El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.

Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.

La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.

Cuello de botella

Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.

Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.

Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.

A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.

Fuente: Página Política