El intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos) y su secretario de Gobierno, Sergio Eduardo Navoni, fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de una designación particular. 

Todo comenzó el 24 de abril, cuando el intendente firmó el decreto 408/2020 por el cual dispuso la "sustitución parcial y temporal" de la jueza de Faltas. En su lugar, ubicó a su secretario de Gobierno, Navoni. Ante esa situación el abogado victoriense Carlos Reggiardo denunció que se estaría ante «conductas que solo son comparables con actos anteriores a 1983 donde recuperamos para siempre la democracia». 

Además, el abogado presentó una denuncia por inconstitucionalidad de esa decisión, ya que se estaría violando la Constitución y la Ley Orgánica de Municipios.

En la denuncia, el letrado señaló que en el artículo 2 del decreto se «establece concretamente, que uno de los firmantes, más precisamente el Secretario de Gobierno asume las funciones de Juez de Faltas».

Y que en el artículo 3 se "establece" que el presidente municipal «sigue siendo tribunal de apelaciones, los que además de demostrar la falta total de conocimiento del derecho, porque esa función se la da una ley (10027) así que difícilmente puedan establecer por decreto lo que está reglamentado en una ley provincial que solo puede ser modificada por otra ley o por una sanción de carta orgánica, cosa que aún no ha sucedido».

Asimismo, indicó que en el artículo 4 estos «se arrogan la facultad de recibir las presentaciones de los 'supuestos infractores', donde 'reconocen la infracción' y ofrecen el 'pago voluntario'».

En tanto, en el artículo 5, señaló Reggiardo, se dispone que «el Secretario de Gobierno en su usurpado rol de 'juez de faltas' considerara las presentaciones y hará la resolución respectiva, lo que demuestra acabadamente como en buen castellano Navoni se auto designa con anuencia del intendente 'juez alternativo o juez de emergencia"; la gravedad de este decreto no ha espantado suficientemente a la población solo porque la falta de conocimientos técnicos de los funcionarios y los recientes yerros de la Asesoría letrada los convierte cuasi en inimputables, al menos para la opinión publica de la que esta fiscalía será el defensor de la legalidad de un atropello institucional sin precedente».

En otro párrafo del escrito, el denunciante deslizó que ex vox populi que en esta nueva función, Navoni, beneficiaría a una empleada hallegada. «El Secretario quiere sacarle la moto a una empleada muy cercana y a amigotes de la política», escribió el denunciante.

Por otra parte, marcó que las facultades de juzgamiento de las faltas están establecidas en el artículo 240º de la Constitución de Entre Ríos. «El Presidente Municipal es el órgano de Apelación del Juzgado de Faltas (puede confirmar, revocar o anular una decisión de la Jueza) y para respetar la doble instancia jurisdiccional quien va a estar a cargo del sistema alternativo es el Secretario de Gobierno. Para terminar de confirmar que ningún abogado los asesora o que mienten sin culpa, el articulo 240 solo garantiza la doble instancia, esa la ley 10027 que pone en cabeza del intendente ese rol. Como van a garantizar la doble instancia si ellos mismos con un decreto que firman ellos, ponen en cabeza de uno de ellos, las faltas para que otro confirme o rechace, agregando que el de la primera instancia es funcionario designado y removido por voluntad del segundo, en fin una burla absoluta el último párrafo», sostuvo.

Finalmente, solicitó la intervención de Fiscalía «porque esta situación es de una gravedad institucional nunca vista, son muchas las garantías restringidas, los atropellos, y debe SI o SI ser sancionado este tipo de conductas que solo son comparables con actos anteriores a 1983 donde recuperamos para siempre la democracia. Surge prístino y claro que el intendente es quien, con la firma del Secretario de Gobierno (ni si quiera reparo en que lo refrende otro secretario, aunque mas no sea por decoro), hace un golpe institucional para poner a SU funcionario, que no cumple con ninguna de los requisitos para el cargo de juez».

Fuente: Informe Digital