Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.

La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».

«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.

El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».

Casa Rosada, 19 de diciembre de 2023.
"Hemos recibido hasta este momento 4.310 denuncias, y estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora a la línea 134". pic.twitter.com/M87RnCloSi

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 19, 2023

Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.

Cómo será la protesta

Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:

Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.

«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.

Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta«.

En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».

De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.

También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

El protocolo

El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.

La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró  incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.

Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.

También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».

Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.

La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.

El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.

«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.

Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».

La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.

En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.

Fuente: Télam