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Justicia

Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la creación de la Fiscalía Anticorrupción

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad. Establece la creación de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública.

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Durante la sesión del Senado entrerriano de este miércoles, se convirtió en Ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea la Fiscalía Anticorrupción, prevista en el Artículo 208 de la Constitución Provincial. El encuentro de este miércoles fue presidido por el vicepresidente primero del cuerpo, Daniel Olano.

Tras la sesión, la vicegobernadora Laura Stratta destacó que la aprobación definitiva de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, lo que era un compromiso que el gobernador formuló en la apertura del período de sesiones ordinarias en el mes de febrero, y remarcó que luego de presentado el proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, la Legislatura entrerriana trabajó con seriedad en el tema, lo que se reflejó en la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras.

Stratta insistió en la importancia institucional que tiene haber reglamentado el artículo 208 de la Constitución de Entre Ríos, al respetar lo decidido oportunamente por la Asamblea Constituyente

El debate

Al hacer uso de la palabra, el senador Horacio Amavet (Uruguay – Frente Justicialista) informó que la semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que él preside, emitió dictamen favorable por unanimidad. De ese encuentro, que fue ampliado a otras y otros legisladores, participó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quien expuso los fundamentos del proyecto. Destacó además que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. "Es un paso muy importante para nuestra democracia entrerriana", dijo Amavet tras destacar que con la aprobación de este proyecto "se logra cumplir un precepto constitucional" (cumplimiento artículo 208). Luego, valoró que el nuevo instituto con competencia en la Provincia, tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales designados con intervención del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el senador Rubén Dal Molin (Federación- Cambiemos) adelantó el apoyo de la bancada opositora al proyecto que establece la creación de la Fiscalía Anticorrupción. 

Además, destacó la unanimidad en las dos Cámaras para la aprobación de este proyecto. "Esto refleja la voluntad de nuestro espacio de acompañar todas las políticas públicas que consideramos cuestión de Estado, y esta es una de ellas, en momento sensible para la aprobación de una norma de esta naturaleza, basada en los principios básicos de la República como la libertad, la transparencia e independencia en los poderes políticos".
En su alocución, también recordó una célebre frase del General Juan Domingo Perón: "El hombre es bueno pero si se lo vigila es mejor".

A su turno, el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) mencionó aspectos puntuales del detalle proyecto y expresó: "Estamos regulando una Fiscalía que fue creada por la Reforma Constitucional de 2008. Es decir, fue voluntad de hombres y mujeres convencionales, que le da legitimidad y una mirada más profunda; y también hablamos de una Constitución de avanzada donde primó el diálogo en conjunto".

Y continuó: "Todos los integrantes de este cuerpo estamos convencidos de la necesidad de luchar contra la corrupción. Para ello, es necesario también contar con hombres y mujeres que se dediquen exclusivamente al ejercicio de la acción penal de estos delitos". 

Para el legislador este proyecto es muy importante además porque "es fruto del consenso de todas las fuerzas políticas". Y ratificó: "Es a partir del diálogo que se logran soluciones superadoras". 

En otro tramo de su discurso, Gay destacó que "el gobernador Gustavo Bordet se comprometió en la apertura de la Asamblea Legislativa de este año remitir este proyecto y hoy, honrando a su palabra, lo estamos tratando" y que "este proyecto tuvo modificaciones y un tratamiento amplio en la Cámara de Diputados, lo que ha demostrado la apertura que tiene la política de la provincia de Entre Ríos en la construcción colectiva y que se tiene desde la gestión".

Fondo de la Editorial 

Asimismo, el Senado aprobó el proyecto de Ley de la diputada Stefanía Cora, por el que se crea el Fondo de la Editorial de Entre Ríos, cuya finalidad será atender los requerimientos financieros que se originen en el cumplimiento de los fines objetivos de dicho organismo.

Como miembro informante de la Comisión, el senador Amilcar Genre Berth explicó: "Este proyecto tiene como objetivo poder brindarle a la Editorial de la provincia de Entre Ríos la herramienta necesaria para obtener los recursos que le permitan el desarrollo de sus funciones y de los objetivos que persigue".

Además, agregó que "la creación de este fondo no significa para la provincia una modificación del presupuesto actual ni tampoco un detrimento de los recursos provinciales, sino que permite darle facultades a la Editorial para poder autogenerar recursos, que le permitan contar con capacidad económica y financiera que a su vez le permiten atender sus funciones y ganar en celeridad en los términos de disponer de dichos recursos".

Estuvieron presentes en la sesión, Fernando Kosiak, director de la Editorial de Entre Ríos; Francisca DAgostino, titular de la Secretaria de Cultura de la Provincia, entre otras autoridades y representantes de la Cultura de la provincia.

Justicia

El misterio continúa: se cumplen 23 años de la desaparición de la familia Gill

La familia desaparecida estaba compuesta por José Rubén «Mencho» Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.

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Hace 23 años fueron vistos por última vez los seis integrantes de la familia Gill. Era un domingo 13 de enero de 2002 cuando un vecino de apellido Fernández los acercó en camioneta desde Viale hasta el campo La Candelaria, en Crucecitas Séptima. Ese día la familia había viajado en remis a un velatorio en la vecina localidad. Desde ese momento todas son conjeturas sobre el paradero de José Rubén Mencho Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.

El voluminoso expediente de 18 cuerpos y más de 3.600 fojas describe con lujo de detalles todo lo actuado desde el inicio de la investigación y se mantiene activo solo por el trabajo del juez Gustavo Acosta y María Adelia Gallegos, la madre de Margarita. Buscan información, chequean y visitan testigos. A lo largo de los años, ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Sergio Urribarri, quien además fue Ministro de Gobierno, ni Gustavo Bordet hablaron públicamente del caso y lo marcaron como una deuda de la democracia entrerriana.

El caso es una postal del Poder Judicial entrerriano. Un juez batallando contra la falta de presupuesto para investigar y la pelea por conseguir que entreguen una recompensa a quien aporte datos. Es más, el caso tuvo un fiscal inexperto que terminó siendo eyectado del Ministerio Público Fiscal por su mal desempeño.

El caso ya se convirtió en un emblema de la inoperancia judicial y policial. A lo largo de los años no hubo un funcionario sancionado por la pésima investigación que recién en 2015 tuvo un despertar genuino con medidas y reclamos.

Lo último actuado fue en diciembre del año pasado. Dos personas se presentaron en diferentes momentos para aportar datos que fueron chequeados y descartados por el juez Acosta, ya que los dos sitios que indicaban ya habían sido inspeccionados por la justicia.

Ahora se sigue aguardando que alguien aporte información.

Breve reseña del caso
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria de alrededor de 500 hectáreas, ubicada en Crucecitas Séptima, a 50 kilómetros de Paraná, y pertenecía entonces a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico, y era donde vivía y trabajaba la familia desaparecida.

La ausencia de la familia Gill fue dada a conocer por Alfonso Goette recién en abril, cuando ya habían pasado tres meses. El estanciero llamó a la familia para decirle que no habían regresado de las vacaciones. Eso provocó que el 3 de abril Luisa Eva Gill realizara una presentación policial en Viale. También el 9 de ese mismo mes, María Adelia Gallego se presentó en la comisaría de Nogoyá para denunciar y el caso quedó en manos del juez Sebastián Gallino, hoy juez federal en Concepción del Uruguay.

El 8 de mayo de 2002, el juez Gallino llamó a Goette a declarar. El hombre dijo que la última vez que vio a la familia fue el 14 de enero de ese año y que cree que se habían ido a vivir a Helvecia, Santa Fe.

En mayo de ese año se dispuso una inspección judicial a la estancia La Candelaria que terminó con un gran asado para los policías que concurrieron. Fue un bochorno.

Recién el 10 de julio de 2003 se hizo un allanamiento oficial. Pero no había nada. Sin embargo, en el expediente ya se conocía que Goette estuvo siete días solo en el campo después de la desaparición de la familia. Recién el 21 de enero llegó un nuevo empleado al lugar, según consta en la causa.

En 2008 y 2009, la causa tuvo un envión importante. Hubo excavaciones y trabajos de campo, pero no apareció nada.

En 2015 llegó Acosta al juzgado y comenzó a trabajar en la investigación. Viajó, visitó testigos y buscó por todas las formas que el gobierno aporte una recompensa.

Pero el mayor impulso en la causa llegó tiempo después de la muerte de Goette, en 2016. A los meses de la muerte del estanciero en un siniestro vial en la ruta 32, apareció un testigo que contó que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejándose por los pozos que le había ordenado cavar el dueño del campo donde trabajaba. Con ese testimonio, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo.

En 2018, se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Gill. Luego, en 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.

El caso está en una meseta que es difícil que supere.

Fuente: Ahora – Canal 9

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