El consulado de Bolivia de Rosario, reclamó la urgente intervención del Ministerio de Justicia de la Nación, luego de que se conocieran la ejecución de allanamiento en varias ciudades de Entre Ríos, que fueron ordenados por la Justicia Federal de Gualeguaychú. A la representación diplomática, se contactaron ciudadanos de Bolivia que se quejaron por los procedimientos en los que se secuestró una importante cantidad de mercadería.

Según lo informado por la Afip, la semana pasada, la Justicia Federal de Gualeguaychú ordenó allanamientos en comercios de Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, San José, Victoria, Diamante, Rosario del Tala y Colón, con el fin de investigar el incumplimiento de la Ley de Marcas.

Por lo reportado por el organismo recaudador nacional, se secuestraron 25.133 prendas de vestir y zapatillas por infracción a la Ley de marcas, o por incapacidad de justificar el legítimo ingreso de la mercadería al territorio aduanero. El valor de las prendas secuestradas ascendió a $55.640.000.

En los allanamientos, también encontraron máquinas que se usaban para falsificar las etiquetas.

Reclamo diplomático

El Consulado de Bolivia emitió en las últimas horas un comunicado de prensa, en que advierte que ante los pedidos de «compatriotas que sufrieron allanamientos en sus comercios», es que se requirió la urgente intervención de organismos de la Argentina.

La representación del vecino país, que se encuentra en Rosario, confirmó que se recibieron pedidos de intervención de comerciantes bolivianos afincados en Paraná y otras ciudades de Entre Ríos.

Para el Consulado, se debe analizar la normativa existente y verificar si se violó la ley contra la discriminación.

Por ello es que se contactaron y trabajaron con el director del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia de la Nación, Sergio Job, para que procure la intervención del CAJ en Paraná. E indicaron que la abogada del CAJ en la capital entrerriana, en coordinación con el vicepresidente de la Colectividad Boliviana de Paraná, Juan Eguez, realizaron un seguimiento del caso.

También se envió una una nota consular dirigida al director del Centro de Acceso a la Justicia de Gualeguaychú, Dr. Francisco Sobral, para hacer gestiones destinadas a que los bolivianos afectados por los allanamientos cuenten con el derecho a la defensa a través de la actuación de la Defensa Pública Oficial Federal.

Con el mismo tenor, se elevó la queja al defensor público oficial federal de Gualeguaychú, Dr. Iván Javier Gueler, pidiendo asumir la defensa legal y técnica en favor de los compatriotas bolivianos que no tienen abogado particular.

En esa línea, también solicitaron a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Marisa Pena, verificar si es evidente que en los allanamientos ordenados por un Juzgado Federal de Gualeguaychú hubo expresiones de xenofobia, racismo y discriminación.

En las medidas, se le reclamó al juez federal de Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, información actualizada del caso, en aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Fraude marcario

Como se recordará, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), llevó a cabo 71 allanamientos en locales ubicados en diferentes puntos del país en el marco de las investigaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Gualeguaychú.

Las inspecciones se realizaron en comercios de indumentaria de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y, en Entre Ríos, en las localidades de Gualeguaychú, San José, Victoria, Colón, Rosario del Tala, Diamante, Paraná y Concepción del Uruguay.

Junto a los agentes especializados de la Aduana, estuvieron en los operativos, personal de la Dirección General Impositiva (DGI), Seguridad Social, con la colaboración de la Policía Federal y Gendarmería Nacional Argentina.

En total, el organismo de fiscalización secuestró 25.133 prendas de vestir y zapatillas por infracción a la Ley de marcas, o por incapacidad de justificar el legítimo ingreso de la mercadería al territorio aduanero.

Además, en una imprenta fueron secuestradas máquinas que se usaban para falsificar las etiquetas.