Justicia
El lunes definirán si habrá juicio por la usurpación del campo de Etchevehere
Luego de casi once meses del polémico hecho ocurrido en el establecimiento "Santa Elena", de la familia Etchevehere, ubicado en el departamento de La Paz, se acerca el día clave.
La causa aguarda su elevación a juicio, con solo dos imputados por ese hecho, Dolores Etchevehere y su abogado Facundo Taboada. Dolores también está imputada por el delito de desobediencia a la autoridad.
Luego de una investigación de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, donde se recolectaron pruebas documentales y testimoniales, los funcionarios judiciales pidieron su remisión a juicio. De este modo, el juez de Garantías Walter Carballo decidirá su destino: los fiscales solicitaron una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional para ambos acusados.
La usurpación
El 15 de octubre de 2020, cerca del mediodía, Etchevehere y Taboada, junto a un grupo de cuarenta personas presuntamente ligadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Proyecto Artigas, respaldado por el dirigente social Juan Grabois, ingresaron en más de 15 vehículos al establecimiento Casa Nueva y les pidieron a Osmar Barreto y Ramona Rodríguez, caseros del campo, las llaves de la casa principal.
De acuerdo a lo expuesto en la causa, exigieron la entrega de las llaves "amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto, sin violentar, una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma" y le comunicaron "los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos".
Denuncia y repercusión nacional
En ese momento, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura y hermano de Dolores, denunció públicamente la ocupación del establecimiento familiar. En tanto, Grabois respaldó la toma del lugar luego de que Dolores anunciara una cesión de tierras para que se lleve adelante allí un programa agroecológico.
Sobre la usurpación, Grabois expresó: "Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores".
No obstante, Leonor Barbero, madre de Dolores, y sus hermanos explicaron con un documento que ella ya no era integrante de la empresa propietaria del predio.
En este sentido, los fiscales explicaron que «la propia Dolores Etchevehere ha cedido el 100% de los derechos sucesorios a favor de los restantes herederos y socios, en el sucesorio del causante Luis Félix Etchevehere. Se convino así, la separación mensura y deslinde de parte de aquel campo Casa Nueva, asignándose a Dolores Etchevehere un lote que no coincide con el casco del establecimiento, lo que a la fecha del hecho no se había escriturado ni se había tomado posesión. De ello se deriva necesariamente el pleno conocimiento tanto de Dolores, como del abogado Taboada, de que la irrupción realizada carecía de cualquier viso de legalidad".
"El informe remitido por el Registro de la Propiedad Inmueble de La Paz, dice que dichos inmuebles pertenecen a Las Margaritas SA. En igual sentido, la documentación aportada por el escribano José Luis Zuffiaurre, sobre la Asamblea General Extraordinaria de Las Margaritas SA, donde fuera tratada y se transcribiera aquel acuerdo sobre la escisión societaria de la socia Dolores Etchevehere y cesión de sus derechos hereditarios, así como la escrituración a favor de esta última de los inmuebles escindidos", precisaron.
Intervención de la Justicia
El abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto, presentó un pedido de desalojo pero el juez Raúl Flores lo rechazó por considerar que la sucesión no estaba concluida, en el marco del conflicto que mantenía la familia. "Estamos muy plantados, de guapos no nos van a sacar", decía Grabois.
Con el correr de los días, la tensión fuera y dentro del predio ocupaban las primeras planas de los medios. Mientras tanto, los integrantes del MTE hacían una huerta con plantines que habían llevado en el medio del parque.
El 25 de octubre por la mañana, en medio de una fuerte lluvia, cientos de productores de distintas regiones del país llegaron hasta Santa Elena para participar de una jornada de rechazo contra la toma. "No le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner", afirmaba el exfuncionario frente a la gente que lo fue a respaldar. Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Grabois organizó una convocatoria frente al predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo.
Luego de 14 días de toma, la jueza de segunda instancia, María Carolina Castagno ordenó la inmediata restitución y reintegro del bien tomado: "Deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible; proceder a la identificación de todos los ocupantes", dispuso.
Fin de la toma
El 29 de octubre de 2020, uno a uno se retiraron voluntariamente del predio, salvo Dolores que se rehusó a firmar el acta de notificación, aduciendo que era su voluntad permanecer, por lo que se procedió a su detención.
Luego de dos semanas de vigilia en la tranquera de la entrada al campo, la familia Etchevehere logró recuperar Casa Nueva, en Santa Elena. Con sensaciones encontradas y contradictorias, ese jueves por la tarde ingresaron al casco.
Allí se encontraron con un panorama desolador, como habitaciones en "estado deplorable". Los ocupantes "usaron la ropa blanca del campo y durmieron en los dormitorios", según relataron.
Además de barandas rotas de la galería, encontraron varias celosías destruidas, postigos violentados y en la cocina habían arrancado el bajo mesada. En el parque habían realizado unos pozos para construir un horno de barro que quedó a medio hacer. "Hasta levantaron en un patio interno un altar del Gauchito Gil", contó el exfuncionario en esa oportunidad.
Fuente: La Nación
Justicia
El misterio continúa: se cumplen 23 años de la desaparición de la familia Gill
La familia desaparecida estaba compuesta por José Rubén «Mencho» Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.
Hace 23 años fueron vistos por última vez los seis integrantes de la familia Gill. Era un domingo 13 de enero de 2002 cuando un vecino de apellido Fernández los acercó en camioneta desde Viale hasta el campo La Candelaria, en Crucecitas Séptima. Ese día la familia había viajado en remis a un velatorio en la vecina localidad. Desde ese momento todas son conjeturas sobre el paradero de José Rubén Mencho Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.
El voluminoso expediente de 18 cuerpos y más de 3.600 fojas describe con lujo de detalles todo lo actuado desde el inicio de la investigación y se mantiene activo solo por el trabajo del juez Gustavo Acosta y María Adelia Gallegos, la madre de Margarita. Buscan información, chequean y visitan testigos. A lo largo de los años, ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Sergio Urribarri, quien además fue Ministro de Gobierno, ni Gustavo Bordet hablaron públicamente del caso y lo marcaron como una deuda de la democracia entrerriana.
El caso es una postal del Poder Judicial entrerriano. Un juez batallando contra la falta de presupuesto para investigar y la pelea por conseguir que entreguen una recompensa a quien aporte datos. Es más, el caso tuvo un fiscal inexperto que terminó siendo eyectado del Ministerio Público Fiscal por su mal desempeño.
El caso ya se convirtió en un emblema de la inoperancia judicial y policial. A lo largo de los años no hubo un funcionario sancionado por la pésima investigación que recién en 2015 tuvo un despertar genuino con medidas y reclamos.
Lo último actuado fue en diciembre del año pasado. Dos personas se presentaron en diferentes momentos para aportar datos que fueron chequeados y descartados por el juez Acosta, ya que los dos sitios que indicaban ya habían sido inspeccionados por la justicia.
Ahora se sigue aguardando que alguien aporte información.
Breve reseña del caso
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria de alrededor de 500 hectáreas, ubicada en Crucecitas Séptima, a 50 kilómetros de Paraná, y pertenecía entonces a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico, y era donde vivía y trabajaba la familia desaparecida.
La ausencia de la familia Gill fue dada a conocer por Alfonso Goette recién en abril, cuando ya habían pasado tres meses. El estanciero llamó a la familia para decirle que no habían regresado de las vacaciones. Eso provocó que el 3 de abril Luisa Eva Gill realizara una presentación policial en Viale. También el 9 de ese mismo mes, María Adelia Gallego se presentó en la comisaría de Nogoyá para denunciar y el caso quedó en manos del juez Sebastián Gallino, hoy juez federal en Concepción del Uruguay.
El 8 de mayo de 2002, el juez Gallino llamó a Goette a declarar. El hombre dijo que la última vez que vio a la familia fue el 14 de enero de ese año y que cree que se habían ido a vivir a Helvecia, Santa Fe.
En mayo de ese año se dispuso una inspección judicial a la estancia La Candelaria que terminó con un gran asado para los policías que concurrieron. Fue un bochorno.
Recién el 10 de julio de 2003 se hizo un allanamiento oficial. Pero no había nada. Sin embargo, en el expediente ya se conocía que Goette estuvo siete días solo en el campo después de la desaparición de la familia. Recién el 21 de enero llegó un nuevo empleado al lugar, según consta en la causa.
En 2008 y 2009, la causa tuvo un envión importante. Hubo excavaciones y trabajos de campo, pero no apareció nada.
En 2015 llegó Acosta al juzgado y comenzó a trabajar en la investigación. Viajó, visitó testigos y buscó por todas las formas que el gobierno aporte una recompensa.
Pero el mayor impulso en la causa llegó tiempo después de la muerte de Goette, en 2016. A los meses de la muerte del estanciero en un siniestro vial en la ruta 32, apareció un testigo que contó que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejándose por los pozos que le había ordenado cavar el dueño del campo donde trabajaba. Con ese testimonio, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo.
En 2018, se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Gill. Luego, en 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.
El caso está en una meseta que es difícil que supere.
Fuente: Ahora – Canal 9
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