En el pago de la semana pasada, el país giró unos 670 millones, monto que hubiera llegado a los US$ 890 millones sin la mejora. Los otros vencimientos que tendrá que cumplir el país serán en mayo por unos US$ 611 millones; que hubieran sido 801 millones sin la reducción de los sobrecargos, otro en agosto por unos US$ 632 millones (una baja de US$ 197 millones tras la modificación de las tasas) y finalmente otros 632 millones el primero de noviembre, con una reducción de 198 millones de dólares contra los 830 millones originales sin la quita de intereses.

En total, este año Argentina se ahorraría unos 792 millones de dólares por la reducción de los sobrecargos, mientras que en todo el programa vigente, que se modificaría si se llega a un nuevo acuerdo, a una reducción de la deuda por unos 2.250 millones de dólares en todo el programa. 

Estos sobrecargos se aplican desde el FMI a los países deudores que tienen un nivel de pasivos por encima de su capacidad de pago ante el Fondo; e implican entre dos y tres puntos y medio por arriba de la tasa de interés habitual que un estado deudor debe pagar por un acuerdo Stand By o un Facilidades Extendidas.

Precisamente este último es el tipo de pacto que tiene el país con el FMI, el que fue firmado por el exministro de Economía de Alberto Fernández en marzo de 2022, luego de casi un año de negociaciones. La mitad de ese tiempo se concentró en el reclamo del entonces titular del Palacio de Hacienda, para que la contracción comenzara ya con el acuerdo que se discutía con el FMI, y que implicaba una reducción en los pagos anuales que la Argentina debía realizarse al organismo por unos US$ 9.000 millones en todo el acuerdo, finalmente pactado a 10 años. 

Ese reclamo era acompañado por varios países de la Unión Europea (UE), por toda América Latina, China, y contaba con el apoyo ideológico del mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz y hasta el papa Francisco. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2021, ya cuando las negociaciones entre Argentina y el FMI llevaban casi 9 meses de idas y vueltas, el Board del organismo rechazó el reclamo; quitando el tópico del listado de temas que el organismo discutiría durante el 2022. 

Finalmente el acuerdo fue firmado en marzo del 2024 y no incluyó la discusión (mucho menos la rebaja) de los sobrecargos y Argentina sólo tuvo como compensación importante la posibilidad de extender el comienzo del acuerdo por dos años. El Facilidades Extendidas fue firmado entonces por 12 años, con vigencia hasta el 2034, y el comienzo de las liquidaciones efectivas desde el 2024. Precisamente es lo que sucedió el año pasado, ejercicio en el que el país le pago al Fondo unos U$S 5.453 millones; unos 3.000 millones líquidos por arriba de los desembolsos del organismo, que salieron 100% de las reservas del Banco Central. Si se hubiera aplicado la política de reducción de sobrecargos, Argentina se hubiera ahorrado unos U$S 1.500 millones de dólares. 

Lo que se discutió concretamente en el Board en octubre del año pasado, fue la propuesta planteada desde los países europeos, con el apoyo China y casi todo el mundo en desarrollo, de reducción de los sobrecargos; el aumento de la frontera desde la cual se cobran estas tasa de interés extra y reducción de la tasa base sobre la que se miden el inicio de la aplicación de las tasas generales del FMI. Aún no se sabe cuales serán esos porcentajes, pero se sabe que el impulso de la discusión fue la política de la Reserva Federal (FED)y del Banco Central Europeo (BCE) de contraer los tipos de intereses, luego de haberlo subidos a partir de los efectos inflacionarios posteriores a la Pandemia. 

La única referencia que había entre el país y el FMI sobre la contracción de las tasas de interés, fue la negociación de Argentina del 2021. La intención era reducir los sobrecostos del 4,05% reglamentario que le correspondería pagar al país en un acuerdo con el FMI, a un más ameno 1,05%. La alternativa debía ser tratada por el Board. La promesa que se le hizo a Guzmán en aquella negociación, fue que el tema podría tratarse en cualquier reunión del BOard desde abril del 2022 en adelante.

Finalmente hubo que esperar casi dos años y ocho meses para que la promesa se cumpla. Sin embargo, ante la realidad que el tema sería tratado en algún momento dentro de la vigencia del Facilidades Extendidas que se firmó en abril del 2022, Guzmán logró que se incluya una cláusula específica, donde se indicaba que si en el futuro y durante la vigencia del acuerdo las tasas y sobrecargos bajaban, esta mejora se aplique al acuerdo que se rubricaba en ese momento. No hubo problemas para que el capítulo sume al largo listado de compromisos mutuos a cumplir. Es por esa cláusula que ahora Argentina podría beneficiarse. 

La contracción de los sobrecostos era la bala con la que Martín Guzmán quería hacer blanco como principal logro de sus negociaciones ante el b; una alternativa que le permitiría a la Argentina una reducción anual de 900 millones de dólares y de algo más de US$9.000 millones en todo el acuerdo a 10 años. 

La imposibilidad de incluir este capítulo desde el primer momento, le generó a Guzmán un problema político serio dentro del ya en esos tiempos anárquico esquema de poder del gobierno de Alberto Fernández. El no poder haber concretado la reducción de los sobrecargos, fue uno de los argumentos utilizados políticamente por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, para boicotear primero y bombardear después el acuerdo que se negociaba entre el país y el FMI. El kirchnerismo planteaba una contrapartida algo utópica. Y quizá irresponsable. Que Argentina le planteara al Fondo un acuerdo a 20 años (cuando los tratados, todos, tienen un máximo de 10 años sin excepciones), sin tasas de interés, eventualmente con uitas y con un pedido extra: que los funcionarios que firmaron el acuerdo Stand By de 2018 entre Argentina y el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri circulen por Comodoro Py ante la certera conclusión interna que hubo algún tipo de trapisonda político- ideológico- moral entre la gestión macrista y el organismo. Nada de todo esto ocurrió.

Para el kirchnerismo, debían pagar con la cárcel los que habían firmado aquel Stand By por unos U$S 55.000 millones, de los que se liquidaron unos 44.500 millones. Finalmente la crisis política interna fue terminal, y el kirchnerismo votó en contra del acuerdo en el Congreso Nacional; lo que llevó al gobierno de Alberto Fernández de pedirle votos al PRO para aprobar el acuerdo. Lo que finalmente sucedió. Hacia delante, ya no hubo marcha atrás en la crisis política entre el Presidente, Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo.  

Dentro del FMI, la denuncia fue expuesta ante el Board y causó más risa que debate. Sólo hubo una consecuencia interna: el problema le costó el cargo dentro del organismo al mexicano argentino Alejandro Werner, el negociador del Fondo que firmó el Stand By. No fue el único que dejó su cargo. El 3 de julio renunció Guzmán, en medio de un escándalo político- económico con el krichnerismo, lo que con el tiempo resultó terminal. 

Originalmente Guzmán había expuesto el tema en mayo del 2021 ante la entonces directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac (hoy vocera) y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu; sin que la norteamericana y el venezolano se espantaran con el pedido. Pero a todos les quedó en claro que una atribución de este tipo le excede al cuerpo técnico del FMI, y sólo podría lograrse a través de un voto mayoritario de un piso del 85% de los accionistas del Fondo. Esto es, los propios países que financian al organismo y que tienen a los Estados Unidos como aportante mayoritario con el 17% de los votos en el directorio. 
El cálculo que debe hacerse para mensurar lo importante que sería reducir las tasas de interés es el siguiente.

El FMI le cobraba al país por el Stand By firmado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 un 1,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el Ministerio de Economía que manejaba Nicolás Dujovne, y renovado cuando se  se extendió el acuerdo en julio de 2018.

Al no poder cumplir el país el primer Stand By firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo récord del organismo financiero internacional, la entonces titular Christine Lagarde negoció llevar el crédito a unos US$57.100 millones de los cuales se entregaron US$ 54.000 millones hasta julio de 2019. En total el Stand By le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los US$44.500 millones que debe renegociar en un Facilidades Extendidas.

Guzmán confiaba en reducir del 4,05 al 1,05% el costo del Facilidades Extendidas; más allá que desde el seno del organismo se alejó esa posibilidad durante las reuniones finales de diciembre. El funcionario sabe que si los países que manejan la mayoría del directorio se convencen de otorgarle el beneficio a la Argentina, hay aún posibilidades de conseguir la reducción de los intereses; algo que le aportaría al país un ahorro total de u$s9.000 millones en toda la trayectoria del crédito. 

La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente ante la negativa de EE.UU. de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger); así como la aprobación del pacto de 2003 cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.

Fuente: Mdzol – Carlos Burgueño