El grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de Entre Ríos tiene aproximadamente el 58% de los títulos en circulación. A través de un comunicado, indicó que apoyarán la propuesta de la provincia y señaló que, «tras la consumación exitosa de la solicitud de consentimiento», harán que se retire el reclamo presentado en Estados Unidos para iniciarle juicio.

El gobierno de Entre Ríos no ha informado aún sobre el acuerdo alcanzado, por lo que tampoco se conocen en detalle los compromisos de pago contraídos y en qué medida condicionarán los flujos financieros del Estado provincial en los próximos años.

El conflicto de la provincia con sus acreedores comenzó el pasado 8 de agosto, cuando la gobernación no pagó US$21,87 millones por un cupón de interés del bono de US$500 millones emitido bajo legislación extranjera, en 2017.

En ese entonces, el gobierno de Gustavo Bordet informó que comenzaban las «discusiones sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda de la provincia». Pero el acuerdo no se logró y, unos meses después, la provincia recibió la demanda en Nueva York.

Con el pacto ya anunciado, Entre Ríos se sumará a la lista de provincias que lograron cerrar sus reestructuraciones, entra las que están Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones), Río Negro (US$300 millones), Córdoba (US$1685 millones) y Salta (US$383 millones).

Mientras que Buenos Aires (US$7148 millones), Tierra del Fuego (US$170 millones), Chaco (US$250 millones), La Rioja (US$300 millones) y Jujuy (US$210 millones) siguen negociando en default.

A comienzo de mes, los ministros de estas provincias se reunieron para «reafirmar su compromiso para avanzar en la restauración de la sostenibilidad de las deudas provinciales de forma coordinada y responsable».

En un comunicado que emitieron, indicaron que «resaltan la relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinación sobre los avances en los distintos procesos individuales» y «rechazan el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación».

Dos días después, la provincia de Buenos Aires volvió a posponer -por doceava vez- la extensión para negociar su deuda. El Grupo Ad Hoc de Bonistas, compuesto por más de 40 fondos instituciones que tienen aproximadamente el 50% de los US$7148 millones de su deuda externa, indicó que «está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación».

También señaló que, si la provincia no «cambia decisivamente el curso de acción, los miembros del grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes».

Según indicó el grupo, el ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la provincia. «Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento», amenazaron.

Fuente: La Nación – Sofía Diamante – El Entre Ríos