Provincia
La administración pública entrerriana continuará trabajando de manera virtual hasta el 4 de junio
A través del decreto Nº 1144, el gobierno entrerriano dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, desde el lunes 31 de mayo hasta el viernes 4 de junio inclusive.
Quedan exceptuados el personal de salud, seguridad y de comedores.
También se invita, a través de la normativa, a aplicar medidas similares a las autoridades de los poderes Judicial y Legislativo, municipios, comunas y a las autoridades de las empresas y sociedades del Estado.
A través del Decreto Nº 1144 emitido por la provincia, da continuidad al Decreto Nº 1112 del 21 de mayo; y en base al análisis de la situación epidemiológica que elabora el Ministerio de Salud, y a fin de reducir la circulación y la aglomeración de personas, se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal de la administración publica central y descentralizada. La medida será en el período comprendido entre el lunes 31 de mayo de 2021 y el viernes 4 de junio de 2021 inclusive.
La norma establece además, en su artículo 2, excepciones para el personal con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, Policía de la Provincia, Dirección General del Servicio Penitenciario, Subsecretaría de Políticas Alimentarias incluyendo al Personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, al de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito y al de los Registros Públicos dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia. Para ello las autoridades de cada jurisdicción organizarán al personal declarado esencial, los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables.
En tanto, se excluye de la excepción prevista en el mencionado artículo "al personal con prestación de servicios en el Ministerio de Salud y en el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES ID: DCOES022 y en el art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN y/o en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, dispensando a los mismos de la asistencia a sus lugares de trabajo".
Además, se deja establecido "que las dispensas concedidas en el presente decreto se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota".
Por otra parte, se suspenderán los plazos administrativos en el mismo período excepto "los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas, los concernientes a las operaciones de crédito público, a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción, les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia".
Dicho decreto se da en el ejercicio de las facultades otorgadas por la autoridad nacional y tiene por "objeto contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública".
Provincia
El Gobierno provincial habría resuelto intervenir el Iosper
El gobierno de Rogelio Frigerio avanzará con la decisión de intervenir la obra social de los trabajadores del Estado, Iosper. Este martes al mediodía se extendía una reunión del directorio evaluando las novedades, según publicó Página Política.
El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.
Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.
La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.
Cuello de botella
Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.
Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.
Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.
A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.
Fuente: Página Política
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