Justicia
En la tercera semana del juicio, declaran los rugbiers sobreseídos y padres de los acusados
En la 11va. audiencia prevista para este lunes fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que luego quedaron liberados por falta de pruebas.

Los dos jóvenes que fueron sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, y los padres de algunos de los ocho rugbiers que son sometidos a juicio declararán ante el Tribunal de Dolores la tercera semana del debate, en la que además se cumplirá el tercer aniversario del hecho, por lo que los padres del estudiante de abogacía harán un acto en su homenaje.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que para la 11va. audiencia, prevista a partir de las 9 de del lunes en los Tribunales de Dolores, ubicados en Belgrano 141, fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que, con el avance de la causa, quedaron sobreseídos por falta de pruebas en su contra.
Informantes cercanos a la acusación dijeron a Télam que Guarino y Milanesi enfrentarán una declaración «muy delicada», ya que al ser citados como testigos tienen la obligación de decir verdad y con sus dichos podrían incriminar a sus amigos o bien autoincriminarse, lo que obligaría al tribunal a suspender sus testimonios ya que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
«Tendrán que moverse en un margen muy fino, entre decir la verdad y no perjudicar a sus amigos y no caer en un falso testimonio», especuló un vocero con acceso a la causa.
Otro testigo clave de la jornada de mañana será Tomás Ítalo Colazzo, amigo de los imputados y quien fue señalado como «sospechoso número 11» por el abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa como particulares damnificados.
«En el caso de Colazzo, también es una situación compleja, por las mismas razones que los dos jóvenes que fueron sobreseídos, a las que se suma que él nunca fue parte de la causa, nunca brindó declaración ni fue interrogado o intervino en el marco de una actuación judicial que puede ser exigente emocionalmente», explicó a Télam el vocero judicial.
La lista de testigos incluye a Santino Franco Massagli, José Aníbal Leguiza y Juan Ignacio Neme Correa, tres amigos de Blas Cinalli, uno de los ocho imputados, con quienes intercambió mensajes escritos y de audio por la aplicación WhtasApp tras el hecho, entre ellos.
Esta semana trascendieron mensajes enviados por Cinalli enviado a amigos que no integraban el grupo de los rugbiers en los que mencionó «nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos», «creo que matamos a uno», «le dimos murra a uno con el 'perto', lo recagamos a palo, pero mal. Nos vinimos corriendo a la casa», «nos vamos a la playa. Previa en casa, vienen todas las gatas» y «yo sólo quiero tomar vino y fumar flores».
Por último, declararán bajo juramento de decir la verdad ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 las madres de Máximo Thomsen y de Luciano y Ciro Pertossi.
Rosalía Zárate, madre de Thomsen, quien era funcionaria de la municipalidad de Zárate y que renunció tras la imputación de su hijo, será el primer familiar de un imputado en declarar como testigo.
En tanto, María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli y tía de Luciano y Ciro Pertossi, será la otra madre en sentarse frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.
El martes continuarán declarando familiares de los imputados, que fueron propuestos como testigos por parte de la defensa de los rugbiers, que está a cargo del abogado Hugo Tomei y que cuenta con la colaboración de Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano y prima de Lucas Pertossi.
En tanto, Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías; María Alejandra Guillen, madre de Enzo Comelli; Erika Edith Pizzatti, madre de Ayrton Viollaz y Mauro Rubén Pertossi, padre de Luciano y Ciro Pertossi, son los padres citados para el martes, en la segunda jornada de la próxima semana del juicio.
Fuentes de la fiscalía informaron que los padres y madres de los acusados que brindarán testimonio entre lunes y martes son 'testigos de concepto', y que será la defensa -que los convocó a declarar- la que se encargará de demostrar en el juicio cual puede ser el valor de sus eventuales aportes respecto del hecho analizado en el fallo.
Según el artículo 234 del Código Penal Procesal bonaerense, los padres y madres no pueden declarar contra sus propios hijos, por lo que se cree que la parte acusatoria no les va formular preguntas durante el interrogatorio.
Completarán la nómina de testigos del martes el oficial subayudante Andrés Martín; el perito informático Pablo Rodríguez Romero, quien realizó informes sobre la evidencia digital; María del Carmen Badaloni, jefa de la sección Psicología de la Asesoría Pericial La Plata, y el perito psiquiátrico Agustín Costa Shaw.
Está previsto que el debate finalice el miércoles 18 con los testimonios de los médicos legistas Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, éste último especialista en emergentología.
Una vez que finalicen las audiencias con los testigos, están previstos que se realicen los alegatos de las partes, que se cree que será a partir del lunes 23.
En tanto, concluida la prueba testimonial y ante la posibilidad de que puedan hacer uso de sus últimas palabras, no se descarta que alguno de los imputados pida declarar como lo hizo la semana pasada Luciano Pertossi, tal como aseguró su abogado que «todo puede pasar».
Fuente: Télam

Justicia
La clave que podría salvar a la Argentina de la demanda millonaria en Estados Unidos por YPF
La jueza Loretta Preska puso como fecha límite al próximo martes para que el país presente un respuesta con la cual podría cambiar el rumbo del juicio.

La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena de 16.100 millones de dólares que debe pagar la Argentina por la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La fundación Republican Action for Argentina realizó una presentación ante la Justicia estadounidense en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.
El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Loretta Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
«Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos», aseguró Irazu.
Podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.
Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.
Esta semana será clave porque el martes es la fecha límite para la presentación de las partes y luego la jueza pasará a definir.

Por su parte, el presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, advirtió este domingo a través de su cuenta en la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad en su respuesta a la consulta abierta por la jueza estadounidense, Loretta Preska, que podría derivar en una situación favorable para el país en la demanda por la privatización de YPF.
«Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares», escribió el legislador.
«Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia», añadió.

En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: «Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2».
«Si lo hacen tengo fundadas esperanzas q se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de US$», añadió Campagnoli.
Y puntualizó: «La presentación en EE.UU. se basó en la denuncia del 2006 de Elisa Carrio sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo».
Fuente: Mdzol
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