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Justicia

Declaró el médico Alfredo Cahe y dijo que la muerte de Maradona «era totalmente evitable»

«Por lo que trascendió de la autopsia la muerte se produjo por una insuficiencia cardiaca y renal. Ese resultado era totalmente evitable. Con un correcto seguimiento y control era evitable», dijo Cahe, según consta en la declaración que se produjo este miércoles y a la que tuvo acceso Télam, de fuentes con acceso al expediente.

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Alfredo Cahe, quien fue médico de cabecera de Diego Armando Maradona durante 31 años, declaró ante la Justicia que la muerte del astro futbolístico "era totalmente evitable" y que un paciente como él "tenía que tener un control médico clínico permanente", informaron fuentes de la investigación.

Cahe declaró el miércoles ante el equipo de fiscales de San Isidro que investigan el deceso y está coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

La declaración complicó la situación de los dos médicos imputados e investigados por posible mala praxis, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

"Por lo que trascendió de la autopsia la muerte se produjo por una insuficiencia cardiaca y renal. Ese resultado era totalmente evitable. Con un correcto seguimiento y control era evitable", dijo Cahe, según consta en la declaración a la que tuvo acceso Télam, de fuentes próximas al expediente.

El médico, que tuvo de paciente al exfutbolista entre 1978 y 2009, afirmó que la casa del country San Andrés de Tigre donde Maradona falleció el 25 de noviembre "era lo menos indicado, porque él debía estar en terapia intensiva con control de neurocirujanos, terapistas, con control del corazón constante y continuo. Era la única opción".

Acerca de qué tipo de controles debía tener un paciente como Maradona Cahe contestó que "por su cuadro cardíaco había que controlarlo obviamente todos los días, cada cuatro o seis horas como máximo".

El ex médico de cabecera del "10" además afirmó ante los fiscales que "es muy simple detectar que hubo negligencia" y que desde su punto de vista "nunca fue controlado".

Sostuvo que esa negligencia "básicamente fue por la falta de control y la no ingesta de medicación cardíaca" y sentenció que "Diego tenía que tener un control médico clínico permanente".

Cahe también se refirió a las dificultades que se le presentaron para ver a Maradona cuando fue a visitarlo a la Clínica Olivos donde le hicieron una neurocirugía y el poco diálogo que tuvo con Luque, de quien dijo: "Él (por el imputado) nunca se explayó conmigo como médico ni me dio información pese a mis pedidos, respuestas vagas cada vez que quería insistir con alguna pregunta respecto de la atención".

"La actitud de Leopoldo Luque no era normal, todo era muy improvisado. Las anormalidades son muy groseras al menos desde mi punto de vista", agregó.

Además, explicó que cuando él era el médico de cabecera y Maradona tenía alguna descompensación lo aislaban del "entorno" y tenían "enfermeras y terapistas permanentes" porque sabían que "no le iban a pasar droga y lo iban a cuidar".

En el tramo de su declaración que comprometió a la psiquiatra Cosachov, Cahe sostuvo que "la medicación psiquiátrica, si es la que trascendió, le exprimió el corazón" a Diego.

Y volvió a criticar el sitio donde se produjo el fallecimiento al decir que "la casa donde fue alojado si no fuera una sala de terapia intensiva, debía tener cuanto menos un desfibrilador, que actualmente viene todo equipado con tubo de oxígeno y una enfermera permanente".

"Él debía estar monitoreado constantemente y evidentemente no pasó. No es coherente sacarlo de un sanatorio como IPENSA, llevarlo a una clínica y después a la casa. Es decir, fueron disminuyendo de calidad de atención y controles pese a su delicado estado de salud. Es lo que se nota a todas luces", añadió Cahe.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».

De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque sí detectaron psicofármacos.

El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del «10» se pudo haber evitado.

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Justicia

La clave que podría salvar a la Argentina de la demanda millonaria en Estados Unidos por YPF

La jueza Loretta Preska puso como fecha límite al próximo martes para que el país presente un respuesta con la cual podría cambiar el rumbo del juicio.

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La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena de 16.100 millones de dólares que debe pagar la Argentina por la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La fundación Republican Action for Argentina realizó una presentación ante la Justicia estadounidense en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.

El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Loretta Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.

«Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos», aseguró Irazu.

Podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.

Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

Esta semana será clave porque el martes es la fecha límite para la presentación de las partes y luego la jueza pasará a definir.

Loretta Preska es quien lleva la causa.

Por su parte, el presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, advirtió este domingo a través de su cuenta en la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad en su respuesta a la consulta abierta por la jueza estadounidense, Loretta Preska, que podría derivar en una situación favorable para el país en la demanda por la privatización de YPF.

«Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares», escribió el legislador.

«Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia», añadió.

En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: «Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2».

«Si lo hacen tengo fundadas esperanzas q se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de US$», añadió Campagnoli.

Y puntualizó: «La presentación en EE.UU. se basó en la denuncia del 2006 de Elisa Carrio sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo».

Fuente: Mdzol

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