La concesión languidece, y el gobierno Nacional anunció que habrá un llamado a licitación para una nueva privatización. No obstante, el tiempo apremia, ya que Caminos del Río Uruguay, la empresa que cobra el peaje -a la cual se le termina la concesión el próximo 9 de abril de 2025-, parece desentenderse de su mantenimiento desde hace tiempo, argumentando -a su vez- incumplimientos del Estado. La situación pone en riesgo la seguridad vial de miles de personas, que desconocen el estado general de la traza.

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A pesar de ser una obra millonaria, de las más imponentes del país y arteria clave del transporte del Mercosur, el deterioro del viaducto en la cabecera de Victoria es de larga data, pero ha ido agravándose con el paso del tiempo. Por ella atraviesan diariamente casi 7.500 vehículos, muchos de ellos de gran porte.

Fin de la concesión

La concesión y el plazo de tiempo extra otorgado oportunamente a Caminos del Río Uruguay S.A. vencerá el 9 de abril de 2025, tras la última prórroga de un año.

Reclamos

«No se aguanta más esto. Soluciónenlo urgente», exclamó un camionero que ingresaba con su transporte a Victoria

No está solo en su queja. Miles y miles de conductores claman por el arreglo de una ruta por la que pagan peaje, y que puede dañar a sus transportes. No obstante, cabe señalar que a veces la impotencia recae en el personal del Control Caminero y Gendarmería, quienes están exentos de dicha responsabilidad, y deben velar por la seguridad vial de los conductores al rayo del sol, sin ningún tipo de resguardo o protección durante horas.

A fines del año pasado, el municipio de Victoria envió nota al gobierno nacional para que se mejorara la transitabilidad y la seguridad del puente Rosario-Victoria.

La de fines del año pasado fue la última de «innumerables» pedidos, a la administración nacional y a la empresa concesionaria por la falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica y banquinas, iluminación y señalización del corredor que es una ruta nacional, inserta en el humedal del delta del Paraná y un área protegida, lo que le agrega mayor complejidad.

A quién corresponde este abandono

Como se sabe, la empresa «Caminos del Río Uruguay» obtuvo una prórroga por un año en la concesión del enlace, bajo el argumento que no existían operadores interesados. Esto llevó a una denuncia realizada hace ya casi un año por Jorge Zatloukal, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), quien la hizo en su calidad de «ciudadano», advirtiendo sobre «un perjuicio millonario para el Estado».

La denuncia se refiere a «presuntas irregularidades en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa estatal Corredores Viales S.A., en torno a la prórroga del contrato de concesión por peajes del corredor vial 18, vencidos desde 2002 según el pliego original», firmada durante el actual gobierno.

El juez federal Julián Ercolini quedó al frente de una causa por presuntas irregularidades en la prórroga de la renovación del corredor vial que atraviesa la zona productiva estratégica en la ruta del Mercosur.

«La prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato», advirtió el documento.

En ese sentido, Zatloukal denunció que la empresa estatal Corredores Viales SA «injustificadamente no se hizo cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peajes».

«Hacerse cargo de las concesiones que se le confieran no es materia de consulta sino una de las obligaciones irrenunciables que emergen del estatuto de la empresa, creada en 2017», durante el gobierno de Mauricio Macri.

La voz de la empresa

Hace unos meses, la actual concesionaria se defendió de las críticas a través de un comunicado, en el que consignaba públicamente «su preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos». Esta situación -remarcaba- «no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 550 empleados».

Por si fuera poco, también reconoció la falta de mantenimiento de las rutas, argumentando lo siguiente: «El deliberado ahogo financiero derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados».

De acuerdo a sus dichos, la situación «forzó a Caminos del Río Uruguay S.A. a presentar su concurso preventivo, que culminó con la homologación reciente de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores».

En este escenario de pases de facturas, responsabilidades cruzadas e incumplimientos financieros, la situación clama por una pronta respuesta hacia los miles de usuarios de la traza, que continúan esperando una solución urgente.

Hoy están a la buena de Dios. Pero eso sí, abonando religiosamente el peaje.