El Ministerio de Salud de Entre Ríos resolvió adherir a la actualización 2019 del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), publicado el jueves 12 por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se trata de una guía destinada a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino vigente.

A través de la resolución N° 4.986, fechada el viernes 13, el Ministerio de Salud de Entre Ríos planteó que la norma aprobada a nivel nacional aprobó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva".

Así, ante la vigencia de la resolución de Salud de la Nación "resulta necesario la adhesión a esta nueva norma en tanto posibilita unificar en un solo texto las normativas legales y las recomendaciones científicas que se fueron produciendo en estos últimos años, y que es el objetivo de Salud de la Nación, mediante la actualización del Protocolo".

La disposición, firmada por la ministra Sonia Velázquez, tomó en cuenta las recomendaciones de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, (que) se ha pronunciado sobre la conveniencia de adherir" al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo".

El protocolo brinda lineamientos sobre cómo actuar ante un aborto legal, ya que desde hace cien años en Argentina la interrupción del embarazo está permitida por causales: violación o riesgo de salud o muerte de la mujer. En 2012, la Corte Suprema exhortó a todas las provincias a adherir al protocolo, que debe actualizarse cada tanto por el avance de los procedimientos para interrumpir embarazos.

A través de la Resolución 1/2019, el Ministerio de Salud de la Nación puso en vigencia el protocolo que regula el acceso a la interrupción legal del embarazo, que había sido derogado en las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri en medio de una controversia entre el Presidente y el entonces secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein.

El anuncio fue hecho por el ministro Ginés González García el jueves 12 y el viernes 13 se publicó la resolución en el Boletín Oficial. En la conferencia de prensa, el ministro aclaró que no es un texto idéntico al que había presentado Rubinstein semanas atrás ni tampoco al que estaba vigente desde 2015.

En la Argentina el aborto es legal "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre" o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", sostiene el Código Penal de la Nación desde 1921.

Como históricamente existieron interpretaciones diversas sobre la letra del Código, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2012, falló en el caso F.A.Ly estableció que el aborto puede hacerse en cualquier caso de violación, no sólo en los de violaciones a mujeres con discapacidad, y que no es necesario que exista una denuncia policial, sino que basta con una declaración jurada de la mujer.

También llamó a la Nación y a las provincias a implementar protocolos para que los médicos y las instituciones supiesen cómo debían actuar en cada caso. Algunas provincias implementaron protocolos, en varios casos con interpretaciones más restrictivas que las de la Corte Suprema, y otras aún no lo han hecho. A nivel nacional, el entonces Ministerio de Salud publicó un protocolo en 2015.

La publicación de la actualización del protocolo de aborto ya generó una primera rispidez con la Iglesia Católica, que ha hecho público su rechazo. Al respecto, monseñor Alberto Germán Bochatey, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, dijo que la publicación dela medida «implica la introducción del aborto libre en toda la Nación».

Fuente: Entre Ríos Ahora