Economía
La Justicia le puso fin a la discusión por la suba de la tarifa de luz
Justicia cerró el camino de la discusión en torno al aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a comienzos de año y que supuso un incremento del 137% respecto a los valores vigentes hasta 2015.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –conformada por los jueces Carlos Chaira Díaz, Susana Medina de Rizzo y Juan Ramón Smaldone—consideró "inadmisible" el planteo de la firma Pisos Gerardo Mizawak SA que, luego de un primer fallo adverso del máximo tribunal, pretendió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata del primer rechazo a un recurso extraordinario para llegar a la Corte a partir de la discusión judicial del aumento de la luz que se produjo en Entre Ríos durante el invierno último. La sentencia, emitida este lunes, se dio en el marco de la causa "Pisos Gerardo Mizawak SA c/Energía Entre Ríos SA (Enersa) y Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) s/Acción de amparo".
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apuntó que "es el primer caso en el que rechazan el recurso extraordinario. Con esto se cierre el capítulo de los amparos sobre tarifas" del servicio eléctrico en la provincia.
Variaciones
El descongelamiento de la tarifa eléctrica –que rigió en 2014 y 2015—produjo, a comienzos de 2016, lo esperado: airadas protesta y una batalla judicial contra las subas dispuestas por el Ente Regulador.
La suba sobrevino luego de dos años de congelamiento tarifario
Un acuerdo firmado por la Provincia con la Nación derivó en un congelamiento de las tarifas, estado que se mantuvo hasta diciembre último.
El fin de ese acuerdo operó en diciembre, y en el verano de 2016 empezaron a aplicarse las primeras subas.
En Entre Ríos, estaba pendiente un incremento del 19,8%, aprobado en audiencia pública de enero de 2014 en Villaguay.
Pero no fue el único incremento
Como los nuevos contratos de concesión incluyen una cláusula de actualización inflacionaria, al poner en vigencia el aumento aprobado en 2014 en Villaguay, el EPRE debió aplicar una suba del 80%. Pero eligió morigerar esa índice. En vez de eso, sólo habilitó una suba del 19,8%. Pero a eso agregó un incremento menor por actualización inflacionaria, del 37%, que cobró vigencia a través de la resolución 150/15.
También agregó dos aumentos más, aprobados por la resolución Nº 12/16: del 37% producto de la variación del valor agregado de distribución (VAD) y del 57% por la suba de precios mayoristas en el mercado eléctrico. De ese modo, comparando la tarifa vigente en diciembre de 2015 y la que empezó a regir en febrero último, la suba general fue del 137%.
Discusión
Cuando las facturas empezaron a llegar a los usuarios, se abrió la batalla judicial por los aumentos. Un primer fallo judicial anuló ese tarifazo.
En junio, la Justicia concluyó que ese aumento violó la legislación al haber pasado por alto la convocatoria a audiencia pública. El primer casó alcanzó a la Cooperativa Eléctrica Quebracho, de Viale y fue planteado por la firma Bioder SA.
No fue el único
En Entre Ríos, se presentaron 16 recursos judiciales contra la suba de la tarifa eléctrica, y todos atacaban un punto: la falta de audiencia pública.
Ese punto, sin embargo, fue resuelto por el EPRE con la convocatoria a audiencia pública el 6 de julio, en Villaguay, instancia en la que el organismo explicó qué metodología se aplicó para actualizar el cuadro tarifario del servicio eléctrico.
Esa convocatoria se hizo aplicando el artículo 51º de la Constitución de Entre Ríos, todavía no reglamentado.
El artículo 51º de la Constitución dice, textualmente: "La Legislatura, el Poder Ejecutivo y los municipios pueden convocar a audiencia pública, y los habitantes solicitarla, para debatir asuntos concernientes al interés general. La audiencia será consultiva y no vinculante. La autoridad deberá explicitar los fundamentos del acto bajo pena de nulidad, indicando de qué manera ha considerado las opiniones de la ciudadanía".
Luego, el 31 de agosto último, se realizó una segunda audiencia, para la revisión quinquenal de la tarifa, en la que los distribuidores pidieron una suba promedio del 20%, que todavía no ha sido resuelto por el EPRE.
Dos sentencias resultan clave en la discusión judicial de la tarifa eléctrica, las que firmaron los camaristas Marcelo Baridón y Gisela Schumacher, que reprocharon falta de "transparencia" del Ente Regulador y lo obligan a convocar a audiencia pública para conseguir la validez del tarifazo.
Pero aunque en primera instancia varios planteos encontraron acogida favorable, cuando llegaron al STJ fueron anulados uno a uno.
En Entre Ríos se presentaron 15 amparos, de los cuales tres fueron rechazados en primera instancia: de la Defensoría del Pueblo de Paraná, de la empresa Raitor SA, y del Club Sportivo Urquiza.
En el resto, que tenían fallos favorables en primera instancia, un tribunal de feria resolvió confirmar la postura del Gobierno, dijeron que no fue necesario convocar a audiencias públicas por cuanto fue un aumento dispuesto por la Nación, que los amparos fueron extemporáneos y que además no era la vía adecuada para reclamar.
Ahora, esa discusión se cierra en una instancia superior: la denegatoria del camino de la Corte.
Sin resolver
La presentación hecha por a Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra las resoluciones dictadas por el Ente Regulador de la Energía que, a comienzos de año, derivaron en un incremento de la tarifa eléctrica del orden del 137%, todavía no ha sido resuelta en la Justicia.
Adecen fue primero con una impugnación administrativa ante el Ente Regulador, con una medida cautelar, que fue rechazada por el organismo de control.
Así fue como en agosto último, Adecen presentó la misma medida cautelar pero en sede judicial. Pide, primero, que se suspenda la aplicación del aumento tarifario, y que después se obligue al Ente Regulador a convocar a audiencia pública, tal como ordena la legislación vigente, antes de aplicar modificaciones tarifarias.
El trámite llegó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná que integran Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón. La pretensión de la entidad que nuclea a los consumidores es que se suspendan los incrementos tarifarios que rigen desde principios de año, con efecto retroactivo y con alcance general, es decir, para todos los usuarios residenciales.
La causa está caratulada "Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) s/Medida Cautelar, y se tramita ante la Sala N° 1 de la Cámara en lo Contencioso Adminstrativo. El trámite judicial cuenta con el patrocinio del abogado Raúl Omar Muñoz.
Pero resta todavía un pronunciamiento del tribunal.
Economía
Se pagó, ¿y ahora qué?: el dato que Milei y Caputo seguirán de cerca
Hay un dato que Javier Milei y Luis Caputo seguirán de cerca para tomar más decisiones económicas clave este año. También comenzará en breve otra etapa: la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo.
Finalmente, ayer a las 10:00 AM el Bank of New York Mellon, agente financiero del país, oficializó la liquidación de los aproximadamente 4.704 millones de dólares correspondientes a la liquidación de enero del 2024 del pago de los Bonares y globales reestructurados en agosto del 2020. En general , fue una jornada tranquila, con un blue descansando desde hace dos días en los 1.220 pesos, con acciones de aquí y de Nueva York y títulos públicos en tenue y prudente suba, y con reservas cayendo unos 1,300 millones, pero con un Banco Central que volvió a comprar divisas por unos 165 millones.
En total, en lo que va del año, la entidad acumula compras por unos 547 millones; con un riesgo país otra vez en baja y cerrando en 564 puntos básicos. Ayer se pagaron unos USD 4.360 millones de los Bonares (AL) y Globales (GD). Aproximadamente USD 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros USD 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes USD 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. De este dinero, unos U$S 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados con cuentas fuera del país, muchos en mercados denominados offshore.
Ahora, a cálculos básicos post pago de los cupones. La foto del stock del Banco Central muestra reservas de aproximadamente U$S 13.800 y 14.3000 millones. De ese dinero, entre 9.000 y 11.000 millones de dólares pertenecerían al Tesoro Nacional, fruto del superávit y de las utilidades de los títulos (que fueron extraordinarias), dinero que se contabiliza parte en pesos. Si la decisión oficial es, como parece por los hechos, dejar ese dinero depositado en la entidad que maneja el, a veces protestón a veces emocionado, Santiago Bausilli, sería la primera vez en décadas que un gobierno pone dinero a ahorrar y exhibir. Y no para gastar. Luego, este dinero podría usarse, por ejemplo, para ayudar a sanear la propia deuda del BCRA, hecho inédito porque siempre fue al revés.
La operación que sigue
Lo próxima que tiene en el cronograma el tándem Javier Milei y Luis Caputo, será seguir de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2024 y de cierre del ejercicio anterior, que se difundirán el próximo martes 14 de enero. Y una vez conocido el resultado, decidir qué hacer con la evolución del crawling peg y la tasa de interés de referencia del mercado. La decisión oficial es tomar una frontera de 2,5% de inflación para tomar una decisión trascendente. Si el dato empata o supera ese porcentaje, se esperará a la inflación de enero 2025 para avanzar.
Si, por el contrario, el IPC se ubica por debajo de ese nivel, Milei dará la orden inmediata, y el mismo martes, de comenzar a desmantelar la política de devaluación oficial pactada en un 2% mensual, hacia un ritmo inferior que en pocos meses ubicaría el alza del tipo de cambio oficial en un 1% cada 30 días. Se haría de manera gradual, y al ritmo de la caída del ritmo de la inflación; con una estructura funcional de entre tres y seis meses, dependiendo del mismo IPC. Con esto se ralentizaría el ritmo de devaluación del 12 al 12% interanual, al revés de los que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), cierta ortodoxia encabezada por Domingo Cavallo y la mayoría de los industriales, quienes piden una revisión de la política cambiaria, dejar flotar el dólar y, eventualmente, aceptar una devaluación del 20%.
Nada de esto está pensando en oficialismo, que considera que la estrategia que se viene desarrollando es la correcta y la exitosa, y la que continuará ejecutándose durante el 2025. EN otras palabras, el tipo de cambio no sólo no se acelerará hacia arriba, sino que dependiendo de la evolución del IPC, bajará en su ritmo de devaluación. Y ya desde el martes, si es que los datos de los precios de cierre del 2024 son favorables.
En paralelo, el gobierno avanzará también (siempre que el IPC lo permita), en una nueva reducción de las tasas de interés de regulación del sistema financiero, bajando del promedio de 38% de cierre del año pasado y arranque del 2025; a un 35%. Y, si continuara la caída de la inflación, volver a una reducción antes del segundo trimestre del año. La idea es potenciar el crédito privado, ante la realidad irrenunciable del Ejecutivo de no emitir ni tomar pesos del mercado local, continuando la tendencia del 2024.
Ambas medidas de coyuntura inmediata (la próxima semana), apuntan al gran objetivo monetario de Javier Milei y Caputo: darle en el primer semestre del 2025 un golpe a la inflación, y llevarla, por fin, a tener un 1 por delante. Los cálculos oficiales insisten en que el combo crawling peg al 2% y una tasa de interés por arriba del IPC, potencial el alza de los precios en un punto porcentual mensual. Y que la contracción propuesta, sería el instrumento primario y válido para acelerar la caída en el ritmo de aceleración, al menos en un nivel de 1% cada 30 días. El entusiasmo oficial parte de las planillas de inflación mayorista, la evolución de los índices de alimentos y bebidas y otros bienes, los efectos que las importaciones crecientes estarían marcando en los precios como barrera de suba, y la idea que un tipo de cambio estable y con desaceleración devaluatoria; debería ser el freno final para llevar el alza del IPC al ritmo que se espera en el oficialismo y que figuraba en el fallido proyecto de presupuesto para el 2025 que el Congreso Nacional nunca trató. Ni tratará.
La caída del ritmo de inflación es la gran carta de popularidad que ahora se juega el gobierno, y que, a los ojos e intenciones del oficialismo, estaría al alcance de la mano.
Otro paso importante que comenzará a tramitar el ministerio de Economía, es la preparación del segundo pago de importancia del año: el de los cupones de los Bonares y boreales de julio próximo; una obligación que casi replica la liquidación de ayer. Por lo que se sabe, la idea de Caputo es contabilizar para ese compromiso gran parte de los 1.000 millones obtenidos por el REPO oficializado a fines del 2024, e ir sondeando entre marzo y junio las verdaderas posibilidades de colocar deuda en el mercado financiero voluntario de deuda internacional; una opción por ahora vedada y que para abrirla debería haber primero un riesgo país de tres dígitos con un tres por delante.
Mientras tanto, comenzará en breve una nueva etapa; la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo, posiblemente un Stand By sobe la base del pacto cerrado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal como informó este diario, desde la segunda quincena de enero, y luego del parate por las fiestas y el fin del comienzo del 2025, las partes retomarán las comunicaciones desde la semana que viene. Habrá tiempo para negociar. El 20 de enero asume Donald Trump y todos saben que la situación para la Argentina cambiará, se supone a favor. La próxima misión a Buenos Aires de hombres y mujeres del FMI, está pactada para el 10 al 15 de marzo. Mucho o poco tiempo, se verá.
Fuente: Mdzol – Por Carlos Burgueño
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