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Provincia

Construirán 380 nuevas plazas en unidades penales de Entre Ríos durante el 2021

Este año concretarán dos nuevas obras en la Unidad Penal Granja El Potrero y la Unidad Penal N° 8 de Federal, que incorporarán 380 nuevas plazas al sistema carcelario. La inversión total será de 86 millones de pesos.

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Los trabajos se inscriben en las medidas que adoptó el Servicio Penitenciario (SPER) tendientes a prevenir la propagación de la pandemia al interior de los establecimientos carcelarios y las acciones para extremar los controles sanitarios sobre la población penal.

"El gobernador Gustavo Bordet nos indicó como prioritario continuar con las obras en unidades penales de la Provincia. Una de las labores que venimos desarrollando es la construcción de los primeros pabellones en la cárcel El Potrero de Gualeguaychú. Esta unidad es una granja que tiene una modalidad que logra muy buenos resultados en el tratamiento de internos, trabajando en el campo. Reciben educación formal e informal bajo una perspectiva de Derechos Humanos", detalló la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero quien coordina las tareas en la ciudad del sur entrerriano con su par de Planeamiento, Marcelo Richard.

En este sentido, la funcionaria agregó: "El propósito final es que esta ampliación de la Granja El Potrero, que contará de cinco módulos, un hospital y una obra de saneamiento para tratar afluentes, nos posibilite cerrar en algún momento la vieja cárcel de Gualeguaychú que es una cárcel más propia del siglo XIX". La inversión en esta obra puntual es de 78 millones de pesos.

En ese marco, el director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, detalló que la construcción de nuevos pabellones en la Unidad Penal El Potrero "darán lugar a 150 plazas, en una primera instancia, y se incrementará en 150 más", totalizando 300 nuevas plazas en esa unidad penal.

En cuanto a la obra en la Unidad Penal N° 8 de Federal, se trata de un nuevo pabellón completo con sanitarios, que tendrá una capacidad de 80 nuevas plazas. La inversión en este caso es de 8 millones de pesos y es realizada en su totalidad con fondos del Servicio Penitenciario. La mano de obra la realizarán internos y agentes penitenciarios.

"La idea para este año es avanzar en la concreción de nuevas plazas", puntualizó Sánchez y valoró que "Entre Ríos ha sido una de las provincias que no cuenta con sobrepoblación gracias al trabajo que venimos realizando hace un par de años".

En esa línea subrayó los avances alcanzados en el 2020, lo que significó "una gran mejora en las unidades penales entrerrianas". "Se realizaron obras de construcción para ampliar la capacidad y crear espacios de alojamiento suficientes e higiénicos y se readecuaron sectores existentes para una mejor distribución de la población penal", detalló.

Además, "se acrecentó la atención sanitaria de la población y del personal, tomándose medidas que fueron instruidas desde el Ministerio para fortalecer la tarea de atención médica, lo que dio un resultado positivo dado que atravesamos la mayor etapa de este año sin casos positivos", detalló el titular del Servicio Penitenciario.

Asimismo, Sánchez informó que desde el organismo se continúa ejecutando el programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, contando a la fecha con 96 dispositivos en funcionamiento que son monitoreados desde el SPER.

Por otra parte, durante el 2020 el SPER adhirió a la Ley Nacional N°27.499 de capacitación obligatoria en género y se dio continuidad pedagógica a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario de manera virtual. Los Cadetes de tercer año finalizaron su formación egresando como Oficiales del Escalafón Cuerpo General.

Por último, Sánchez remarcó que "dentro de los pilares establecidos, la formación del personal penitenciario tampoco se detuvo. Valiéndonos de las herramientas tecnologías pudimos concretar cursos de oficiales, formación del personal suboficiales y subalternos a través de las herramientas que nos permiten las plataformas digitales. Esto fue muy positivo porque nos sirvió para no detener el trabajo".

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Provincia

El Gobierno provincial habría resuelto intervenir el Iosper

El gobierno de Rogelio Frigerio avanzará con la decisión de intervenir la obra social de los trabajadores del Estado, Iosper. Este martes al mediodía se extendía una reunión del directorio evaluando las novedades, según publicó Página Política.

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El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.

Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.

La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.

Cuello de botella

Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.

Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.

Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.

A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.

Fuente: Página Política

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