El mandatario dialogó con el ministro distintas cuestiones de la economía provincial, entre ellas cómo serán las negociaciones por la deuda provincial, tras el acuerdo concretado por el gobierno nacional con los acreedores externos.

Asimismo, se informó que se transferirán los restantes 150 millones de pesos, del total de 300 millones que surgen de rentas generales, para los municipios entrerrianos. Su distribución es, en un 90 por ciento de acuerdo al índice de coparticipación, y en un 10 por ciento, de acuerdo a los casos de Covid-19 que hayan registrado. La primera remisión se efectuó los primeros días de julio.

Acuerdo nacional con los acreedores

Respecto al acuerdo al que arribó el gobierno nacional con los acreedores externos, el ministro consideró como «muy importante que se haya cerrado un acuerdo con los principales tenedores de título» y explicó que «en toda negociación uno arranca de un piso. Seguramente Nación analizaba la posibilidad de llegar a un valor medio, sustentable", dijo y resaltó la importancia de contar con "diferentes períodos de vencimiento de capital" tal como quedó plasmado en el acuerdo alcanzado. "Creo que esto es una de las grandes ventajas», destacó.

En ese marco, retomó conceptos del ministro de Economía, Martín Guzman, respecto al tema y dijo que en los próximos tres años Argentina estará «un tanto liberada de esos compromisos de deuda que se debían enfrentar y que disminuía cualquier posibilidad de crecimiento del país».

«Creo que el valor alcanzando, si uno lo compara con el que inicialmente ofreció el gobierno nacional, puede pensarse como demasiado, pero es una negociación que llegó a muy buen resultado», insistió.

Deuda de Entre Ríos

En relación a la situación de Entre Ríos, el ministro de Economía precisó que «la provincia tiene emitido un título de 500 millones de dólares. Y hago hincapié en que es un sólo título, porque esto hace que nuestra negociación sea bastante más sencilla. En cambio, el gobierno nacional tenía distintas cantidades, vencimientos y monedas de títulos. En nuestro caso, seguramente facilitará la negociación».

Explicó que «es un crédito internacional de 500 millones de dólares que la provincia tomó en 2017", y que "estábamos pagando los intereses en febrero y agosto". "El capital vence en 2023, 2024 y 2025", aclaró.

"Con este esquema iniciamos la negociación para reestructurar. Veníamos trabajando hace aproximadamente 40 días en cuanto a la selección de la institución bancaria, estudios jurídicos internacionales que nos acompañen y coincidentemente -porque nuestro anuncio tenía que ser antes del 8 de agosto, fecha del próximo vencimiento de intereses-, lo hacemos en forma simultánea con el arreglo con el gobierno nacional», explicó.

Consultado sobre los acreedores de la provincia, Ballay detalló que «son tenedores de un título que puede estar concentrado -como se dio en el gobierno nacional en el que tres fondos de inversión tenían la mayoría suficiente para negociar-, pero también puede haber tenedores individuales de bonos».

Dicho esto, informó que se contrató al banco HSBC, «uno de los tres bancos que nos acompañó también en la emisión», al igual los estudios jurídicos y los agentes de información; estos últimos aparecen exclusivamente en la instancia de negociación para identificar a la mayor cantidad de tenedores de títulos, para ponerlo en contacto, en este caso, con el banco que lleva adelante la negociación; y «en comunicación permanente con el gobierno para hacer ofertas y rediscusiones sobre las mismas».

En cuanto a lo que la provincia prevé ofrecer, el ministro de Economía entendió que «será muy difícil obtener un resultado similar al nacional. Como antecedente están otras provincias, como por ejemplo Mendoza, que ofreció algo mucho más alto y todavía no llegó a un acuerdo; y la provincia de Buenos Aires. Estas dos provincias están en una situación de cesación de pagos. En el caso nuestro no, porque hacemos la comunicación antes del vencimiento».

Luego, el ministro estimó que «lo que consigan las provincias va a ser menos ventajoso que lo del gobierno nacional. Esto también se reflejó en el momento de las colocaciones, puesto que las provincias pagamos un interés más alto del que conseguía el gobierno nacional. En esto tienen mucho que ver los montos de deudas y seguramente las condiciones de la provincia. No es una situación que uno pueda decir: estoy dispuesto a pagar tanto; hay que demostrarlo en los números, en las proyecciones, que realmente se va a poder hacer frente a los compromisos que asume».

Más adelante, Ballay mencionó que «el valor que logró el gobierno nacional es 54,8 dólares respecto de 100. Mendoza llegó a ofrecer por encima de los 70, y todavía no ha hecho un acuerdo; mientras que provincia de Buenos Aires está por encima de los 60 dólares cada 100, y también está en negociaciones».

«Nosotros esperaremos y trabajaremos para obtener la mayor ventaja posible con dos situaciones, que no es solamente reducción de tasas de interés, sino también poder incidir los vencimientos del capital en mayor cantidad de años para que la incidencia en esos años no sea tan significativa ni exigente para la provincia», precisó.

Indicó luego que los tenedores de los bonos en su momento los adquirieron «al 8,75 de interés. Todos los cupones de interés que pagó la provincia en febrero y agosto fueron en base a ese interés».

Con respecto a la garantía que puso la provincia, expresó que «es la autorización del soberano, o sea la autorización del gobierno nacional. Ni siquiera tienen garantía de coparticipación. Algunas provincias han emitido con garantías de regalías, pero en el caso nuestro no tiene una afectación directa de la coparticipación como garantía", pero advirtió que "los riesgos de entrar en cesación de pagos son muchos mayores que la afectación de la garantía de coparticipación».

En cuanto al «plazo ideal» para la renegociación, Ballay comentó que «es el que está contemplado en el mismo contrato en el que se originó el título, que son 30 días. Estos 30 días no ponen en riesgo en absoluto a la posible cesación de pago de la provincia, porque están dentro del plazo que contractualmente se estima como de negociación; pero tenemos el antecedente reciente del gobierno nacional que le llevó varios meses y no tuvo dificultades de que nadie denuncie esa cesación de pago, que es lo más grave».

Finalmente, indicó que «el equipo del Ministerio está trabajando en una proyección a 10 años», teniendo en cuenta algunas variables, y que en la presentación se indicará «en qué momento podemos hacer frente al capital de este crédito. La intención es que en lugar de que el vencimiento sea un 33 por ciento por año, seguramente intentaremos que la incidencia sea en mayor cantidad de años para evitar que esos años se compliquen financieramente».