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Gremiales

Gremios docentes advierten que pedirán suba salarial de al menos 35% a la Nación

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En medio de la creciente presión en pos de una reapertura de las paritarias que el Gobierno de Mauricio Macri rechaza, desde gremios docentes nacionales ya advierten que la base de la futura discusión para una nueva suba del salario mínimo del sector a nivel país «no deberá ser inferior al 35%».

En su razonamiento, los dirigentes argumentan que están «muy lejos del 17% que seguramente querrá imponer el Gobierno» -en línea con la estimación de inflación del Presupuesto nacional- y que el alza de precios «no será nunca menor del 25%».

A ello le suman que «hay una pérdida de al menos 10 puntos» en el salario de este año, por lo que enfatizan que «la base de discusión nunca será inferior al 35%». «Y en febrero ese porcentaje puede ser superior», advierten.

La pretensión de los sindicatos de maestros con representación federal es que la discusión sea reabierta este mismo año. Sin embargo, el ministro de Educación Esteban Bullrich considera que la suba del 40,3% en cuotas sellada a principios de año no se vio superada aún por la marcha de la inflación, por lo que -sostiene- no están dadas las condiciones para rediscutir el piso, hoy de $9.062 (y que se elevará en enero a $9.672.

Con esta reticencia oficial como telón de fondo, la Unión Docentes Argentinos (UDA) -que lidera Sergio Romero- ingresó días atrás un nuevo pedido formal de reapertura de paritarias al ministro de Trabajo nacional, Jorge Triaca.

En paralelo, esta semana UDA presentará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por «incumplimiento de paritaria» (por -afirman- la falta de activación de la comisión del salario, por no empezar a trabajar con las cifras no remunerativas y porque no se avanzó con el convenio colectivo de trabajo).

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) -que comanda -Sonia Alesso- protagonizará el próximo viernes una jornada nacional de lucha, en adhesión al día de protesta que llevarán adelante la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

Las medidas de los maestros apuntan a reclamar una reapertura de las paritarias nacional y de las provincias, el cese de las quitas salariales por el Impuesto a las Ganancias y la continuidad de los programas nacionales socioeducativos.

Desde el pasado 24 de agosto, los gremios docentes nacionales llevaron adelante tres huelgas nacionales (la grilla definió paros también el 2 y el 27 de septiembre).

En sintonía, los sindicatos provinciales de maestros recrudecieron en las últimas semanas el reclamo de reapertura de paritarias a los gobernadores, que en la mayor parte de los distritos tampoco están dispuestos a conceder una nueva suba este año, en medio de las urgencias financieras.

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Educación

Sin acuerdo, pasó a un cuarto intermedio la reunión entre el gobierno y docentes

El secretario general del Consejo General de Educación (CGE), Conrado Lamboglia, informó que pasó a un cuarto intermedio el diálogo con los gremios docentes frente a los errores en la liquidación de haberes de noviembre.

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Tras una extensa reunión de hoy, volverán a reunirse este miércoles a las 9 de la mañana. "Hay detalles a seguir definiendo", indicó Lamboglia, quien informó que "todo lo que se vaya a resolver, se va a pagar por complementaria".

Uno de los contrapuntos de la reunión tiene que ver con los motivos de los descuentos. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), su secretario Gremial Marcelo Pagani dijo que "planteamos la devolución total", incluidos los paros. "Entendemos que el derecho a huelga debe ser sin descuentos", afirmó.

En tanto, el funcionario del CGE aclaró que "los días no trabajados son días que no se pagan; es una decisión política tomada con anterioridad".

Recordó además que "no fue parte de ninguna negociación paritaria". "Ahora estamos viendo cuestiones relacionadas a la forma en que se liquidaron los haberes", señaló.

Por otro lado, desde Agmer aseguraron que "la situación es gravísima". Para Pagani, los descuentos "significan poner en riesgo la posibilidad de comer, de pagar alquiler y servicios".

Planteó, asimismo, que "la responsabilidad del Estado es liquidar los salarios como corresponde".

Fuente: Ahora

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