La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, junto al presidente y la vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez, respectivamente, y el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, se reunieron días atrás con integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de Entre Ríos para debatir sobre el proyecto de modificación de la Ley Nº 9.861.

El presidente del Copnaf manifestó que "la reforma presentada por el gobernador Gustavo Bordet en la Cámara de Senadores propone una revisión del rol del organismo proteccional administrativo dentro del Sistema de Protección Integral de Derechos, diferenciando los distintos niveles de intervención, promoviendo la descentralización territorial y el rol protagónico de los municipios y comunas".

Por su parte, Maximiliano Benítez destacó que el nuevo proyecto aporta mayor institucionalidad a como está establecido actualmente, y es un paso necesario en pos de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.

El presidente de la comisión, el senador Jorge Maradey, expresó: "Estamos satisfechos con esta primera reunión, donde se comenzó a abordar el expediente, que es extenso y complejo. La temática merece atención especial y un análisis minucioso, escuchando a todos los sectores involucrados, por lo que vamos a seguir teniendo reuniones y esperamos tener novedades muy pronto".

La iniciativa tiene el objetivo de garantizar la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y género, como imperativo ineludible que debe guiar el accionar del Estado. Además, el proyecto plantea modificar la actual denominación del organismo de protección nombrándolo como Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Entre Ríos, manteniendo su naturaleza jurídica como ente autárquico, y las atribuciones que ello conlleva, con dependencia directa del Ejecutivo provincial. Con esta modificación también se pretende jerarquizar las condiciones laborales de los trabajadores de la niñez, reconociendo la especificidad de las tareas que llevan adelante.

Por otra parte, propone la creación y regulación de la figura de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, como un organismo independiente e imparcial que vele por supervisar la existencia de programas, servicios y organismos que garanticen el acceso a derechos y el ejercicio efectivo de los mismos.

Antecedentes

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), firmada en el marco de las Naciones Unidas en 1989, fue un hito al establecer una nueva legalidad e institucionalidad, a nivel mundial, para los niños, niñas y adolescentes (NNA). Con esto se inauguró una nueva relación entre ellos, sus familias y el Estado, basada en el paradigma de la protección integral de derechos, en el cual los NNA son considerados sujetos de derechos y se supera la concepción paternalista del antiguo modelo tutelar. Este modelo consideraba a los NNA como incapaces, objetos de protección y de representación necesaria.

En nuestro país, la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, adecuó los preceptos establecidos en la CDN, garantizando los derechos allí consagrados a la normativa nacional. También creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

La sanción de la Ley provincial Nº 9.861 de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, en 2008, fue fundamental para iniciar un proceso complejo de transformaciones institucionales en materia de reconocimiento y garantía efectiva de derechos para los NNA.

En los últimos años, se han producido importantes avances normativos en relación a los derechos de las niñeces y adolescencias, como en el diseño de los mecanismos previstos para garantizar su ejercicio y la protección inmediata de los mismos cuando hubieren sido amenazados o vulnerados.

Además, se produjo la suscripción de nuevos tratados internacionales en materia de derechos humanos, la sanción de leyes nacionales generales como es el Código Civil y Comercial, y de normas especiales relacionadas a la protección y erradicación de las violencias contras las mujeres, la salud mental, el cuidado integral de las infancias y la educación sexual integral.

Por otra parte, la sanción de normas provinciales que regulan los cauces administrativos y judiciales que garantizan la adopción de medidas de protección en relación a NNA y la resolución de conflictos judiciales, desembocan en la necesidad de esta adecuación normativa.