Un grupo de abogados presentó un pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak. La denuncia ingresó ayer al mediodía en la Cámara de Diputados y deberá ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político que por estas horas debe emitir el dictamen respecto de la acusación que pesa sobre otro vocal, Carlos Chiara Díaz.

La presentación contra Mizawak recoge el guante de las manifestaciones que hiciera Chiara Díaz en ocasión de efectuar su descargo ante la comisión investigadora en el proceso de juicio político en su contra. Allí expuso una serie de "hechos o serias inconductas atribuibles o imputables" a Mizawak que, a criterio de los denunciantes, podrían ser encuadradas como mal desempeño de sus funciones.

En la presentación efectuada, entre otros, por Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, María Emma Bargagna, Luis Leissa, Jaime y Emilio Martínez Garbino, le cuestionan a la presidenta del alto cuerpo los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de "sobresueldos" y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.

La denuncia debería ingresar mañana a la Cámara de Diputados y tendría que ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento, la misma que por estas horas está definiendo el dictamen respecto de Chiara Díaz.

Viajes y viáticos
La primera causal que se le atribuye a Mizawak es realizar "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción" y "falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias", la misma acusación por la cual Chiara Díaz está sometido a un proceso de juicio político.

Los argumentos de ello fueron esgrimidos por el propio Chiara Díaz en la sesión ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, hace dos semanas, cuando calificó a Mizawak como "la reina de los viajes". Los denunciantes señalaron que "de acreditarse lo expresado por éste (Chiara Díaz), en torno a la cantidad de viajes de la presidente del STJ (…) a partir de lo que sería el uso abusivo de los viajes en comisión de servicios, podría encontrarse directamente afectada u obstaculizada la asistencia regular a las tareas propias del cargo que ocupa".

En la presentación se indicó que "Chiara Díaz evidenció claramente una supuesta absoluta falta de control de parte del Tribunal de Superintendencia –cuyo presidente y máximo responsable resulta ser la doctora Mizawak– en el otorgamiento y rendición de los viáticos concedidos a los magistrados, dejando entrever que actualmente, para el otorgamiento de los mismos, no se exige la presentación de la invitación correspondiente, programa de actividades, como así tampoco la rendición de cuentas".

¿Empresaria?
También se le atribuye a la presidenta del STJ la supuesta "participación en sociedades comerciales con el señor Sergio Daniel Urribarri y el señor Raúl Arroyo", lo que constituiría una "incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura".

Este aspecto de la denuncia tiene dos patas, por un lado se le atribuye una "supuesta participación societaria" de Mizawak, junto a su marido, Arroyo, ex presidente de Enersa y actual secretario de Energía de la provincia, en una firma denominada A y M Sociedad Anónima. Por otro lado, se plantea que el padre y una hija de la presidenta del STJ tenían una empresa en el mismo domicilio fiscal que el ex gobernador Urribarri, en la ciudad de Buenos Aires.

Otra de las causales que se le atribuye a Mizawak es la "percepción de sobresueldos" y el "enriquecimiento sin causa". Este punto está relacionado con la administración de gastos reservados por parte del Superior Tribunal de Justicia.

Al respecto, la denuncia dice que "Mizawak (…) desde el año 2010 al presente habría gestionado y aceptado el pago por el Gobierno de la provincia de fondos provenientes de la partida 'Gastos Reservados' del presupuesto provincial (…) con el fin de que le fueran efectuados pagos mensuales en beneficio propio y en beneficio de otros miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos" y "habría dispuesto que tales importes liquidados con sus haberes mensuales como 'Gastos Protocolares y de Representación', rindiéndose ante el Tribunal de Cuentas".

El caso Smaldone
La otra causal por la que se denuncia a Mizawak tiene que ver con una "manipulación de votos en causa Arralde y tráfico de información", a raíz de la resolución que se dio en el STJ a la acción de inconstitucionalidad presentada por el ex senador Juan Carlos Arralde respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas, sin atravesar por un concurso, como lo ordenaba la Constitución Provincial reformada en 2008.

Esto también fue expuesto por Chiara Díaz ante la Comisión de Juicio Político. El magistrado describió en detalle los corrimientos que se hicieron para que no hubiera sentencia ante aquella presentación.

Chiara Díaz dijo aquella vez, ante la comisión que lo investiga, que "Smaldone renuncia porque le informaron que tenía un fallo en contra. ¿Qué hizo Mizawak? Reformuló la constitución del tribunal para que el caso sea declarado abstracto". En aquel caso, la presidenta del STJ, casualmente, no votó.

Se decide la suerte de Chiara Díaz

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento suspendió ayer la reunión en la que estaba previsto tratar el dictamen en el proceso de juicio político que se le sigue al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz. El encuentro se concretaría hoy a las 9.

La comisión debe elaborar un dictamen respecto de la acusación por mal desempeño de sus funciones y uso indebido de viáticos del magistrado; y luego ese mismo dictamen deberá ser evaluado por el pleno de la Cámara de Diputados, que está convocada a una sesión especial para hoy mismo, a las 11. La Constitución Provincial establece que la Cámara de Diputados "decidirá sin más trámite si se acepta o no el dictamen de la comisión de investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación", es decir, 23 legisladores; y "el quórum para esta sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la cámara", un total de 26 diputados.

Fuente: El Diario