El informe ImplementAR 2021 resume las acciones de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud para la implementación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo en el país, los logros y desafíos.

La norma se sancionó el 30 de diciembre de 2020, y el documento oficial hace un balance de su aplicación hasta el último día de 2021.

«Son 59.348 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 31 de diciembre de 2021», confirmó a Télam, Valeria Isla, titular de la DNSSR.

Otros datos que aporta el informe es que son 1.347 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica.

El estudio suma que se distribuyeron 74.057 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos.

«Está disponible en todo el país como tratamiento seguro para el acceso al aborto con medicamentos», explicó la directora de Salud Sexual y Reproductiva.

El informe detalla que se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE/ILE, en los casos de violación y en la atención posaborto.

Además, precisa que se desarrolló una línea de formación en prevención y asistencia ante abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.

«Son grandes pasos y avances en la implementación de la ley», destacó Isla.

La dirección también gestionó una donación de 25.000 tratamientos con Fos Feminista (ex Federación Internacional de Planificación de la Familia) e inició el proceso de adquisición de 50.000 tratamientos Combipack -incluye Mifepristona y Misoprostol, indicado por la OMS como el esquema ideal y adecuado para interrumpir un embarazo- mediante el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para su ingreso al país en el segundo semestre de 2022.

«Se incrementó cinco veces la compra de misoprostol», reveló la funcionaria.

Sobre los llamados al 0800-222-3444, línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, el documento oficial revela que recibió 21.800 consultas sobre interrupción del embarazo.

Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos, ya que entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.

El informe destaca que no hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra de la Ley 27.610 y especifica que hasta el momento la Justicia rechazó 26 de las 37 demandas iniciadas en todo el país. Del resto de las causas, siete esperan un pronunciamiento judicial y 4 fueron archivadas.

El equipo legal de la DNSSR, en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, organizaciones de la sociedad civil y abogadas de Salta «ha trabajado en la defensa técnica» de Miranda Ruiz, residente de medicina familiar del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

La médica «está imputada preliminarmente por el delito de aborto sin consentimiento, a pesar de que en la historia clínica consta tanto el consentimiento informado firmado por la paciente, como la certificación de la causal por el equipo interdisciplinario del efector; por tal motivo se solicitó colectivamente su sobreseimiento», explica el documento.

A fines del año pasado se inició el proyecto «Más Servicios» con un equipo de personal experto con el objetivo de identificar las estrategias en el plano de gestión, de recursos humanos y de comunicación para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud a la práctica del aborto.

La educación sexual integral es uno de los eje de trabajo, y se usa como herramienta pedagógica una serie audiovisual para la formación en detección y abordaje del abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia.

En ese sentido se activó el «Proyecto Abordaje en Red» para la de atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y embarazo forzado, que se desarrolló en Jujuy, Misiones y Entre Ríos con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Otro proyecto fue con Católicas por el Derecho a Decidir en Formosa y Santiago del Estero para consolidar la formación de equipos de capacitación y de atención en derechos sexuales y no reproductivos.

En cuanto a comunicación de la ley de aborto legal, los protocolos de IVE ILE y de violaciones sexuales, fueron adecuados por y para las mujeres indígenas en idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

También hubo adaptaciones comunicacionales para personas con discapacidad.

El correo electrónico saludsexual@msal.gov.ar se habilitó para la atención en forma escrita de las personas sordas y con disminución auditiva, entre otras acciones donde se trabajó con quienes conviven con discapacidades.

Al ser consultada sobre los desafíos, Isla señaló que «hay que seguir ampliando los equipos de salud en todo el país e incorporar la interrupción del embarazo en la estrategia de atención primaria de la salud».

Además, consideró necesario «disminuir las brechas de desigualdad que hay entre provincias. Hay algunas que avanzaron mucho en coberturas de servicios y calidad, y otras que van muy lentas con gran esfuerzo de los equipos profesionales de la salud. Se requiere más respaldo de autoridades sanitarias provinciales».

La directora dijo también que «hay que hacer que se conozca mas la ley, este derecho nuevo entre la población para que pueda demandarlo y acceder».

«Seguir ampliando la cobertura de métodos anticonceptivos modernos y eficaces, con buenas consejería, acceso a anticoncepción hormonal de emergencia de manera preventiva y gratuita, y la implementación plena, efectiva de la educación sexual integral (ESI)», son otros ejes a profundizar, según la funcionaria.

«Está demostrado que adolescentes que pasan por la ESI con perspectiva de derechos tienen mejor acceso a métodos, previenen embarazos no intencionales y pueden concluir su trayectoria educativa con regularidad», agregó.

La ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo: hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (IVE). Y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.

Línea 0800-222-3444, nacional, gratuita y confidencial sobre salud sexual y reproductiva.