Provincia
Compras directas «vía excepción», pieza clave para declarar la «emergencia alimentaria» en Entre Ríos
Este jueves ingresó al Senado el proyecto de declaración de la "emergencia alimentaria" en el territorio de la Provincia enviado por el Poder Ejecutivo. Casi al mismo tiempo, en la otra cámara, Diputados, el bloque opositor presentó una iniciativa con igual propósito pero diferente contenido.
En principio, declara la emergencia "en materia de seguridad alimentaria" hasta el día 31 de diciembre de 2024, "con el objeto de garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos conducentes para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración".
El artículo 2º del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo –el Ministerio de Desarrollo Humano- "a tramitar todos los procedimientos de contrataciones directas, vía excepción, para cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 1° de la presente Ley, con arreglo a las disposiciones legales vigentes: Artículo 27° Inc. c), apart. b), punto 9 de la Ley N° 5140 y modificatorias – T.O. Decreto N° 404/95 MEOSP- y Decreto reglamentario 795/96 MEOSP y modificatorios, durante la vigencia del período de emergencia dispuesto en la presente Ley".
En los fundamentos, el texto legal enviado por el Ejecutivo al Senado indica que "el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero de 2024 fue del 20,6%, de este modo, el incremento interanual de la inflación fue del 254,2%, el valor más alto desde abril de 1991 (267%)".
"La coyuntura macroeconómica por la que atraviesa nuestro país dificulta la realización de un cálculo estimativo certero sobre cuáles serán los índices de inflación interanuales para el año 2024 y, consecuentemente, la estimación fidedigna de cuál será la depreciación que pudiere afectar el poder adquisitivo de la ciudadanía", apunta.
Y que "la fuerte devaluación que sufriera la moneda nacional ha traído aparejado importantes incrementos de precios en los servicios públicos esenciales, combustibles y, fundamentalmente, en los alimentos, afectando enormemente los costos de la canasta básica familiar".
"En este marco, sabido es que la inflación y la pérdida de valor adquisitivo afecta en mayor medida a las clases sociales de menores ingresos que destinan el grueso de su presupuesto a la compra de alimentos y al pago de servicios públicos", apunta.
Luego, destaca que son los sectores "más vulnerables de nuestra sociedad, los de menores recursos, quienes deben ser asistidos por el Estado a través de merenderos, comedores escolares y barriales, que a diario ven incrementada su demanda; no siendo solamente niños aquellos quienes deben ser asistidos en lo alimentario, sino también, sus familias. Debe comprenderse además en dicho amparo alimentario a otro sector particularmente vulnerable de la sociedad, el de los adultos mayores".
EL proyecto define: "Es así que desde el 11 de diciembre de 2023, fecha del inicio de la actual gestión de gobierno, se ha venido detectando un incrementando exponencial de los pedidos de asistencia alimentaria de grupos familiares, Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno y organizaciones sociales, encontrándose imposibilitado el Estado entrerriano de sostener la atención de dicha demanda en atención al bajo nivel de stock de mercaderías con el que se recibiera el galpón
concentrador de módulos alimentarios, situación que además se ve complejiza en razón de que la anterior gestión no dio inicio a ningún procesos licitatorios destinados al reabastecimiento de los mismos. Vale agregar que tales procesos licitatorios son hoy, además, de difícil concreción debido a los altos índices de inflación que impiden muchas veces recibir cotizaciones o que las mismas se mantengan en el tiempo, lo que muchas veces genera el fracaso de dichos procesos o un sobre costo de los bienes licitados".
"Es en atención a dicho escenario que la presente iniciativa de ley prevé la autorización para tramitar procedimientos de contrataciones directas, por vía de excepción, para cumplir con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria", agrega.
Y que la actual "situación social alimentaría por la que atraviesa nuestra provincia amerita que tomemos medidas rápidas y expeditas tendientes a resguardar el mentando derecho a la alimentación. Para ello la declaración de la Emergencia Alimentaría Provincial por parte de la Legislatura, otorgará las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo Provincial para afrontar de mejor manera esta realidad".
Fuente: Entre Ríos Ahora
Provincia
El Gobierno provincial habría resuelto intervenir el Iosper
El gobierno de Rogelio Frigerio avanzará con la decisión de intervenir la obra social de los trabajadores del Estado, Iosper. Este martes al mediodía se extendía una reunión del directorio evaluando las novedades, según publicó Página Política.
El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.
Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.
La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.
Cuello de botella
Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.
Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.
Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.
A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.
Fuente: Página Política
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