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Justicia

Tiene fecha para ser juzgado el concejal acusado de abusos

El concejal Diego Iván Zapata -Juntos por el Cambio, Rosario del Tala- se sentará el próximo lunes 31 en el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que lo juzgará por abuso sexual a menores. Será ante un tribunal unipersonal, presidido por el juez Mariano Martínez.

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Zapata fue denunciado por el papá de un menor -la causa penal acumula dos denuncias por abuso: una víctima tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos.

Los primeros 30 días los cumplió en la Jefatura de Policía de Tala; los restantes 60 días, en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.

José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores.

En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró, «ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentesdesaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aun investigadas».

Zapata, además, de concejal de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, es enfermero en el Hospital San Roque, de esa ciudad, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola. Fue licenciado sin dieta del Concejo, y suspendido por Salud y Educación, respectivamente, en los cargos que ocupaba. Integra, además, el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tala.

En la discusión en Casación de la causa, Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos «lo amenazaba que si no estaban con él, lo iba a delatar por la red social Instagram». Y contó también que «todos los damnificados recibieron el hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales».

El último 20 de octubre la jueza de Garantías de Rosario del Tala dio acogida favorable al planteo y decidió mantener al concejal Zapata con prisión preventiva en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, por 60 días, período que venció este martes 20 de diciembre.

La defensa del edil apeló esa decisión ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que con la firma del juez de juicio Fernando Martínez Uncal confirmó esta semana la prisión preventiva del concejal. Pero el concejal recurrió ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que decidió otorgarle domiciliaria.

La medida deberá aguardar para materializarse a que se disponga de tobillera electónica.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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Justicia

La clave que podría salvar a la Argentina de la demanda millonaria en Estados Unidos por YPF

La jueza Loretta Preska puso como fecha límite al próximo martes para que el país presente un respuesta con la cual podría cambiar el rumbo del juicio.

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La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena de 16.100 millones de dólares que debe pagar la Argentina por la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La fundación Republican Action for Argentina realizó una presentación ante la Justicia estadounidense en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.

El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Loretta Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.

«Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos», aseguró Irazu.

Podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.

Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

Esta semana será clave porque el martes es la fecha límite para la presentación de las partes y luego la jueza pasará a definir.

Loretta Preska es quien lleva la causa.

Por su parte, el presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, advirtió este domingo a través de su cuenta en la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad en su respuesta a la consulta abierta por la jueza estadounidense, Loretta Preska, que podría derivar en una situación favorable para el país en la demanda por la privatización de YPF.

«Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares», escribió el legislador.

«Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia», añadió.

En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: «Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2».

«Si lo hacen tengo fundadas esperanzas q se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de US$», añadió Campagnoli.

Y puntualizó: «La presentación en EE.UU. se basó en la denuncia del 2006 de Elisa Carrio sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo».

Fuente: Mdzol

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