Nacionales
El Gobierno analiza renovar la flota de aviones presidenciales
El equipo del presidente Alberto Fernández solicitó un informe detallado del estado de los aviones que componen la flota aérea presidencial para determinar si se avanza con la reparación o renovación de las unidades.
El equipo del presidente Alberto Fernández solicitó un informe detallado del estado de los aviones que componen la flota aérea presidencial para determinar si se avanza con la reparación o renovación de las unidades, o si por cuestiones económicas se continúa alquilando aviones privados cada vez que el mandatario parta hacia una gira internacional.
El primer viaje de Fernández en un avión de la flota presidencial no fue para nada placentero. El presidente llegó cubierto de sudor porque no andaba el aire acondicionado de la aeronave. Lo curioso es que ese avión era utilizado seguido por Mauricio Macri para sus traslados al interior del país.
Desde aquel episodio, Fernández no volvió a viajar, pero el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, solicitó una profunda revisión de toda la flota para evaluar los pasos a seguir.
Además del Tango 010, y con los Tango 02 y 03, dos Fokker F28/4000, ya fuera de servicio, la otra aeronave en funciones de la flota presidencial durante el mandato de Macri es el T-04, un Boeing 737/500. Esta unidad sólo sirve para vuelos regionales, ya que tiene una autonomía de apenas 4.444 kilómetros. Para viajes más largos, la aeronave se vería obligada a hacer varias escalas.
Según consigna Clarín, Vitobello se encontró con una larga lista de vuelos privados alquilados por Presidencia durante el mandato de Macri. Son 27 vuelos nacionales e internacionales, sólo del Presidente, por los que el Estado pagó 5.037.919 dólares a empresas privadas. A esta cifra hay que sumarle los gastos que tuvo el Estado para cubrir los viajes en vuelos comerciales que hizo el mandatario al exterior.
Nacionales
El Gobierno confirmó que los presos tendrán que limpiar las cárceles mientras cumplen sus condenas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución que obliga a los reclusos del Servicio Penitenciario Federal a trabajar.
El Gobierno obligará, a partir de este miércoles, a los presos alojados en el Servicio Penitenciario Federal a realizar tareas de mantenimiento en las cárceles mientras cumplan sus respectivas condenas. Así lo estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al firmar la resolución 1346/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.
El documento establece «la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios». Asimismo, la normativa detalla que los reclusos podrán llevar a cabo esta tarea durante cinco horas diarias, que «no serán remuneradas».
Es así que la ministra de Seguridad ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal a «elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento». Esta medida se hace efectiva dos meses después del anuncio que hizo la propia Bullrich acerca del programa «Manos a la obra», que proponía que los presos trabajasen durante su estadía en la cárcel.
Entre los argumentos, la funcionaria consideró que «las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual».
Teniendo en cuenta que «la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia», siguieron adelante con la medida. Además, se sostiene que «con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes».
Finalmente, la resolución apunta a que todos los reclusos de los establecimientos penitenciarios realicen este tipo de tareas de mantenimiento «constituye un deber y una obligación de todos los internos que se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria».
Fuente: Mdzol
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