¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? 

-No tengo nada que arreglar con vos, José.

-Pero por qué no te vas a la mierda.

El diálogo, con lenguaje barriobajero, ocurrió el miércoles 24 de octubre de 2018, en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, en la zona sur de Paraná, durante un acto que presidió el gobernador Gustavo Bordet, que entonces buscaba su reelección -que consiguió- y reunió a legisladores, intendentes y concejales del PJ.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, estaba junto a quien entonces presidía el Ministerio de Desarrollo Social, la hoy vicegobernadora Laura Stratta, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Hasta ellas se acercó el entonces diputado provincial justicialista y líder in aeternum de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende. En ese encuentro proselitista, Allende acudió con gesto belicoso y pidió que la ministra Velázquez atendiera una serie de reclamos de su gremio.

La piedra de toque que motivó el último encono entre Allende y Velázquez fue la decisión de la ministra de cortar dos contratos de empleados cuyos salarios pagaba el Estado pero que cumplían funciones en el sindicato UPCN.

El viernes 26 de octubre de 2018, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los "aprietes" de los que fue objeto de parte de Allende. Una de las primeras medidas judiciales que adoptó el fiscal Leandro Dato, que intervino en la investigación penal preparatoria, fue disponer de una perimetral: Allende no se podía acercar a la ministra.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal acordó con la defensa de Allende ir a un juicio abreviado y de ese modo agruparon todas las investigaciones penales que tenía el exlegislador en su contra. La decisión motivó la disconformidad de la ministra de Salud.

Con el patrocinio de la abogada feminista Fernanda Vásquez Pinasco, la titular de la cartera sanitaria se presentó ante el tribunal y pidió ser escuchada, petición que tuvo acogida favorable. En el escrito, Velázquez plantea que en el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, y los fiscales Cecilia Goyeneche, Álvaro Piérola, Laura Cattáneo y Leandro Dato, se pretende unificar causas «que no son conexas», y, lo relevante, que así se busca «invisibilizar» la causa por violencia de género que la ministra le inició Allende.

En el escrito, Velázquez cuenta que efectivamente fue consultada a finales de 2019 por una eventual salida mediante juicio abreviado de la causa por violencia de género con Allende, y que entonces se manifestó conforme, para evitar su revictimización y para no distraer su función al frente del Ministerio de Salud con un proceso de juicio abreviado. Pero resaltó que nunca se la consultó para dar conformidad a un abreviado que fundiera en un mismo proceso causas penales de índole distinta. En el texto, asegura que se enteró por los medios de la salida negociada.

La Justicia fijó fecha para el juicio abreviado del exdiputado provincial y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) José Allende, acusado de enriquecimiento ilícito: será el miércoles 14.

En un principio, la audiencia estaba prevista realizarse el miércoles 1° de julio, pero fue suspendida. Luego de semanas de espera, finalmente la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial le puso fecha al abreviado, en el que el exlegislador reconocerá en audiencia pública su admisión del delito.

El acuerdo de juicio abreviado que alcanzó Allende con la Fiscalía se conoció hace un mes. En el mismo, reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y aceptó entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares).

También admitió el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso aceptó pagar una multa de $3 millones. Además, acordó una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.

La ministra está citada para esa audiencia en la que el tribunal escuchará su disconformidad con la decisión de cerrar su causa en un abreviado. Asistirá acompañada por su abogada.

Fuente: Entre Ríos Ahora