Se trata del expediente en el que el dirigente peronista había llegado a un acuerdo con la Fiscalía por tres causas: la de enriquecimiento ilícito; y las de amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y al periodista Martín Carboni, de NoticiasUno. Por ahora, no hay nueva fecha para la audiencia en la que terminaría con el trámite de admisión de los delitos.

El acuerdo de juicio abreviado que alcanzó Allende con la Fiscalía se conoció hace un mes. En el mismo, reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y aceptó entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares).

También admitió el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso aceptó pagar una multa de $3 millones. Además, acordó una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y la inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.

El abreviado generó el rechazo de sectores de la oposición, como la Unión Cívica Radical, el PRO y hasta la izquierda, representada por el MST. Tamién manifestaron su disconformidad dos denunciantes: la ministra de Salud y el periodista que recibió un apriete radial.

El trámite para condenar a Allende se había fijado para el 1° de julio ante un Tribunal colegiado integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa. Sin embargo, el aumento de casos de coronavirus en Paraná obligó a la Justicia a declarar un nuevo receso extraordinario y, por ello, se suspendió esta audiencia.

La suspensión fue informada el viernes 26 por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y se apoya en el receso judicial extraordinario por la pandemia, que dispuso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el Acuerdo del jueves 25, como así también en los decretos provinciales y municipales relacionados al aumento de casos de coronavirus en Paraná.

Según el escrito al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, la OGA destacó que el punto 1°  inciso 'E' del Acuerdo del STJ establece la restricción de la atención al público solo para aquellas cuestiones urgentes y la suspensión de la realización de audiencias de carácter presencial, llevando adelante las mismas mediante el uso de herramientas telemáticas, salvo aquellas que de no celebrarse causaren un perjuicio irreparable",

Además, se explicó que "teniendo en cuenta la cantidad de personas convocadas a la audiencia aquí señalada y que el Juzgamiento se encontrará a cargo de un Tribunal Colegiado, se resuelve suspender la audiencia de juicio abreviada fijada en el presente Legajo, hasta la finalización del receso extraordinario dispuesto, oportunidad en que se señalará nuevamente de conformidad a la agenda del Organismo"

En segundo lugar se indicó que sólo se fijarán las audiencias en "las que se planteen cuestiones controvertidas referidas a la situación personal de imputados, y en la que se pretenda la privación o el mantenimiento de la privación de la libertad de una persona, pudiéndose llevar a cabo las mismas mediante el sistema de videoconferencia desde los salones previstos para tal fin, a los fines de asegurar el resguardo digital".

Y en tercer término se dispuso fijar audiencias "en aquellos casos en los que si bien no se ve involucrado tal derecho, impliquen graves injerencias en derechos individuales".

Denunciantes disconformes

El abreviado a Allende encontró dos pronunciamientos en contra: el de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y el del periodista Martín Carboni, de NoticiasUno. Ambos, en diferentes ocasiones recibieron un apriete del dirigente y por ello lo denunciaron en la Justicia.

El 17 de junio, con el patrocinio de la abogada feminista Fernanda Vásquez Pinasco, la titular de la cartera sanitaria se presentó ante el tribunal y pidió ser escuchada, petición que tuvo acogida favorable.

En el escrito, Velázquez planteó que en el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, y los fiscales Cecilia Goyeneche, Álvaro Piérola, Laura Cattáneo y Leandro Dato, se pretende unificar causas «que no son conexas», y, lo relevante, que así se busca «invisibilizar» la causa por violencia de género que la ministra le inició Allende.

Velázquez cuenta que efectivamente fue consultada a finales de 2019 por una eventual salida mediante juicio abreviado de la causa por violencia de género con Allende, y que entonces se manifestó conforme, para evitar su revictimización y para no distraer su función al frente del Ministerio de Salud con un proceso de juicio abreviado. Pero resaltó que nunca se la consultó para dar conformidad a un abreviado que fundiera en un mismo proceso causas penales de índole distinta. También aseguró que se enteró por los medios de la salida negociada.

Dos días después, 19 de junio, Carboni formalizó su disconformidad con el abreviado. "Se intentan concluir cuatro causas seguidas contra el imputado por el mecanismo de juicio abreviado, que comprendería todos los injustos cometidos, pese a tratarse de causas de distinta sustancia y naturaleza penal, con distintos sujetos como víctimas, lo que impide individualizar la pena para cada uno de los delitos (…) en una suerte de cambalache jurídico resumido en una oferta del "4 x 1"", dijo en una presentación con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto.

La causa por amenazas contra el periodista la tramitó el fiscal Álvaro Piérola. La acusación decía que el 30 de mayo de 2017 "entre las 8 y 10 horas en el programa emitido por Radio La Voz a cargo del Sr. Rubén Almará, el Sr. José Angel Allende haciendo referencia al periodista local Martín Adrián Carboni, manifestó en un primer momento 'que se dejen de joder' para luego afirmar durante la misma nota 'vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos».

Fuente: Entre Ríos Ahora