Se refieren al proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Bordet que consiguió rápida aprobación en la Legislatura y que en su artículo 4° estipula que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará "sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.

En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.

Aportes

En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes "solidarios extraordinarios" para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.

En la carta dirigida a Müller por los supervisores –el escalón más alto en la carrera docente-, le hacen notar al funcionario "nuestro más profundo descontento y desilusión ante la aprobación de la nueva Ley de Emergencia Solidaria efectuada desde el gobierno que usted, desde su cargo, representa". En el texto le señalan que "la quita que vamos a sufrir en nuestros haberes mensuales en función de una ´solidaridad´ declamada" pero que en la realidad "no es más que un ajuste. Uno más que debemos sostener con nuestros salarios".

Los supervisores resaltaron que "para poder acceder a dicho cargo nos hemos preparado profesionalmente, hemos transitado y recorrido todos los cargos docentes en su mayoría (desde maestro de grado, pasando por los cargos de conducción de un establecimiento educativo), hasta que finalmente tuvimos que superar un duro desafío: rendir el examen de oposición para cargos de supervisión". Esa formación lograda, dicen, ahora se considera un privilegio "al que hay que castigar con una quita salarial".

"Decimos de privilegio, porque, según la Ley de Emergencia Solidaria, los supervisores estamos en la misma línea contributiva que quienes poseen grandes extensiones de campo, o que son parte del sistema financiero; todos sabemos muy bien que esto no es así", señalan. "Muchos de nosotros ya somos alcanzados por el mal llamado Impuesto a las Ganancias, y, ahora, el Gobierno Provincial nos suma una nueva quita salarial: el Impuesto de Emergencia Solidaria", añaden. 

Subrayaron que los supervisores son el nexo entre las escuelas y el Consejo de Educación, y en la pandemia "hemos estado acompañando a los equipos directivos, quienes también han puesto y siguen poniendo lo mejor de sí, junto con los docentes, para cumplir desde la virtualidad, con recursos propios, sin financiamiento externo, sin tiempos ni horarios…, en definitiva, con mucho esfuerzo y sacrificio".

La presentación de los supervisores apunta a pedir a la máxima autoridad educativa para que gestione ante el Ejecutivo para que se vuelva atrás con los recortes salariales incluidos en la Emergencia. "Lamentablemente sentimos, que, desde las autoridades, no se nos valora, que el escalafón docente se ve quebrantado, que la trayectoria profesional docente no es reconocida, que no importamos, que somos sólo un número al que se le puede aplicar un impuesto regresivo como si nada. Que pueden pisotear y deslegitimar nuestro trabajo quitándole relevancia", apuntaron.

Fuente: Entre Ríos Ahora