Economía
Bordet: "El aumento de aportes en la emergencia solidaria abarca también a funcionarios, legisladores y jueces»
El gobernador Gustavo Bordet dijo que el mayor aporte previsto en el proyecto de ley de emergencia solidaria que envió a la Legislatura, alcanzará no sólo a los trabajadores con más altos ingresos, sino a "funcionarios políticos, legisladores y jueces. Esto nos abarca a todos».
«El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, el presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales».
«Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses. Esto fue un hueco fiscal enorme, tremendo, que oportunamente lo he hecho público», precisó.
Luego señaló que «esto nos dejó en una fragilidad extrema» y acotó que «todo el equilibrio que habíamos logrado alcanzar trabajando fuertemente en el control del gasto público, en una política tributaria progresiva, en generar mayores recursos, se desplomó».
«Esto nos generó una situación de zozobra que fuimos trabajando y pensábamos teníamos previsto para mediados de este año volver a tener un equilibrio de cuentas pero en el medio ocurre la pandemia y la necesidad de volcar muchos recursos al sistema sanitario y a sostener a los sectores más postergados desde la contención social».
Caída «enorme» de la actividad económica
"La caída de la actividad económica que ha sido enorme. Hubo a valores históricos menor recaudación que el año pasado. Y hay que agregarle una inflación que está rondando entre el 48 y el 55 por ciento interanual, depende el mes en el que se mida. Esto genera un desfinanciamiento y la necesidad de encontrar recursos para cumplir con las obligaciones corrientes y para poder seguir sosteniendo durante este tiempo las demandas que tenemos del sistema sanitario que son muchas».
«Por eso es que hemos elevado un proyecto de ley de emergencia solidaria a la Legislatura, donde buscamos una forma de redistribuir ingresos», continuó diciendo el gobernador Bordet.
Más adelante, indicó que la iniciativa apunta a que «quienes más han tenido la posibilidad de incrementar sus recursos en este tiempo puedan aportar justamente para hacer sostenible y sustentable en los meses que viene el funcionamiento de toda la estructura de Salud, de gastos de funcionamiento del Estado y de la Caja de Jubilaciones».
Con respecto al aporte de los bancos, Bordet indicó que «lo que hicimos fue ampliar la base imponible para que se tribute más. El sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la pandemia no se resintió».
«A las droguerías, Entre Ríos las tenía gravadas con el 1,6 por ciento, mientras que en el resto de las provincias tienen entre el 4 y 5 por ciento, y lo que se hizo fue fijar el 4 por ciento como Córdoba y Santa Fe», acotó el mandatario.
En declaraciones formuladas a Radio Mitre Concordia, también mencionó que en Entre Ríos «hay extensiones que superan las 1.000 hectáreas, que representan el 3 por ciento del total de las partidas de Impuesto Inmobiliario de la provincia, y que tienen que pagar más».
«Generalmente ese 3 por ciento de tierras que superan las 1.000 hectáreas son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires. No estamos hablando de chacareros o del productor que trabaja duro todos los días para poder sostenerse en su actividad. Estamos hablando del gran latifundio y esto también es lo que decidimos gravar».
Párrafo seguido, sobre los aportes al sistema previsional que van a contribuir a poder sostener la Caja de Jubilaciones que tiene un grave déficit histórico, Bordet precisó que «el 85 por ciento de los jubilados en Entre Ríos gana menos de 75.000 pesos con lo cual no deberán realizar ningún aporte. Después hicimos una escala progresiva, de 75.000 a 100.000 pesos se aporta un 4 por ciento, de 100.000 a 200.000 pesos se aporta un 6 por ciento, de 200.000 a 300.000 pesos un 8 por ciento y de 300.000 pesos en adelante un 10 por ciento. Es un aporte solidario especial para sostener el régimen de la Caja».
Al referirse a la contribución de los activos, señaló que «en Entre Ríos cada trabajador activo aporta el 16 por ciento al sistema jubilatorio. El porcentaje más bajo en el país. A los que ganan menos de 75.000 pesos no tendrán ningún cambio. Los que ganan entre esa cifra y 100.000 pesos se incrementa ese aporte un 2 por ciento, es decir que de un 16 pasa a un 18 por ciento; los que ganan entre 100.000 pesos y 200.000 se incrementa 2 puntos más, pasa a tener que aportar un 20 por ciento; entre 200.000 y 300.000 pesos son 4 puntos, y más de 300.000 pesos son 6 puntos. Esto afecta sólo al 15 por ciento de los trabajadores».
«A esto también lo pagamos los funcionarios políticos, los legisladores, los jueces. Lo pagan todos, no solamente los trabajadores. Esto nos abarca a todos y en buena hora porque no podemos hablar de solidaridad si no empieza por casa», remarcó.
Bordet destacó además que la norma establece que ningún poder del Estado, ni ningún ente descentralizado, va a poder otorgar aumentos salariales parciales que estén fuera de las paritarias provinciales. Todos los aumentos estarán supeditados a lo que acuerden en paritarias el gobierno con los gremios».
«Si se decide en paritaria que el aumento sea, por ejemplo, del 10 por ciento, será ese porcentaje para un maestro, para una enfermera, para un juez, para un legislador, para un funcionario. Todo con igualdad. Esto es muy beneficioso», señaló.
También se refirió a la cantidad de empleados públicos. «Cuando asumí en diciembre de 2015, había 91.000 empleados públicos en la provincia, por todo concepto, en planta, temporarios, suplentes, contratos, mientras que hoy, cuatro años y medios después es de 86.500 empleados, o sea que disminuyó y esto es por decrecimiento vegetativo, no porque echamos agentes».
«Bajó la planta por jubilaciones, fallecimientos o renuncias y no fuimos tomando nuevo personal», detalló.
«De estos 86.500 empleados, casi el 45 por ciento son docentes que necesitamos porque son quienes educan a nuestros hijos, están en nuestras escuelas, mientras que el 15 por ciento son personal de Salud, como médicos, enfermeros, agentes sanitarios, que se requieren para un servicio esencial. El 9 por ciento son policías y el 2 por ciento son del Servicio Penitenciario. El resto es administración central y para estos trabajadores se realizan cursos y capacitaciones. Sólo ingresan nuevos agentes a la planta de personal si son necesarios», sostuvo finalmente el primer mandatario entrerriano.
Economía
Se pagó, ¿y ahora qué?: el dato que Milei y Caputo seguirán de cerca
Hay un dato que Javier Milei y Luis Caputo seguirán de cerca para tomar más decisiones económicas clave este año. También comenzará en breve otra etapa: la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo.
Finalmente, ayer a las 10:00 AM el Bank of New York Mellon, agente financiero del país, oficializó la liquidación de los aproximadamente 4.704 millones de dólares correspondientes a la liquidación de enero del 2024 del pago de los Bonares y globales reestructurados en agosto del 2020. En general , fue una jornada tranquila, con un blue descansando desde hace dos días en los 1.220 pesos, con acciones de aquí y de Nueva York y títulos públicos en tenue y prudente suba, y con reservas cayendo unos 1,300 millones, pero con un Banco Central que volvió a comprar divisas por unos 165 millones.
En total, en lo que va del año, la entidad acumula compras por unos 547 millones; con un riesgo país otra vez en baja y cerrando en 564 puntos básicos. Ayer se pagaron unos USD 4.360 millones de los Bonares (AL) y Globales (GD). Aproximadamente USD 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros USD 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes USD 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. De este dinero, unos U$S 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados con cuentas fuera del país, muchos en mercados denominados offshore.
Ahora, a cálculos básicos post pago de los cupones. La foto del stock del Banco Central muestra reservas de aproximadamente U$S 13.800 y 14.3000 millones. De ese dinero, entre 9.000 y 11.000 millones de dólares pertenecerían al Tesoro Nacional, fruto del superávit y de las utilidades de los títulos (que fueron extraordinarias), dinero que se contabiliza parte en pesos. Si la decisión oficial es, como parece por los hechos, dejar ese dinero depositado en la entidad que maneja el, a veces protestón a veces emocionado, Santiago Bausilli, sería la primera vez en décadas que un gobierno pone dinero a ahorrar y exhibir. Y no para gastar. Luego, este dinero podría usarse, por ejemplo, para ayudar a sanear la propia deuda del BCRA, hecho inédito porque siempre fue al revés.
La operación que sigue
Lo próxima que tiene en el cronograma el tándem Javier Milei y Luis Caputo, será seguir de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2024 y de cierre del ejercicio anterior, que se difundirán el próximo martes 14 de enero. Y una vez conocido el resultado, decidir qué hacer con la evolución del crawling peg y la tasa de interés de referencia del mercado. La decisión oficial es tomar una frontera de 2,5% de inflación para tomar una decisión trascendente. Si el dato empata o supera ese porcentaje, se esperará a la inflación de enero 2025 para avanzar.
Si, por el contrario, el IPC se ubica por debajo de ese nivel, Milei dará la orden inmediata, y el mismo martes, de comenzar a desmantelar la política de devaluación oficial pactada en un 2% mensual, hacia un ritmo inferior que en pocos meses ubicaría el alza del tipo de cambio oficial en un 1% cada 30 días. Se haría de manera gradual, y al ritmo de la caída del ritmo de la inflación; con una estructura funcional de entre tres y seis meses, dependiendo del mismo IPC. Con esto se ralentizaría el ritmo de devaluación del 12 al 12% interanual, al revés de los que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), cierta ortodoxia encabezada por Domingo Cavallo y la mayoría de los industriales, quienes piden una revisión de la política cambiaria, dejar flotar el dólar y, eventualmente, aceptar una devaluación del 20%.
Nada de esto está pensando en oficialismo, que considera que la estrategia que se viene desarrollando es la correcta y la exitosa, y la que continuará ejecutándose durante el 2025. EN otras palabras, el tipo de cambio no sólo no se acelerará hacia arriba, sino que dependiendo de la evolución del IPC, bajará en su ritmo de devaluación. Y ya desde el martes, si es que los datos de los precios de cierre del 2024 son favorables.
En paralelo, el gobierno avanzará también (siempre que el IPC lo permita), en una nueva reducción de las tasas de interés de regulación del sistema financiero, bajando del promedio de 38% de cierre del año pasado y arranque del 2025; a un 35%. Y, si continuara la caída de la inflación, volver a una reducción antes del segundo trimestre del año. La idea es potenciar el crédito privado, ante la realidad irrenunciable del Ejecutivo de no emitir ni tomar pesos del mercado local, continuando la tendencia del 2024.
Ambas medidas de coyuntura inmediata (la próxima semana), apuntan al gran objetivo monetario de Javier Milei y Caputo: darle en el primer semestre del 2025 un golpe a la inflación, y llevarla, por fin, a tener un 1 por delante. Los cálculos oficiales insisten en que el combo crawling peg al 2% y una tasa de interés por arriba del IPC, potencial el alza de los precios en un punto porcentual mensual. Y que la contracción propuesta, sería el instrumento primario y válido para acelerar la caída en el ritmo de aceleración, al menos en un nivel de 1% cada 30 días. El entusiasmo oficial parte de las planillas de inflación mayorista, la evolución de los índices de alimentos y bebidas y otros bienes, los efectos que las importaciones crecientes estarían marcando en los precios como barrera de suba, y la idea que un tipo de cambio estable y con desaceleración devaluatoria; debería ser el freno final para llevar el alza del IPC al ritmo que se espera en el oficialismo y que figuraba en el fallido proyecto de presupuesto para el 2025 que el Congreso Nacional nunca trató. Ni tratará.
La caída del ritmo de inflación es la gran carta de popularidad que ahora se juega el gobierno, y que, a los ojos e intenciones del oficialismo, estaría al alcance de la mano.
Otro paso importante que comenzará a tramitar el ministerio de Economía, es la preparación del segundo pago de importancia del año: el de los cupones de los Bonares y boreales de julio próximo; una obligación que casi replica la liquidación de ayer. Por lo que se sabe, la idea de Caputo es contabilizar para ese compromiso gran parte de los 1.000 millones obtenidos por el REPO oficializado a fines del 2024, e ir sondeando entre marzo y junio las verdaderas posibilidades de colocar deuda en el mercado financiero voluntario de deuda internacional; una opción por ahora vedada y que para abrirla debería haber primero un riesgo país de tres dígitos con un tres por delante.
Mientras tanto, comenzará en breve una nueva etapa; la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo, posiblemente un Stand By sobe la base del pacto cerrado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal como informó este diario, desde la segunda quincena de enero, y luego del parate por las fiestas y el fin del comienzo del 2025, las partes retomarán las comunicaciones desde la semana que viene. Habrá tiempo para negociar. El 20 de enero asume Donald Trump y todos saben que la situación para la Argentina cambiará, se supone a favor. La próxima misión a Buenos Aires de hombres y mujeres del FMI, está pactada para el 10 al 15 de marzo. Mucho o poco tiempo, se verá.
Fuente: Mdzol – Por Carlos Burgueño
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