Economía
Enersa aplica un "plan estímulo" para usuarios que ahorran energía
Mientras está pendiente de resolución el resultado de la audiencia pública que tuvo lugar el 30 de agosto, en Villaguay, en la que las distribuidoras pidieron un incremento promedio de la tarifa eléctrica del 20%, la principal prestadora del sector, la estatal Electricidad Entre Ríos (SA), salió a explicar cuál fue el impacto de la suba que se aplicó desde febrero último y cuáles son los planes de subsidio al consumo que hoy rigen en la provincia.
Enersa concentra el 71% del mercado y cuenta con 350 mil clientes en la provincia por lo cual es el principal actor del sistema eléctrico entrerriano.
En junio último la empresa Bioder SA, de Viale, abrió una batalla judicial contra el incremento tarifario que autorizó el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), del 130% para usuarios residenciales y del 120% promedio para grandes consumos. Pero aunque el pleito prosperó en los tribunales de primera instancia, cuando recayó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la cuestión se salvó a favor de las distribuidoras y del EPRE.
En Enersa están convencidos que el aumento que el aumento que se debatió a finales de agosto en la audiencia pública de Villaguay recién se aplicará en 2017 por cuanto así lo dio a conocer el propio interventor del Ente Regulador, José Carlos Halle. Mientras, distribuyeron entre los usuarios información respecto de la composición del cuadro tarifario, el impacto del aumento y el detalle de los subsidios vigentes.
Información. En la última factura que distribuyó, la distribuidora entregó a los usuarios tres hojas con seis carillas impresas con información sobre el cuadro tarifario.
"A efectos de ampliar la información suministrada respecto del incremento tarifario en el servicio eléctrico en la provincia de Entre Ríos, que comenzó a regir el 1º de febrero de 2016, le adjuntamos a continuación un resumen explicativo de dicho incremento", dice el texto que entregó la distribuidora estatal.
El resumen es, a decir verdad, bien extenso.
Enersa detalla que la tarifa que paga el usuario se compone de tres elementos, a saber: los costos mayoristas de generación, que es resorte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa); el costo de distribuidora, propio de la provincia, que es definido por el Ente Regulador, que equilibra un costo "razonable" para el usuario y un ingreso necesario para que las distribuidoras puedan prestar el servicio; y
la carga impositiva.
Respecto del costo mayorista, explica Enersa, la existencia de los subsidios que aplicaba la Nación permitió mantener encorsetada la tarifa, hasta que en diciembre último parte de esos subsidios desaparecieron. "Estos subsidios, que comenzaron siendo pequeños, al llegar al año 2015 representaban casi el 90% del costo; es decir, el usuario residencial final pagaba en su factura algo más del 10% del costo real de generación de la electricidad", indicó la distribuidora.
Pero desde febrero último, por la reducción de esos subsidios, el usuario final "pasó a pagar algo más del 30% del costo real de generación, mientras que el resto continúa siendo abonada por el Estado Nacional".
Respecto a la órbita provincial, y por aplicación del congelamiento acordado con la Nación durante la última etapa del kirchnerismo, desde noviembre de 2013 no se aplicaron recomposiciones en la tarifa eléctrica. La situación se mantuvo así hasta noviembre de 2015. "Luego de 26 meses de tarifa congelada", subrayó, en febrero de 2014, y luego de una audiencia pública, se autorizó una suba del 19,8%, que no obstante no se aplicó sino hasta este año.
A esa suba promedio del casi 20% se agregaron también las actualizaciones trimestrales a los que habilitan los nuevos contratos de concesión firmados en la provincia con las distribuidoras.
Esa suba del 19,8%, más las actualizaciones trimestrales, más los mayores costos del mercado eléctrico mayorista, más el impacto de la carga impositiva, que también aumentó (las tasas tienen un techo del 16%; el Fondo de Desarrollo Eléctrico varía entre el 13% y el 18%, y el IVA, del 21%) determinaron la suba promedio del 130% para usuarios residenciales que se aplicó en 2016.
Subsidios. De todos modos, desde Enersa sostienen que el impacto de la suba es morigerado con la instrumentación de planes de "estímulo" y de la tarifa social.
"No obstante los incrementos indicados, en Entre Ríos el 26% de los usuarios residenciales reciben el beneficio de la tarifa social nacional, donde los impactos de los incrementos han sido sensiblemente menores", aclara Enersa.
Pero además, la distribuidora implementa lo que denomina como "plan estímulo", que apunta a conseguir que los usuarios "ahorren" energía que, así, se traduce en un menor costo de la tarifa final. Existen dos escalas: para los que ahorran entre el 10% y el 20%, y otra franja está constituida por los que ahorran más del 20% respecto al mismo período del año anterior.
En esos casos, el incremento promedio puede ser de entre el 20% al 30% más bajo que para el resto de los usuarios residenciales.
También el cuadro tarifario incluye otros beneficios. La tarifa eléctrica social que surge de un padrón de beneficios que elabora la Secretaría de Energía; la tarifa social para jubilados, para lo cual el haber que se percibe debe ser menor a 1,5 veces el salario mínimo; tarifa social para familias de hasta 4 integrantes, que deben ser de escasos recursos y "una serie de necesidades básicas insatisfechas", relevadas por un asistente social del Estado; en este caso se les bonifica 200 kWh por bimestre; tarifa social para familias con más de 4 integrantes, se bonifican hasta 200 kWh; y un programa de inclusión al consumo eléctrico, que alcanza a grupos familias que no cuentan con servicio eléctrico o lo tienen en condiciones "irregulares: en ese caso, Enersa subsidia la instalación del pilar, el derecho de conexión (que tiene un costo de entre $360 y $690) y un consumo de hasta 220 kWh.
Y además, la tarifa para la salud, un beneficio para usuarios de escasos recursos que estén enfermos y que para su tratamiento requieran del servicio eléctrico; el subsidio consisten en un descuento equivalente al monto de 800 kWh bimestrales.
Proponen que se facture por mes
El senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que apunta a modificar los mecanismos de facturación que utilizan las distribuidoras: el legislador que las facturas lleguen todos los meses, y no en forma bimestral.
La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara Alta y será analizada en la comisión de Legislación General, apunta a beneficiar a miles de usuarios del servicio eléctrico en la provincia que actualmente abonan facturas con montos mayores a los que debieran pagar, si se modificara la forma de medición del consumo, indica Mattiauda.
En ese sentido, "propongo que las prestatarias efectúen mensualmente la toma del estado del medidor de todos sus clientes (en todas las categorías) ya que actualmente los diferencian en tramos, asignándole a cada uno un valor diferencial creciente en función al aumento del consumo".
"La medición bimestral promueve a que el usuario pague un valor o un costo del kWh caro, por un excedente que no consumió, que queda a beneficio de la prestataria y que no refleja el costo real de kWh utilizado", indica el legislador.
Al respecto, sostiene que las empresas diferencian los consumos en tramos asignándole a cada uno un valor diferencial, creciente en función al aumento del consumo. La medición bimestral promueve a que el usuario pague un valor o un costo del kWh caro, por un excedente que no consumió, que queda a beneficio de la prestataria y que no refleja el costo real de kWh utilizado, subraya.
"Tomando una factura emitida por Enersa en la localidad de Victoria, se observa: cargo fijo de $87,70, los primeros 250 kWh a un valor de $0,9372; los siguientes 450 kWh a $1,2750 y el excedente a $1,4922", indica.
Economía
Se pagó, ¿y ahora qué?: el dato que Milei y Caputo seguirán de cerca
Hay un dato que Javier Milei y Luis Caputo seguirán de cerca para tomar más decisiones económicas clave este año. También comenzará en breve otra etapa: la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo.
Finalmente, ayer a las 10:00 AM el Bank of New York Mellon, agente financiero del país, oficializó la liquidación de los aproximadamente 4.704 millones de dólares correspondientes a la liquidación de enero del 2024 del pago de los Bonares y globales reestructurados en agosto del 2020. En general , fue una jornada tranquila, con un blue descansando desde hace dos días en los 1.220 pesos, con acciones de aquí y de Nueva York y títulos públicos en tenue y prudente suba, y con reservas cayendo unos 1,300 millones, pero con un Banco Central que volvió a comprar divisas por unos 165 millones.
En total, en lo que va del año, la entidad acumula compras por unos 547 millones; con un riesgo país otra vez en baja y cerrando en 564 puntos básicos. Ayer se pagaron unos USD 4.360 millones de los Bonares (AL) y Globales (GD). Aproximadamente USD 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros USD 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes USD 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. De este dinero, unos U$S 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados con cuentas fuera del país, muchos en mercados denominados offshore.
Ahora, a cálculos básicos post pago de los cupones. La foto del stock del Banco Central muestra reservas de aproximadamente U$S 13.800 y 14.3000 millones. De ese dinero, entre 9.000 y 11.000 millones de dólares pertenecerían al Tesoro Nacional, fruto del superávit y de las utilidades de los títulos (que fueron extraordinarias), dinero que se contabiliza parte en pesos. Si la decisión oficial es, como parece por los hechos, dejar ese dinero depositado en la entidad que maneja el, a veces protestón a veces emocionado, Santiago Bausilli, sería la primera vez en décadas que un gobierno pone dinero a ahorrar y exhibir. Y no para gastar. Luego, este dinero podría usarse, por ejemplo, para ayudar a sanear la propia deuda del BCRA, hecho inédito porque siempre fue al revés.
La operación que sigue
Lo próxima que tiene en el cronograma el tándem Javier Milei y Luis Caputo, será seguir de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2024 y de cierre del ejercicio anterior, que se difundirán el próximo martes 14 de enero. Y una vez conocido el resultado, decidir qué hacer con la evolución del crawling peg y la tasa de interés de referencia del mercado. La decisión oficial es tomar una frontera de 2,5% de inflación para tomar una decisión trascendente. Si el dato empata o supera ese porcentaje, se esperará a la inflación de enero 2025 para avanzar.
Si, por el contrario, el IPC se ubica por debajo de ese nivel, Milei dará la orden inmediata, y el mismo martes, de comenzar a desmantelar la política de devaluación oficial pactada en un 2% mensual, hacia un ritmo inferior que en pocos meses ubicaría el alza del tipo de cambio oficial en un 1% cada 30 días. Se haría de manera gradual, y al ritmo de la caída del ritmo de la inflación; con una estructura funcional de entre tres y seis meses, dependiendo del mismo IPC. Con esto se ralentizaría el ritmo de devaluación del 12 al 12% interanual, al revés de los que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), cierta ortodoxia encabezada por Domingo Cavallo y la mayoría de los industriales, quienes piden una revisión de la política cambiaria, dejar flotar el dólar y, eventualmente, aceptar una devaluación del 20%.
Nada de esto está pensando en oficialismo, que considera que la estrategia que se viene desarrollando es la correcta y la exitosa, y la que continuará ejecutándose durante el 2025. EN otras palabras, el tipo de cambio no sólo no se acelerará hacia arriba, sino que dependiendo de la evolución del IPC, bajará en su ritmo de devaluación. Y ya desde el martes, si es que los datos de los precios de cierre del 2024 son favorables.
En paralelo, el gobierno avanzará también (siempre que el IPC lo permita), en una nueva reducción de las tasas de interés de regulación del sistema financiero, bajando del promedio de 38% de cierre del año pasado y arranque del 2025; a un 35%. Y, si continuara la caída de la inflación, volver a una reducción antes del segundo trimestre del año. La idea es potenciar el crédito privado, ante la realidad irrenunciable del Ejecutivo de no emitir ni tomar pesos del mercado local, continuando la tendencia del 2024.
Ambas medidas de coyuntura inmediata (la próxima semana), apuntan al gran objetivo monetario de Javier Milei y Caputo: darle en el primer semestre del 2025 un golpe a la inflación, y llevarla, por fin, a tener un 1 por delante. Los cálculos oficiales insisten en que el combo crawling peg al 2% y una tasa de interés por arriba del IPC, potencial el alza de los precios en un punto porcentual mensual. Y que la contracción propuesta, sería el instrumento primario y válido para acelerar la caída en el ritmo de aceleración, al menos en un nivel de 1% cada 30 días. El entusiasmo oficial parte de las planillas de inflación mayorista, la evolución de los índices de alimentos y bebidas y otros bienes, los efectos que las importaciones crecientes estarían marcando en los precios como barrera de suba, y la idea que un tipo de cambio estable y con desaceleración devaluatoria; debería ser el freno final para llevar el alza del IPC al ritmo que se espera en el oficialismo y que figuraba en el fallido proyecto de presupuesto para el 2025 que el Congreso Nacional nunca trató. Ni tratará.
La caída del ritmo de inflación es la gran carta de popularidad que ahora se juega el gobierno, y que, a los ojos e intenciones del oficialismo, estaría al alcance de la mano.
Otro paso importante que comenzará a tramitar el ministerio de Economía, es la preparación del segundo pago de importancia del año: el de los cupones de los Bonares y boreales de julio próximo; una obligación que casi replica la liquidación de ayer. Por lo que se sabe, la idea de Caputo es contabilizar para ese compromiso gran parte de los 1.000 millones obtenidos por el REPO oficializado a fines del 2024, e ir sondeando entre marzo y junio las verdaderas posibilidades de colocar deuda en el mercado financiero voluntario de deuda internacional; una opción por ahora vedada y que para abrirla debería haber primero un riesgo país de tres dígitos con un tres por delante.
Mientras tanto, comenzará en breve una nueva etapa; la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo, posiblemente un Stand By sobe la base del pacto cerrado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal como informó este diario, desde la segunda quincena de enero, y luego del parate por las fiestas y el fin del comienzo del 2025, las partes retomarán las comunicaciones desde la semana que viene. Habrá tiempo para negociar. El 20 de enero asume Donald Trump y todos saben que la situación para la Argentina cambiará, se supone a favor. La próxima misión a Buenos Aires de hombres y mujeres del FMI, está pactada para el 10 al 15 de marzo. Mucho o poco tiempo, se verá.
Fuente: Mdzol – Por Carlos Burgueño
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