo por el cual solicito que se declare la nulidad del peaje, y observándose su nulidad absoluta y ostensiblemente" y agrega que "la presente acción de amparo y medida cautelar innovativa y ordene la suspensión de la leyes mencionadas y por ende se deje sin efecto el pago tarifario de peajes, en el territorio de la Nación Argentina, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Islas Malvinas y se mantenga hasta tanto el Estado Nacional pueda garantizar que este impuesto redunden en mejoras efectivas a los usuarios".

La acción se inicia contra la ley 17520 (7/11/1967), que regula las Obras Públicas, con el fin de realizarlas, mediante su concesión a particulares, sociedades mixtas o entes públicos por el cobro de tarifas o peaje, y la Ley 23.696 (18/8/89), denominada "Reforma del Estado", ley que declaro en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos y toda otra actividad desarrollada desde el Estado, como paso previo a su privatización.

En el primer párrafo de la argumentación se lee que "el amparo se inicia a raíz de una medida arbitraria e irrazonable de parte del Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo de la Nación, toda vez que no se encuentra debidamente acreditada y fundamentada la razonabilidad del tributo/tasa/peaje y dado que no existe una vía alternativa gratuita que ante dicho cobro desmesurado garantice el derecho constitucional al libre tránsito (art.14º C.N), por ende, es inconstitucional las concesiones viales en corredores nacionales bajo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta".

Más adelante cuestiona la formación de "monopolios naturales" avalados por "el Estado Nacional que continua a cargo de las obras por el aporte que realizamos los "Contribuyentes", desde los altos impuestos que abonamos por cada litro de combustible. Es así como el sistema de financiamiento vial en corredores viales nacionales concesionados ha demostrado ser un verdadero fracaso y un notable castigo para quienes transitamos y el resto de la comunidad debido al nulo mantenimiento".

"Debemos recordar que en 2003 un dictamen de la Auditoría General de la Nación Argentina registró un nivel de incumplimiento del 65% de las obligaciones asumidas por parte de los concesionarios viales», descata la presentación ante la Justicia Federal.

También se alerta que «el peaje que se paga desde 1990, para circular en las viejas rutas construidas entre 1930 a 1960, que es la misma ruta con la que encontramos hoy en día, con la diferencia, que hay puntos de peajes, que nos cobran sin haber generado ningún cambio estructural. Calzada única angosta, tránsitos enfrentados que se cruzan a alta velocidad a escasos centímetros, con camiones y buses de doble piso gigantescos que a duras penas entran en la exigua calzada, sin banquinas pavimentadas, con cruces a nivel tanto con ferrocarriles como con otras rutas, travesías por zonas urbanas sin circunvalaciones que preserven los peatones de las ciudades del tránsito pasante, curvas peligrosas, puentes angostos, carencia de alambrados para impedir la invasión de animales sueltos en la calzada, son ejemplos de la escasa o nula inversión en el mejoramiento o modernización de la red vial. Y no hay, en el futuro cercano próximo, cambio alguno, ya que las concesiones fueron nuevamente re-licitadas sólo para mantenimiento».

Finalmente, el texto de solicitud de la medida cautelar para suspender el pago de peajes, como acción colectiva, deja «expuestas en el presente escrito la manifiesta violación normativa y, en atención a la gravedad y urgencia del caso, solicito a su señoría dicte una medida suspensiva a fin de evitar mayores perjuicios, en cabeza de la parte más débil como lo es el usuario de la Red Vial Nacional Concesionada».

Fuente: R2820