El Gobierno buscará fijar por decreto un monto mínimo de aumento salarial para impactar sobre los sectores más golpeados por la crisis pero habilitar al mismo tiempo la apertura de una negociación superadora con otros rubros de la economía con chances de mejorar el valor establecido. La eventual sanción de la ley de Emergencia servirá, así, de base para acelerar y dinamizar la ronda de paritarias en lugar de postergarla, como se especuló en un principio a partir de un ofrecimiento en ese sentido de la CGT.

La precisión acerca de la suba por decreto, una promesa de campaña de Alberto Fernández refrendada por su equipo económico, fue brindada por los funcionarios a cargo de la implementación de la medida. En particular, en las áreas de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes a su vez deberán acometer la tarea de montar un acuerdo de precios y salarios como primer paso entre empresarios y sindicalistas y luego un Consejo Económico y Social.

El aumento por decreto para trabajadores del sector privado forma parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.

En el Gabinete explicaron que la medida orientada al sector privado el objetivo inicial es apuntalar los ingresos de los trabajadores más postergados, cuyas paritarias corrieron al menos este año por detrás de la evolución de la inflación. En la CGT identificaron apenas ocho sindicatos, entre los que figuran la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Asociación Bancaria, que quedaron a salvo del desfasaje entre sus acuerdos salariales y la suba de la canasta básica. Para los demás en la central obrera advertían sobre la necesidad de fijar el incremento por decreto.

El primer indicio lo dio el ministro Moroni en una reunión que mantuvo semanas atrás con la "mesa chica" de la CGT. Allí, como había anticipado este diario, les dijo que entre las primeras medidas de Alberto Fernández figuraría ese ajuste, presentado como "imperativo moral", en palabras del funcionario, y con el propósito colateral de dinamizar el consumo y darles un respiro al comercio y las pequeñas y medianas empresas.

Una vez enviado el proyecto de ley al Congreso los funcionarios consultados aclararon que el eventual monto a decretar para la suba no fue resuelto todavía, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.

De ese modo, y en sentido contrario a una eventual paralización de las negociaciones salariales, el valor decretado quedará sujeto a mejoras sólo en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo, incluso en los que cronológicamente ya fueron clausurados por este año, publicó Ámbito.